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Alberto Carrasquilla
Moralidad ex ante
Aunque todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que invertir mucho más en infraestructura, y aunque la plata está ahí, el hecho es que en Colombia no hemos podido hacerlo.
Dinero
6 de junio de 2012
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La carencia de infraestructura en Colombia es tan innegable como costosa. Innegable, porque consta –entre muchos otros– en los indicadores del Global Competitiveness Report, que cuantifica la capacidad competitiva de 142 países. En el último informe, Colombia obtiene resultados mediocres en su conjunto (lugar 68 entre 142), pero particularmente flojos en el área de infraestructura. Según el informe, ocupamos el lugar 108 en calidad de las vías, el 109 en calidad portuaria, para no ir más lejos, y el 85 en el indicador conjunto, muy cerca de India (lugar 89), país inmensamente más grande y complejo, dotado con la quinta parte de nuestro ingreso per cápita.
La carencia es costosa porque afecta el nivel de vida del que gozarán los colombianos del futuro. Sin olvidar que medir el efecto de los avances en infraestructura sobre el crecimiento es extremadamente difícil, vale la pena recordar que la gran mayoría de los trabajos que lo han intentado, usando toda clase de metodologías tendientes a enfrentar los desafíos inherentes a la aventura, encuentran una relación causal y positiva. En uno de estos trabajos se encuentra que si Colombia mejorara cuantitativa y cualitativamente al nivel de la mejor práctica mundial, su tasa de crecimiento potencial se elevaría 4,6% por año. Eso significaría unos US$8.000 de mayor ingreso en promedio para cada uno de los 62 millones de colombianos del año 2037, cifra que no haría sino aumentar de ahí en adelante.
Elevar el gasto en infraestructura en una cifra importante, digamos 10% del PIB, y así cerrar la brecha a la mitad en 5 años, significaría destinarle recursos por unos US$150.000 millones al proyecto. Usando, para ilustrar, los estimativos anteriores, es claro que solo en el año 2037 el proyecto genera US$240.000 millones y queda claro que se puede cubrir, ampliamente, el costo de la inversión, los intereses de mercado asociados a su financiación y los costos derivados de su operación y mantenimiento.
La paradoja es la siguiente: aunque todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que hacerlo, y aunque según datos y estimativos razonables la plata está ahí, el hecho es que en Colombia no hemos podido hacerlo.
Hay algunos datos que ofrecen luces que podrían ayudar a explicar la paradoja y a sugerir líneas concretas de política pública. Primero, según el mismo informe, el empresariado colombiano considera que la corrupción es el principal problema (18%) que frustra las posibilidades de progreso y es aún más relevante para ellos que las limitaciones en materia de infraestructura (12,1%).
Segundo, hay un área en la cual nos va aún peor que en infraestructura: la calidad de nuestras instituciones (ocupamos el lugar 100). En materia institucional se destacan, desde luego, los sobrecostos asociados al terrorismo, pero sobresalen también dos temas pertinentes para mi reflexión: la calidad en el uso de los recursos públicos (lugar 118) y el peso de la regulación estatal (lugar 100).
Vamos a la hipótesis. Si suponemos una situación inicial de mutua confianza, los términos acordados entre el Estado y el ejecutor y operador del proyecto es muy sencillo y su ejecución es pan comido. La hipótesis es que un acto de corrupción tiene efectos exponenciales sobre la complejidad de los términos contractuales posteriores, entre otras porque la moralidad ex ante es políticamente correcta y eso sube el peso de la regulación estatal. Para ilustrar, la idea es que si se roban el 1%, la complejidad contractual posterior se eleva 10%, si se roban 2% la complejidad se eleva 40%, y así.
La trampa consiste en que, a medida que se eleva la complejidad contractual, se eleva también la complejidad de los corruptos. No es difícil ver cómo un esquema de este tipo, que arranca en el estado inicial de confianza mutua y gran eficiencia ejecutora, rápidamente desemboca en parálisis absoluta, la sociedad gastando más plata en abogados que en ingenieros.
