La confrontación entre desarrollo y medio ambiente no es nueva, y mucho se ha escrito, hablado, opinado y debatido al respecto. Sin embargo, el debate en el país se ha tornado cada vez más radical y, en mi opinión, va encaminándose hacia una sin salida que no va a generar conclusi
ón útil ni práctica que permita diseñar soluciones para lograr un desarrollo sostenible de largo plazo.
Tal vez lo que más sorprende sobre el debate es la pobreza del mismo. Es realmente aterrador ver cómo se toman decisiones que tienen enormes efectos económicos, sociales y de desarrollo sin ningún tipo de argumento salvo la demagogia y la moda política de turno. El caso más latente, reciente y patético es el de la suspensión de unos desarrollos hoteleros en el Parque Tayrona. Como lector desprevenido de la situación, lo único que uno ve en relación a ese tema es una cantidad de afirmaciones emotivas, sin explicación ni fundamento alguno, llenas de retórica barata y sin justificación. Presidentes, ministros, exministros, analistas, senadores, representantes, todos tienen opiniones sobre el tema del medio ambiente. Y pocas veces ve uno una de esas opiniones soportadas por algo que se parezca a un argumento sólido.
Yo no sé si se deban desarrollar hoteles en el Parque Tayrona. Lo que sí creo es que la política actual de medio ambiente y protección de parques naturales, particularmente en lo que hace a su cuidado y sostenimiento, parece no servir para nada. Puede que exista en el papel, pero no en la práctica. El Estado parece carecer de cualquier tipo de capacidad para monitorear y controlar los parques o la aplicación de políticas ambientales según las normas actuales, y la oposición al desarrollo de proyectos sostenibles desde el punto de vista ambiental en los parques es, a mi juicio, la mejor forma de lograr precisamente lo contrario a lo que se busca: la desprotección total de los mismos, y la explotación de esas tierras a manos de unos pocos en la ilegalidad.
Las causas de la pobreza del debate creo yo son varias. La principal, sin embargo, tiene que ver con la falta real de instituciones fuertes que generen directrices concretas y medibles sobre política ambiental. Comenzando por las Corporaciones Autónomas Regionales, las CAR, que se han convertido en fortines políticos tan monumentalmente fuertes que ningún gobierno, desde su creación, ha sido capaz de reformar estos monstruos, a pesar de que esta bandera se enarbola en todas las campañas. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, desde hace tiempo, ha dejado de ser la institución rectora de una política seria, documentada y argumentada sobre el modelo de desarrollo sostenible que el país necesita, y se ha convertido en un parlante para la protección superficial, mentirosa e irrelevante del medio ambiente. Mientras lo que se requiere son estudios serios y la creación de líneas de base sobre las cuales se pueda realmente medir objetivamente el impacto ambiental de una u otra actividad, el Ministerio ha estado plagado de retórica y demagogia durante muchos años ya. La falta de instrumentos técnicos y objetivos hace que la norma ambiental esté sujeta a plena interpretación de los funcionarios de turno, y no hay mejor fórmula para que nunca se apruebe nada, ni ambiente más propicio para incentivar la corrupción.
Ya en varios países del mundo se ha comprobado que el desarrollo y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano. Los avances tecnológicos, de procesos, de gestión empresarial y una sociedad civil vigorosa y defensora del ambiente y amigable con el desarrollo son fórmulas ya probadas y re probadas. Menos en Colombia.
Las corrientes de proteccionismo promulgadas por ambientalistas nacionales e internacionales tienen postrada a la política medioambiental en el país en un debate bizantino, falso y sin sentido. Hasta que no se genere una política realmente técnica y objetiva sobre el desarrollo sostenible, Colombia seguirá dando palazos de ciego en esta materia, lo cual tiene consecuencias, no solamente sobre la actividad económica, sino sobre aspectos tan importantes como la pobreza, la educación y la seguridad, entre muchos otros.
La sociedad colombiana tendría que dar un viraje radical a la forma como se está dando el debate entre desarrollo y medio ambiente. Tanto Estado como sociedad civil deben llenarse de argumentos para lograr generar una política medioambiental que realmente permita el desarrollo sostenible del país. De seguir por el camino que vamos, el nivel de la discusión lo único que va a lograr es que se impida el desarrollo y se acabe con el medio ambiente.