Surge el tema con el ‘caso Colmenares’, pero en un sentido diferente al manejado por los medios de comunicación.
A ese proceso le han dado el despliegue que correspondería a uno con repercusión o efecto sobre la vida de los ciudadanos o como si afectara el interés público. Les ha dado para competir por rating y tener en suspenso al público, como lo hacen con las telenovelas o los realities; pero fuera de ser motivo de entretenimiento para quienes lo han seguido, discuten y especulan sobre cómo terminará o sobre quién entiende mejor la trama de este caso, la verdad es que no tenía relevancia alguna para convertirlo en dos años de seguimiento y de titulares en busca de atraer la preocupación nacional.
Paradójicamente, hoy por primera vez tiene razón de pasar a primer plano, pero sin que los medios le den el significado que lo justifica; aun siendo un caso que toca solo a particulares, ilustra lo que sí debe ser de interés público, a saber, el valor de los testimonios en la justicia (si así se puede llamar) colombiana.
La característica que esta tiene hoy es que lo que menos cumple son los principios de justa, pronta y debida. La atención al proceso y el contenido de los fallos están tan determinados por lo que maneja la prensa que raro (y arriesgado) es el juez que decide sin tenerla en cuenta. La presentación y seguimiento de los medios no solo incide en la importancia y el ritmo que le dé el juzgador sino en la práctica se convierte en un fallo adelantado y, según la orientación que le den, en una presunción que difícilmente la puede contrariar, no solo el indiciado sino el mismo fallador.
Ante la poca capacidad de producir pruebas técnicas por parte de nuestras autoridades (Dijin, CTI, expertos forenses), la cuasi única alternativa que se presenta a los jueces para definirse respecto a ese ‘fallo presunto’ son los testimonios. De esta manera, estos se convirtieron a veces en columna vertebral, a veces en ‘prueba reina’ de los procesos.
Eso es contrario a su naturaleza, puesto que normalmente es relativa su confiablidad y no fácilmente tiene carácter de ‘plena prueba’. Por eso debe ser críticamente evaluada, considerando entre otros el contexto y las condiciones del testigo antes de darle plena validez. No solo se dan los falsos testimonios deliberados, sino que los puede haber por error, o que inducen a diferentes posibles conclusiones y se malinterpretan. Pero, sobre todo, y aunque la ‘apreciación de la prueba’ es función y potestad del juez, esa facultad no debería llegar a poder fundamentar una decisión única o principalmente en tales apoyos.
Lo anterior se complementa con el incentivo que da nuestra ‘nueva justicia’ a las negociaciones, rebajas de penas, etc. a quienes colaboren en producir el fallo que se espera. Y se adiciona a las medidas preventivas y la posibilidad de adelantarse a la sentencia (y al juicio mismo) enviando a prisión al presunto delincuente.
El tema ‘falsos testigos’ salió en el caso Colmenares pero, sobre todo, aplica a varios –incluso pueden ser mayoría– de quienes hoy están pendientes de que se resuelva su situación en los estrados judiciales (en algunos procesos, como los términos acaban siendo discrecionales del mismo juez, la demora en el fallo se convierte en salida para no oponerse a lo que ya se le vendió a la ‘opinión pública’, pero tampoco pronunciarse desconociendo lo que en el juicio se debe concluir).
¿Cuánto pueden o deben pesar en un juicio como el de Samuel Moreno las declaraciones que en su contra den el señor Tapias, el señor Gómez y el señor Dávila, a quienes se les amenaza con triplicar la sentencia si no siguen el libreto que se les da; ¿qué prueba técnica respalda los testimonios que fueron base para la sentencia contra Santofimio; ¿por qué no aparece una prueba no testimonial que resuelva por un lado o por el otro la interinidad bajo la cual está la suerte de Bernardo Moreno; ¿cuál de las interpretaciones se debe tomar en las declaraciones del testigo contra Guillermo Gaviria? Y peor: ¿cuántos casos hay así? La fundación de Sigifredo López cuenta ya centenares de casos de esta naturaleza.
Es ya algo reconocido que hay ‘cacería de brujas’ y que los ‘comunicadores’ aplican la ‘presunción de culpabilidad’ que les da rating ante la opinión pública. También que es política de la Fiscalía el ‘disparar con escopeta’ con acusaciones diversas, de las cuales después desiste o las cambia. Los ‘principios de oportunidad’ se volvieron miles y las ‘negociaciones de penas’ ni se diga. Pero también se multiplican las preclusiones y las revisiones en los juicios. Vivimos de ‘sentencias extrajudiciales’ y de una especie de ‘falsos positivos judiciales’. Eso pasa cuando un sistema judicial gira alrededor de la acusación de los medios y la prueba de testigos.