Desde la Crisis de 2007, originada en el sector hipotecario de los Estados Unidos y rápidamente transmitida a otros mercados financieros a escala internacional, la profesión económica ha estado sometida a diversos e interesantes cuestionamientos, tanto internos como externos. Por ejemplo, desde diversos rincones hubo enorme sorpresa asociada a la presunta incapacidad para predecir la ocurrencia del siniestro.
Las críticas subsiguientes enfatizaron el hecho de que la manera de entender el mundo propuesta por los economistas, de manera dominante, había producido un marco normativo excesivamente laxo con el ánimo de lucro, al amparo de una creencia presuntamente infundada en los mecanismos del mercado libre y su capacidad de corregir errores.
Dos tipos de marco conceptual, en concreto, fundamentaban la crítica: en primer lugar, la idea de que los mercados financieros son eficientes, con el precio de los activos reflejando adecuadamente toda la información relevante y, por ende, un mercado capaz de corregir ágilmente todas las innovaciones que fueran surgiendo. En segundo lugar, la idea de que los actores económicos, independientemente del mercado en que actuaran, se comportan de manera racional, tomando decisiones que involucran tanto la información disponible como las expectativas sobre la política pública del futuro, optimizaran su bienestar. El largo periodo de estabilidad que se inicia en los años ochenta y que duró casi tres décadas, fue
el telón de fondo para cierta complacencia con estas ideas.
Aunque sin duda estas críticas tienen su grado de validez, lo cierto es que no son del todo nuevas ni del todo convincentes. La validez, creo yo, se deriva del punto, cierto, de que en los modelos conceptuales más influyentes, siempre hubo importantes simplificaciones en lo atinente a las especificidades complejas que tienen los mercados financieros, en especial cuando son globales y ciertos
excesos en lo que se presumía conocido. La ausencia de un marco analítico alternativo, que exhiba claridad conceptual y consistencia con las cifras, limita, al menos por ahora, el impacto de las críticas, si bien la actividad actual es
extremadamente estimulante.
Contra el telón de fondo de una profesión tan cuestionada desde 2007, resultó muy interesante el resultado de un
ejercicio liderado por la radio nacional pública de los Estados Unidos (NPR, por su sigla en inglés). En el ejercicio, se reúne a seis economistas, con posturas muy diferentes en materia de visión sobre la manera como funciona la economía, y desde luego con posiciones muy distintas en materia política y se les encomienda elaborar una lista de políticas públicas que los seis estarían dispuestos a respaldar. Entre ellas, hay cinco de tipo tributario.
Proponen iniciativas que son polémicas e interesantes. Por ejemplo, la eliminación de la deducción tributaria que, en Colombia y muchos otros países, está establecido para el pago de intereses hipotecarios y que beneficia, de manera dominante y regresiva, a la clase media. También proponen eliminar todos los impuestos sobre la nómina, los cuales en Colombia son la contrapartida financiera, ni más ni menos, que del sistema de aseguramiento en salud, pensiones, riesgos profesionales, y el soporte del Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación, todas joyas de la corona para la opinión pública, y todos factores que encarecen la formalidad laboral respecto de la informalidad.
Las propuestas más interesantes, para el debate colombiano, me parece, son las referidas a los impuestos de renta. En primer lugar, proponen eliminar el impuesto al ingreso, porque grava la inversión, y reemplazarlo por un impuesto al consumo, que no lo hace. Segundo, proponen eliminar de tajo el impuesto a las ganancias empresariales, porque castiga la creación y expansión del emprendimiento, las cuales obviamente se grabarían en cabeza de los accionistas, cuando en lugar de reinvertirse, se consumen.