Las cien mil viviendas de Santos

En Colombia se hace muy poca vivienda para los pobres. ¿Las razones? La tierra apta para construir esa clase de vivienda es escasa y costosa y es buen negocio acapararla, el cemento es muy caro, las reglas y las exigencias que deben cumplir los constructores son cada vez más complicadas, la burocracia es cada vez más lenta, muchos bancos no quieren financiar vivienda, los subsidios no llegan a sus destinatarios etc..

Por esto es una sorpresa que lo único que se debata a raíz de la propuesta de Santos de dar cien mil viviendas anuales a los pobres, es si el presidente quiere reelegirse o elegir a Vargas Lleras, y si es o no populista, o si está asustado con las encuestas, mientras se dice tan poco sobre los méritos y las debilidades de la propia propuesta. Para comenzar con lo segundo, a continuación va una lista con preguntas para el Gobierno, seguidas de respuestas (mías).

¿Cuánto le costarán al Gobierno las cien mil casas? Asumamos que cada una cueste 35 millones de pesos (aproximadamente lo que cuesta hoy una vivienda de interés prioritario –VIP–). Esto querría decir que el Gobierno central tendrá que gastar $3,5 billones anuales en este programa, menos lo que consiga con los entes territoriales en plata o en lotes.

¿Quién debería recibirlas? Se estima que 5% de las personas que integran los más de 10 millones de hogares que hay en Colombia viven en “hacinamiento crítico” (cuatro o más personas por habitación). Estos hogares sufren mucho por el hacinamiento y, además, tienen que destinar un porcentaje muy importante de sus ingresos a vivienda, de manera que parece obvio que esta política debería enfocarse en los hacinados.

¿Llegarán estas casas a quienes realmente las necesitan? No es fácil. Ocurre aquí y en muchos otros países que una buena parte de las ayudas llegan a quienes no las necesitan. Además, la presión por cumplir las metas cuantitativas que se impuso el Gobierno puede atentar contra el cuidado que se necesita para seleccionar a los beneficiarios.

¿Cuales son las opciones? Hay formas más baratas de ayudar a los pobres a pagar su vivienda. Por ejemplo, el Gobierno podría pagar el valor del arriendo a las familias pobres, tal como se hace en Estados Unidos. Esta fórmula permitiría atender las necesidades de muchos más hogares con la misma plata, pero no crearía empleo.

¿Cuáles son los objetivos del Gobierno? Se diría que al elegir dar casa propia a los beneficiarios del programa, el Gobierno quiere reducir la pobreza y al mismo tiempo crear empleos nuevos no calificados en el sector de los bienes no transables.?¿Cuáles son los riesgos de la estrategia? La corrupción, el clientelismo y el incumplimiento de los constructores, particularmente en los contratos que serán decididos por autoridades municipales y departamentales.

¿Cómo van a vivir los beneficiarios de esta iniciativa? Los grandes proyectos para personas de estrato uno pueden terminar en “gehtos” de pobreza, con alto desempleo y poco acceso a la justicia, donde prevalecería la ley del más fuerte. Hay que dar instrumentos a esas comunidades para que manejen los problemas de convivencia que pueden sufrir. Por ejemplo, debe permitirse que los nuevos barrios se dividan en conjuntos cerrados, con control de acceso, manuales de convivencia y reglas de gobierno –como las tienen hoy los edificios de propiedad horizontal–. Además, sus habitantes deben contar con buena llegada a los juzgados de pequeñas causas y con el apoyo de la policía. También deben hacerse proyectos especiales para personas mayores.

¿Qué pasa con el resto de la política de vivienda? En la agenda quedan tantos temas por resolver que es difícil elegir por cual comenzar, pero mencionaremos los siguientes para poner el balón a rodar: i) hay que introducir competencia al precio del cemento que representa más de 10% del costo total de las viviendas y está controlado por los grandes productores. ii) hay que sacar las tierras urbanas ociosas al mercado mediante impuestos que encarezcan la especulación inmobiliaria. iii) hay que forzar a los bancos que tienen cartera de consumo a reinvertir en la comunidad, colocando un porcentaje determinado de sus préstamos en cartera de vivienda, tal como se hizo en el pasado con buenos resultados, iv) hay que abrir el mercado de la financiación hipotecaria y ponerle competencia a la titularizadora para bajar más las tasas de financiación, y v) hay que romper los cuellos de botella causados por falta de servicios públicos, mediante alianzas entre el gobierno central, las alcaldías y el sector privado.

Parece que los únicos que hablan en estos debates son los que quieren reemplazar a Santos, o los que quieren que siga de presidente. Que se oiga también la voz de los que quieren que el país progrese.