Malo conocido o bueno por conocer

Dice la sabiduría popular que ante el riesgo que implica lo desconocido es mejor aceptar los males de lo que se conoce.

No creo que sea del caso aplicarlo a ojo cerrado. Por ejemplo, ante la posibilidad de una eventual candidatura a la reelección de Santos.

Ante frases como “Asumiendo el liderazgo protege nuestra Constitución contra el peor de los abusos... Crea el derecho en base a su capacidad como líder y primer magistrado... El acto cumplido por nuestro líder es un acto de plena jurisdicción. No puede estar sometido a controles de la rama judicial. Representa la suprema defensa del Derecho” pensaría uno que podrían haber sido pronunciadas por quienes reivindican lo correcto de lo actuado por nuestro primer mandatario para justificar el atropello cometido contra nuestra institucionalidad.

Lo curioso es que fueron pronunciadas por Carl Schmitt –el jurista defensor de las actuaciones políticas de Hitler– refiriéndose al discurso en que este declara y justifica el inicio de su dictadura.

Entre nosotros se supondría que de quien podría expresarse así sería también, y con mayor razón, del antecesor y promotor del actual mandatario, pero como hoy tienen una relación como de perros y gatos ya pocos se fijan en lo que tienen en común.

Las diferencias de estilo son muy profundas, pero ambos tienen la misma visión respecto al Estado y al Gobierno. Ambos defienden y trabajan sobre los mismos modelos económico y político: el uno con maneras de mandamás de hacienda, el otro como en una mesa de juego de póker.

Pero los dos llevan al país por la misma senda.

La tesis acogida por el Congreso, según la cual expresamente se permite aplicar las reglas del trámite de las leyes a los Actos Legislativos, prescinde de la existencia de dos normas que claramente la contradicen: una del trámite mismo, la que, al señalar que será en dos periodos ordinarios consecutivos que se aprueba una Reforma Constitucional, excluye la posibilidad de instancias diferentes para decidir sobre actos reformatorios a la Carta –y por simple lógica y por las mismas razones, para archivar los ya aprobados–; y la de fondo, que se refiere a las capacidades de los funcionarios públicos, en este caso, el Presidente, porque si algo es aceptado como base de un Estado de Derecho es que mientras los particulares pueden hacer lo que no esté expresamente prohibido, los funcionarios solo pueden –y deben– hacer lo que las leyes explícitamente prescriben. Eso lo confirma nuestra Constitución, al señalar en forma explícita que en el caso de las autoridades la responsabilidad será también por omisión o extralimitación en sus actuaciones. La instancia y oportunidad que tiene el Presidente para objetar es parte de, y dentro de, el trámite ordinario de las leyes. Como la ley 5 no contempla expresamente la posibilidad del recurso extraordinario de llamar a sesiones extraordinarias para archivar leyes ya aprobadas, tal interpretación excede las facultades otorgadas al primer mandatario.

El camino ortodoxo existía, y sin ser tortuoso era igual de eficiente, siempre y cuando los argumentos utilizados fueran ciertos: un decreto de Conmoción Interior con mensaje de urgencia a la Corte Constitucional para que se pronunciara correspondería a la realidad de la situación, permitiría suspender la promulgación mientras tanto, y produciría la caída de los micos y los artículos inconstitucionales. Pero no es verdad que lo que hubo fue una ‘goleada’ de los miembros de la Comisión de Conciliación: excepto un par de adiciones de esta a última hora, todo había sido negociado entre todos los actores (Ejecutivo, Legislativo y Cortes), y concertado sin que a ninguna de las partes preocupara nada diferente a que en la Reforma saliera lo que a cada uno interesaba –con la consideración de que el interés del Gobierno era solo que se aprobara el Acto, cualquiera que fuera su contenido–. Por eso el camino escogido tuvo que ser tan irregular como el del mal original.

La solución encontrada tiene de todo menos de solución. Respecto a la necesidad y la urgencia de la reforma las condiciones solo pueden haber empeorado; ahora con la circunstancia adicional de que se partirá de mayor prevención y mayores dificultades para presentar cualquier proyecto. Y respecto a la situación creada, lo previsible es que sean infinidad las demandas al respecto y que quedemos en dos limbos, sin reforma y pendientes de en qué termina la contrarreforma.

Pero parece que no solo hemos perdido la noción de institucionalidad, sino el sentido de dónde estamos o para dónde vamos. Lo grave no es tanto el contenido de la reforma ni el camino utilizado para tumbarla, sino qué tanto los métodos como los actores muestran pocas probabilidades de enmienda.

La historia de leyes sacadas sin medir los resultados (o leídas ‘solo por encima’ como diría alguno) es repetitiva, puesto que algo similar sucede con la del ‘Marco para la Paz’ o la de Regalías (por nombrar solo las más importantes ya tramitadas), o lo está viviendo la esperada Reforma Tributaria. Mucho ‘globo de ensayo’ y mucho anuncio, pero ningún control sobre el proceso y ninguna responsabilidad por el resultado; negociación aquí y allá, solo para sacar una ley sin que importe el cómo o el contenido.

Aún más grave es que en el cómo se sacan las leyes y el manejo de ‘articulitos’ no es en lo único que se da continuidad al anterior gobierno.

El aumento del pie de fuerza y el lenguaje belicoso para mostrar una supuesta ‘seguridad democrática’ difiere muy poco de lo vivido los anteriores 8 años; la ‘confianza inversionista’, en el sentido de que la protección al capital estará por encima de las necesidades de la población, sigue siendo la guía de este gobierno, tanto o más que bajo el anterior; y también, dentro del mismo esquema y siguiendo el ejemplo de su antecesor, se busca proyectar con discursos y falsas estadísticas la imagen de estar atendiendo la ‘cohesión social’ a la cual ni siquiera como tercera prioridad se le da importancia.

Verdad es –o es por lo menos de esperar– que no es probable que entre los actuales funcionarios aparezcan tantos tan cuestionados como bajo el gobierno que lo antecedió; pero igualmente probable es que los resultados no sean muy diferentes, esta vez por lo opaco de los miembros del equipo de gobierno.

No nos pueden seguir vendiendo el cuento de ‘el país va mal pero la economía va bien’, como si fueran universos inconexos. Ni que los males siempre son culpa de los antecesores. Los problemas de infraestructura, de salud, de pensiones, de la educación, del desempleo, etc. son porque entre las prioridades del gobierno –de éste como del anterior– no está el atenderlos.

Muchas ‘genialidades’ jurídicas se han logrado inventar, y se ha llegado a tener el poder político para imponerlas. Pero es el mismo poder y está en las mismas manos de quienes hoy con tanta vehemencia cuestionamos.

Lo malo es que no parece haber nadie ‘por conocer’. Con el invento de la reelección los expresidentes copan el escenario. Excepto Belisario, que ha mantenido su condición de ‘mueble viejo’, todos los otros –Uribe por supuesto, pero también Pastrana, Samper y más activo que todos Gaviria a través de Simón– monopolizan el poder sin que aparezca la posibilidad de que nuevos dirigentes pueden florecer en un medio donde esa repartición del poder es la única que define los liderazgos.