Un reciente estudio del profesor Stephen Morris de la Universidad de South Alabama, explica por qué los países más corruptos tienen una mayor desigualdad y un crecimiento más lento que sus pares en la región. Este análisis se hizo basado en el último informe de la entidad no gubernamental Transparencia Internacional sobre los países latinoamericanos.
El nivel de educación de sus ciudadanos, así como la transparencia del gobierno y la seguridad jurídica de las inversiones, han demostrado ser inversamente proporcionales a la corrupción de sus políticos. Otro de los factores que afecta negativamente es la alta burocracia en muchos de estos países, que implica pasar cualquier autorización por muchas manos antes de conseguir su aprobación.
Otra de las características de los países con alto nivel de corrupción es el bajo nivel cultural, de desarrollo humano y una alta intervención directa e indirecta del Estado en su economía. Todo esto se agrava cuando la libertad de prensa es limitada y la confianza en el poder judicial es baja.
La última década en América Latina ha sido, salvo excepciones puntuales, muy positiva para la región. Las reformas estructurales del sector financiero y los altos precios de las materias primas han llevado a que la crisis no les haya afectado y, más bien, se hayan beneficiado por la estabilidad económica y política que están teniendo. Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles sino aprovechar este momento de crecimiento económico para hacer los cambios profundos que los países necesitan para el futuro. Entre ellos, una lucha muy dura contra la corrupción y una limpieza de los sistemas jurídicos que eviten tanto la politización de las cortes, como el que puedan ser comprados sus veredictos. Lamentablemente, queda mucho por hacer en ambos sentidos.
De un total de 178 países analizados a nivel mundial, Venezuela está en el puesto 164 como uno de los más corruptos del mundo; sin embargo, cuatro países de la región están entre los 50 mejores puestos: Chile (21), Uruguay (24), Puerto Rico (33) y Costa Rica (41). Si se analizan estos cuatro países vemos que todos ellos tienen una estabilidad política y tradición democrática de muchos años, un nivel educacional medio/alto, y una alta confianza en sus sistemas jurídicos.
Colombia (78), Perú (79), Guatemala (91) y México (91) han empeorado ligeramente respecto al año anterior. Al tiempo que El Salvador (73), Panamá (73) y Bolivia (110) han mejorado ligeramente.
Argentina en el puesto 110, no ha tenido cambios en el último año, sin embargo, sigue entre los países con un nivel de corrupción muy alta, junto a una percepción de un sistema judicial poco confiable. Lamentablemente, la nacionalización/expropiación de la petrolera YPF de las manos de Repsol, está creando un precedente muy negativo que les afectará en el futuro.
Si queremos seguir atrayendo inversiones a la región, llegar a exportar productos con valor añadido, y no solamente materias primas, necesitamos generar confianza en los inversionistas internacionales. Para ello, debería ser sencillo el crear una empresa y ponerla a trabajar, tener acceso a contratos públicos sin tener que pagar un “peaje”, sino por la calidad de la oferta y competitividad de sus precios. Se debería incentivar una mejora de la conciencia social de los ciudadanos para que paguen impuestos, y que vea que sus gobernantes los gastan en inversión pública y servicios, no llenándose sus bolsillos. Y, por último, se debería aplicar el máximo peso de la ley a quienes se salten las reglas, tanto los corruptores, como los corrompidos. En el primer caso, hacer un listado de empresas a nivel internacional donde se vetaría cualquier compañía que haya corrompido a algún gobierno en el pasado, de tener acceso a contratos públicos en la región. Y, en el segundo caso, que vayan a la cárcel, y que devuelvan lo robado u obtenido mediante estos contratos entregados subjetivamente.