El Gobierno parece empeñado en mostrar cómo un mal manejo puede llevar un problema a volverse más grave que la crisis que lo inicia.
Es el caso de los cafeteros. Y no por el paro, sino por las condiciones que llevaron a él, su manejo, y las consecuencias que se derivan.
En el horizonte largo estaba de un lado que los altos precios de un semestre podían dar espera o diferir las iniciativas a tomar, pero no subsanaban el problema estructural de un modelo que había terminado su ciclo con el fin del pacto internacional de cuotas; con nuevos y pesados actores en el mercado (Vietnam, Indonesia); con la caída de la producción (disminución de órdenes de 12 o 15 millones de sacos a 8 millones), con el marchitamiento de los recursos del Fondo Nacional del Café (de US$1.200 millones a la quinta parte y la desaparición de siete millones de sacos de reservas), y con la tendencia revaluacionista más alta y prolongada de la historia. Al respecto no se sabe de ninguna acción, estudio o propuesta para modificar una estructura ya inapropiada para las nuevas condiciones sino hasta que el precio comenzó a caer.
Y de otro lado, que la ‘institucionalidad cafetera’ –o sea la estructura basada en la Federación– ya no respondía a la realidad del momento: a lo arriba descrito se adicionaba el cambio en la composición de la producción regional; por ejemplo, Antioquia había pasado de aportar 35% de la producción nacional a apenas la mitad, habiendo copado esa diferencia departamentos como Cauca y Nariño. La reestructuración no solo era necesaria sino era motivo de confrontaciones internas que no podían ser ignoradas.
Como lo que se espera de la cosecha se sabe desde la floración, desde agosto más de 20.000 cultivadores se tomaron Manizales para pedir atención del Gobierno. En función solo de la dimensión económica (donde la caficultura perdió peso ante otros sectores) y siguiendo la doctrina neoliberal de que todo lo ordena el mercado, el Gobierno delegó el problema del manejo en la ‘institucionalidad cafetera’, citando a un Congreso Extraordinario y usando a la Federación como negociadora para ofrecer respuestas. Como se vino a saber después, los mismos dirigentes de la Federación aceptaron la salida de un subsidio de $60.000 por carga a sabiendas de que no era solución, pero les importó más el apoyo gubernamental que suponían les permitiría evitar su desplazamiento por unas nuevas reglas y nuevos voceros.
Los afectados debieron acudir a vías de hecho para buscar alguna solución verdadera. Por increíble que parezca, el paro anunciado y organizado a lo largo de más de un mes, y con las dimensiones que presagiaba la movilización del agosto anterior, no motivó la más mínima atención del Gobierno; no se iniciaron contactos para la gravedad del caso y aparentemente se presumió que si nada se hacía nada pasaría.
Ante el paro, la estrategia asumida fue descalificar a los protestatarios –que aquí se deben ver más como víctimas–, y tratar el tema como el de una confrontación de fuerzas con la autoridad. La dimensión que esto tomó, obligó a buscar ‘negociar’ un acuerdo; el desfase respecto a la solución dada antes (el subsidio subió de 12% a 30%) es tan grande que, si es el apropiado, muestra o la desinformación que tenían sobre el problema o la falta de intención de solucionarlo; o que, como es más probable, se aceptó cualquier costo para acabar el paro sin que con esto se resolviera el problema verdadero.
Tuvieron pérdidas los cafeteros, se afectaron las poblaciones de las ciudades y se paralizó el transporte. Los camioneros, a su turno, antes ya habían planteado la posibilidad de una protesta por su propio lado; por los perjuicios que sufrían con el paro cafetero (pudrimiento de sus cargas, quema de algunos vehículos) estaban divididos sobre si unírseles o no: el Gobierno les resolvió esa duda decretando el alza en los combustibles. También tuvo de urgencia que buscar cualquier arreglo, llegando al punto de omitir la participación de los usuarios mismos, tanto que el Consejo Gremial acabó cuestionando formalmente lo pactado y pidiendo su revisión.
El tamaño del daño y las consecuencias se sabrán poco a poco. Está el precedente social de que se acuda a vías de hecho para que el Gobierno reaccione; y el económico de dar soluciones insostenibles con subsidios de coyuntura para problemas estructurales. Se repite el caso con el arroz que a las tierras planas es lo que el café a la ladera, (mueve más transporte y dependen de él más de 250 municipios). Y se sigue el sistema de usar intermediarios de los cuales no dependen las soluciones al pretender que sea el Comité Directivo de la Universidad Nacional quien negocie las pretensiones económicas que llevaron al paro y que dependen del presupuesto nacional.
En la misma línea de enfrentar las crisis agravando los problemas está lo de San Andrés y la Corte de la Haya al desconocer el fallo y negarse a solucionar directamente con Nicaragua la situación creada a los raizales (más cuando ella ha ofrecido mantenerles sus derechos tradicionales); o al seguir marginando a los pobladores mismos de las decisiones que los afectan, prefiriendo nombrarles de tutor a un ‘cachaco’ que aumenta el enervamiento que ya existe contra el centralismo.