Entre la imagen y la realidad

La realidad es que ese no es el mayor problema de la Justicia y la ‘corrupción’. El Ejecutivo manipula otra imagen que oculta la realidad tremenda de hasta dónde el país está ‘descuadernado’.

Es claro que los actos simbólicos tienen mucho valor y son importantes en la medida en que fijan orientaciones y prioridades. También crean expectativas que deberían convertirse en fundamento para el futuro.

Pero no por eso dejan de ser simbólicos; es decir, no convierten en realidades lo que con ellos se anuncia.

El caso más ilustrativo puede ser el de la Ley de Restitución de Tierras. El Senador Jorge Robledo sacó una especie de comunicado que se limita a resaltar la información difundida por el mismo Incoder. Ella deja plenamente establecido que el discurso, según el cual se han restituido centenares de miles de hectáreas (a veces hablan de 600.000, a veces de 800.000) a los campesinos desplazados, es desinformante. La realidad es que son 14.728 hectáreas a 562 familias las que corresponden a ese propósito y a ese trámite. Las otras son el reconocimiento o confirmación de derechos colectivos de resguardos indígenas o de afrodescendientes en procesos que simplemente están culminando; o adjudicaciones de baldíos en juicios ordinarios que vienen de tiempo atrás.

La imagen del Presidente repartiendo títulos en diferentes ‘Consejos para la Prosperidad’ muestran un buen propósito –puede que incluso exista detrás una verdadera intención o voluntad– pero no dejan de ser actos simbólicos. A mitad de camino del mandato y de un propósito asumido de devolver a 160.000 familias sus derechos y restituir 4 o 6 millones de hectáreas a los desplazados, el porcentaje de menos de 1.000 familias ya beneficiadas o de 15.000 hectáreas entregadas no llega a 0,4% del ‘programa’.

El Ministro explica que parece que solo hasta enero entró en vigencia la ley (?) pero eso no quita que la presentación hecha sea distorsionada.

Algo similar sucede con la inauguración de un tramo de la Autopista del Sol por parte del Ministro de Transporte. Hasta los comunicadores de Caracol (no propiamente críticos de los gobiernos) manifestaron su asombro ante el espectáculo de la inauguración de un tramo de 10 kilómetros de un proyecto de más de 600 kilómetros. Como gesto, pretende mostrar el compromiso con un futuro resultado pero tiene más peso como imagen que como realidad. 

Dicha carretera –supuestamente la más concreta, más adelantada y más importante de las obras del actual Ministerio– es la misma que lleva diez años de retraso (licitada inicialmente bajo Andrés Pastrana y revocada la concesión con no pocos escándalos), y en el momento tiene pendientes los permisos ambientales para iniciar algunos tramos (!) y el IFC ha puesto en duda la bondad de parte de los diseños. Como manifestación de una voluntad es válido, pero sería mejor si se acompañara de la información complementaria respecto al estado de avance –o más correctamente de retraso– de la obra, y de las dificultades y trámites pendientes.

El tema no se limita al nivel nacional, puesto que en alguna forma el campeonato lo puede tener el nuevo gobierno distrital. La manera como se presentan –y enfatizo solo en que se presentan– supuestas decisiones de Gobierno parecen más conversaciones de las que Poncho Rentería describe en las peluquerías. Un día se le ocurre hablar de toros, otro decide una posición sobre la ALO, al siguiente se propone reemplazar todas las lozas de Transmilenio o, antes, una fusión de empresas de servicios públicos, etc., todas con argumentos muy ‘vendedores’ como imagen pero sin sustento de razones y estudios que permitan no solo pensar en su conveniencia sino en su viabilidad.

Lo grave es cuando más que vender un símbolo de un compromiso, el verdadero propósito es tergiversar la realidad y confundir a la opinión pública.

En el caso del Distrito, la reducción en la tarifa del agua es cierta y es una buena noticia que claro que favorece la imagen de la Alcaldía. Pero la realidad es que simultáneamente se está compensando esa menor entrada para sus arcas con el reajuste del predial; con lo cual, como ambos cargos son a los inmuebles, el efecto neto se contrarresta.

A nivel nacional oímos repetidamente que se emiten normas y se apropian dineros para resolver problemas. Es el caso del sector salud, donde esto se acompaña de explicaciones según las cuales son las EPS las que no pagan al sistema hospitalario (por eso la intervención del Meissen, el más importante del sistema); o que es el Fosyga el que se demora en pagar a los privados; o que alguien estafa al sistema contributivo, o cualquier otra razón. Pero lo único cierto; o sea, la realidad de que el sistema no funciona, se pierde detrás de declaraciones que podrán mostrar muchas intenciones pero pocos resultados.

No es diferente el caso de la educación, donde una propuesta –seguramente bien intencionada y en todo caso promovida como respondiendo al clamor nacional– resultó rechazada y pasó a ser diferida a unas mesas con los estudiantes de las cuales no se sabe nada diferente de que en la realidad, hasta que no se expida la correspondiente nueva ley, no se pueden hacer las asignaciones que el Gobierno divulga como solución a ese problema.

Otros casos inquietan más. El Ministerio de Agricultura sostiene que el PIB del sector ha crecido y lo contrasta con los diez años anteriores. En la medida en que, tanto en tamaño como en participación, los resultados de esos años fueron lamentables, sí podría o tendría probabilidades de que eso sucediera (hay niveles de decadencia que obligan un rebote). Pero no se ve cómo: los precios del ganado son los mismos de hace 8 años; la cosecha de café disminuyó de un máximo de 16,8 millones de sacos a menos de 8 (lo cual sugeriría una realidad de caída del área cultivada que no se menciona); el arroz sufre una enfermedad que disminuye las producciones del orden de 25%; en palma africana, con un nuevo mal, las plantaciones tienen muertes del orden de 20%; a los floricultores les cayó la racha de la revaluación; todo esto, además de los estragos directos del invierno. La posible explicación de que se habla de valores y no de producción o de base productiva sería una vez más dar información que beneficia la imagen pero oculta la realidad (más, si no se explica que se incluyen subsidios como los de la caña o la palma para biocombustibles).

La misma locomotora minera solo nos dicen que crece y crece, pero no que se sacó una nueva reglamentación que se encuentra en stand by, con su aplicación diferida por falta de capacidad de los órganos de control (parece que pendientes de una licitación por centenares de miles de millones de pesos que se entregaría para que lo ejerza el sector privado).

El temor es que tenga tanto éxito la promoción de la imagen que nos quedemos sin corregir la realidad.