La solución, creo yo, consiste en volver al principio: suponer ex ante que todo el mundo es honorable, e invertir tiempo y recursos en meterle tecnología de punta y dientes penales muy afilados a la detección ex post. Si queremos prosperidad, creo que el modelo de moralidad ex ante que tipifica el régimen de contratación pública colombiana y su interpretación en los diversos estrados judiciales debería ser sometido a un debate a fondo.
La carencia es costosa porque afecta el nivel de vida del que gozarán los colombianos del futuro. Sin olvidar que medir el efecto de los avances en infraestructura sobre el crecimiento es extremadamente difícil, vale la pena recordar que la gran mayoría de los trabajos que lo han intentado, usando toda clase de metodologías tendientes a enfrentar los desafíos inherentes a la aventura, encuentran una relación causal y positiva. En uno de estos trabajos se encuentra que si Colombia mejorara cuantitativa y cualitativamente al nivel de la mejor práctica mundial, su tasa de crecimiento potencial se elevaría 4,6% por año. Eso significaría unos US$8.000 de mayor ingreso en promedio para cada uno de los 62 millones de colombianos del año 2037, cifra que no haría sino aumentar de ahí en adelante.
Elevar el gasto en infraestructura en una cifra importante, digamos 10% del PIB, y así cerrar la brecha a la mitad en 5 años, significaría destinarle recursos por unos US$150.000 millones al proyecto. Usando, para ilustrar, los estimativos anteriores, es claro que solo en el año 2037 el proyecto genera US$240.000 millones y queda claro que se puede cubrir, ampliamente, el costo de la inversión, los intereses de mercado asociados a su financiación y los costos derivados de su operación y mantenimiento.
La paradoja es la siguiente: aunque todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que hacerlo, y aunque según datos y estimativos razonables la plata está ahí, el hecho es que en Colombia no hemos podido hacerlo.
Hay algunos datos que ofrecen luces que podrían ayudar a explicar la paradoja y a sugerir líneas concretas de política pública. Primero, según el mismo informe, el empresariado colombiano considera que la corrupción es el principal problema (18%) que frustra las posibilidades de progreso y es aún más relevante para ellos que las limitaciones en materia de infraestructura (12,1%).
Segundo, hay un área en la cual nos va aún peor que en infraestructura: la calidad de nuestras instituciones (ocupamos el lugar 100). En materia institucional se destacan, desde luego, los sobrecostos asociados al terrorismo, pero sobresalen también dos temas pertinentes para mi reflexión: la calidad en el uso de los recursos públicos (lugar 118) y el peso de la regulación estatal (lugar 100).
Vamos a la hipótesis. Si suponemos una situación inicial de mutua confianza, los términos acordados entre el Estado y el ejecutor y operador del proyecto es muy sencillo y su ejecución es pan comido. La hipótesis es que un acto de corrupción tiene efectos exponenciales sobre la complejidad de los términos contractuales posteriores, entre otras porque la moralidad ex ante es políticamente correcta y eso sube el peso de la regulación estatal. Para ilustrar, la idea es que si se roban el 1%, la complejidad contractual posterior se eleva 10%, si se roban 2% la complejidad se eleva 40%, y así.
La trampa consiste en que, a medida que se eleva la complejidad contractual, se eleva también la complejidad de los corruptos. No es difícil ver cómo un esquema de este tipo, que arranca en el estado inicial de confianza mutua y gran eficiencia ejecutora, rápidamente desemboca en parálisis absoluta, la sociedad gastando más plata en abogados que en ingenieros.
La solución, creo yo, consiste en volver al principio: suponer ex ante que todo el mundo es honorable, e invertir tiempo y recursos en meterle tecnología de punta y dientes penales muy afilados a la detección ex post. Si queremos prosperidad, creo que el modelo de moralidad ex ante que tipifica el régimen de contratación pública colombiana y su interpretación en los diversos estrados judiciales debería ser sometido a un debate a fondo.
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