No tiene nada de malo que haya ricos… Pero sí es conveniente distinguir entre las diferentes formas de adquirir riqueza…
Hay maneras evidentemente inaceptables, como cuando el origen depende de la indebida conducta de los individuos; o sea, el patrimonio nacido de actos delictivos. No se trata aquí de esos casos.
Pero el sistema capitalista define todo por el valor del mercado, con lo cual puede producir enriquecimiento de varias fuentes, y un análisis más a fondo permite ver categorías en que una fortuna por otras razones puede tener un origen indeseable e incluso nocivo para la economía de una colectividad.
Está, en la etapa de la producción, la conocida teoría marxista de la explotación del trabajador por el inversionista, al apropiarse de toda la plusvalía que en el proceso productivo se genera. Al respecto, el capitalismo se impuso como sistema sin alternativa real inmediata, pero que entre las leyes sociales y el mismo mercado del trabajo se busca crear las condiciones para contrarrestar ese efecto. Desde esta perspectiva, cuando el enriquecimiento proviene de la generación de valor, y aumenta el patrimonio colectivo, siempre puede ser bienvenido, independientemente de en manos de quién quede; sería el lado positivo del capitalismo.
Pero las fortunas que nacen de las distorsiones del mercado –más cuando esas condiciones son fruto de manipulaciones–, no solo no están generando riqueza para aumentar el patrimonio colectivo sino que son negativas en la medida en que lejos de optimizar el uso de los recursos comunes los desvían de las actividades productivas.
La respuesta a la demanda por algún servicio cumple una función y tiene un costo, luego en sí debe generar utilidades para quienes a ello se dedican. Pero otra cosa es el enriquecimiento en base a la explotación no del trabajo pero sí de las necesidades de los demás en la etapa de la circulación. Este también es moralmente objetable, pero las leyes del mercado lo validan; lejos de haberse controlado o disminuido, esta variante de enriquecimiento es bastante generalizada y son poco eficientes los mecanismos que buscan controlarla.
Lo que sucede es que el principio de la bondad del mercado como ordenador de la economía y de la sociedad se condiciona a la premisa de que en él hay infinitos partícipes y total información para todos.
Al no haberlos, en vez de cumplirse el propósito de estimular la generación de valor agregado, se propician esas formas de hacer fortuna (o de multiplicarla) a costa de la poca defensa del interés general.
Tal sucede cuando se cae en las ‘posiciones dominantes’. El caso Claro (el sistema de telefonía móvil) es uno como tantos otros, pero sirve como ilustración.
Teniendo cautivo 65% del mercado y la palanca financiera para superar a cualquier competidor, con seguridad ganaría en una licitación abierta en la cual se adjudique la banda 4G; el mayor precio que ofreciera lo recogería de los precios que traslada a los clientes y a los menores costos en la calidad de la inversión. Por ninguna parte se produciría generación de riqueza o valor agregado para el país o la población y solo se darían más utilidades para el operador y menos capacidad de defensa para los usuarios.
Tenemos el antecedente de lo que ha venido sucediendo con la integración de Comcel a Claro. Se produjo la convergencia de sinergias para rebajar costos con una misma infraestructura organizativa y técnica, como es lo deseable en cuanto a manejo de los recursos… pero también debe tenerse en cuenta a costa de quién y a quién beneficia: el deterioro del servicio de telefonía móvil por este operador es evidente, como lo es que quien lo sufre es el suscriptor.
El Estado debe pensar en el incentivo del negocio para el inversionista, pero esto no debe ser en detrimento del objetivo que solo puede ser el beneficio para el usuario.
Bajo tal premisa, una licitación abierta no debe girar alrededor de quién ofrece más para quedarse con la concesión, sino quién cumple mejor el propósito de los servicios públicos, es decir menor costo y más calidad para el ciudadano.
Más que el monto que se ofrece y los requisitos que se exigen (experiencia, tamaño de la empresa, etc.), la adjudicación puede hacerse en función de quién ofrece la tarifa más baja, lo más avanzado en cuanto a tecnología, y sobre todo, la total garantía de cumplimiento. El cómo es problema del oferente (en eso consiste la licitación) y al Estado solo le correspondería asegurarse de que esto sea así.