| 7/1/2014 12:00:00 PM

Inclusión financiera y financiación

Mayor acceso al crédito con costos razonables, y desarrollar las habilidades financieras de los prestatarios son claves para lograr mayor inclusión financiera y ayudar a mitigar la pobreza.

Actualmente cursa en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Inclusión Financiera donde se crean las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Uno de sus objetivos es facilitar que más personas tengan acceso al sistema financiero formal con costos menores, especialmente los relacionados a las tarifas de transferencias y pagos electrónicos, cuota de manejo y comisiones por uso de cajeros electrónicos. Con la creación de estas sociedades el Gobierno busca disminuir algunas de las barreras de entrada al sistema financiero formal para las personas de menores ingresos y aumentar la cobertura a lo largo del territorio nacional.

En esencia, las nuevas sociedades que se establezcan serán un nuevo actor dentro del sistema financiero con capacidad para gestionar giros, depósitos y pagos que realicen personas naturales a través de sus canales. Es importante mencionar que los giros postales en Colombia son un negocio que mueve alrededor de $10 billones anuales y deja ganancias por comisiones de envío cercanas a los $200 mil millones, no obstante las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos no tendrán facultad para otorgar créditos de ninguna clase, o hacer inversiones en activos financieros con su propio capital o con los recursos que administren.

Además, estas nuevas sociedades deberán mantener todos los recursos que reciban en depósitos a la vista en cuentas de ahorros o corrientes administradas por los bancos tradicionales o llevarlos al Banco de la República, adicionalmente, estarán bajo el control y supervisión de la Superintendencia Financiera, los depósitos tendrán el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín y estarán exentos del 4x1000 por un monto menor o igual a $1,8 millones mensuales, de igual manera la apertura de la cuenta no requerirá de la presencia física del cuentahabiente. Sin duda, estas medidas favorecen a los usuarios y los protegen frente a riesgos de crédito en cabeza de las nuevas entidades y ponen un dique a la materialización de riesgos sistémicos asociados a su solidez financiera.

Otro objetivo fundamental del proyecto de ley es ayudar a que las personas de menores ingresos puedan acceder al crédito formal, aunque las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos no podrán otorgar créditos, sí podrán entregar la información sobre las transacciones y movimientos de sus clientes a los bancos u otras instituciones financieras autorizadas para hacerlo.

Aquí se da un paso en dirección a eliminar otra barrera de acceso al crédito formal asociada con la falta de información sobre los hábitos de pago, el historial de crédito y capacidad de pago, de acuerdo con el reporte de marzo pasado elaborado por el Banco de la República sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, una condición necesaria para aumentar el microcrédito en la economía es tener mejor información sobre la capacidad de pago de los prestatarios, mientras que los principales factores que impiden entregar un mayor monto o rechazar una solicitud son el sobrendeudamiento, la capacidad de pago y de nuevo, el historial de crédito. Llama la atención que el microcrédito al sector agropecuario es percibido como más riesgoso, menos rentable, y con mayores dificultades con respecto a la información de los clientes.

La creación de estas nuevas sociedades, aunque es un paso para llevar los servicios financieros formales a más personas, el proyecto de ley que las impulsa tiene el defecto de no promover directamente el acceso al crédito formal a costos razonables para abrir el canal de financiación a un mayor número de personas.

De aprobarse, la nueva ley se quedará corta en cuanto a inclusión financiera se refiere porque solo llega hasta sugerir que la información de pagos y ahorros se convierta en un historial de transacciones que sirva como base para que los bancos e instituciones especializadas en microfinanzas puedan prospectar nuevos clientes.

En ese sentido, dicha información solo tiene utilidad para quienes generan créditos y no establece la conexión de cómo los bancos o los mismos usuarios pueden acceder a la información para presentarla o usarla como historial de pagos y ahorro más allá del hecho de autorizar a los bancos y otras instituciones del sistema para participar como accionistas de esas nuevas sociedades. Se supone entonces que las entidades interesadas querrán comprar esta información, sin embargo no se sabe si en verdad estarán dispuestas a pagar por una información que hoy en día obtienen al visitar sus posibles clientes, solicitar referencias de vecinos y revisando las facturas de proveedores o evaluando cómo administran el efectivo los prestatarios. Entonces el futuro, aunque no inmediato, de las nuevas sociedades de depósitos y pagos electrónicos será tener autorización para poder otorgar créditos para lo cual tendrán que implementar sistemas de gestión del riesgo de crédito e involucrar mayor capital a su patrimonio.

La iniciativa es un peldaño más para lograr mayor inclusión financiera y llevar servicios financieros formales a más colombianos, pero no resuelve los retos de fondo, entre ellos lograr que el microcrédito tenga costos razonables. En la actualidad la tasa de usura autorizada para el microcrédito es del 51,18% efectivo anual aunque los bancos colocan estas operaciones a una tasa promedio del 38% efectivo anual, esto contrasta con el ROE – rentabilidad sobre el capital – que tienen las mayores empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia como Cemargos 2,8%; Éxito, 5,70%; Avianca, 21,60%; Nutresa, 5,10%; o Ecopetrol, 19,30%. La reflexión que queda es cómo pedirle a las microempresas y personas naturales que ejerciendo actividades lícitas tengan tasas de rentabilidad anuales superiores al 40%, cuando ni siquiera las mayores empresas del país llegan a la mitad de esta cifra aun teniendo acceso a los mercados financieros locales e internacionales.

Lo anterior explica, en parte, porqué solo uno de cada tres colombianos tiene acceso al crédito y porqué solo uno de cada cuatro mantiene su cuenta de ahorros activa en el sistema financiero formal. La inclusión financiera debe buscar que el acceso al sistema tenga costos competitivos, de lo contrario las soluciones de crédito o acceso conducirán a que las personas mantengan en un círculo donde renuevan constantemente la financiación impidiendo que puedan acumular capital.

dcdiazu@unal.edu.co
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