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La inclusión financiera tiene un efecto positivo sobre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico, dice la Fundación Telefónica.

Uso de servicios financieros móviles reduce pobreza en AL

Un estudio de la fundación Telefónica indica que el mayor acceso –un 10% más– ha reducido en 0,6 puntos los índices de desigualdad social y el incremento del crédito privado –también en un 10%– ha reducido a su vez un 3% el coeficiente de pobreza.

1 de julio de 2009

Los Servicios Financieros Móviles (SFM) han reducido la pobreza en América Latina según un estudio promovido por Fundación Telefónica, Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina, en el que se analiza el potencial de la telefonía móvil para extender el acceso a los servicios financieros en la región.

El libro, coordinado por Jaime García Alba, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y realizado por el equipo de Asesores Financieros Internacionales de Emilio Ontiveros, es el fruto de una investigación cuyo objetivo ha sido profundizar en las relaciones entre la telefonía móvil y el acceso a los servicios financieros en América Latina. El trabajo es el punto de partida de un debate entre autoridades, entidades financieras y operadores de telecomunicaciones destinado a facilitar la cooperación para extender los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) cuando se asocian a la llamada “bancarización”, es decir, el uso de las TIC para realizar operaciones financieras.

Según se desprende del libro, allí donde el sector financiero tradicional no llega a satisfacer las necesidades de la población de rentas bajas o geográficamente dispersa, la telefonía móvil ofrece la posibilidad de transformar con rapidez, eficacia y seguridad el modo en que las personas realizan transacciones financieras y su acceso a los bancos.

La inclusión financiera tiene un efecto positivo sobre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico. En particular, se estima que un incremento del 10% en el acceso a servicios financieros repercute en 0,6 puntos de reducción del coeficiente de desigualdad y un incremento del 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%.

El informe apunta también a que uno de los mayores retos a los que se enfrenta América Latina hoy es precisamente la inclusión financiera de su población, relegada en gran medida a la informalidad para la realización de pagos, la obtención de crédito o el depósito de sus ahorros. La telefonía móvil es una herramienta clave para la difusión y el crecimiento financiero de la región por su versatilidad, gran penetración y bajo costo allí donde el sector financiero tradicional no llega a satisfacer las necesidades de la población de rentas bajas o geográficamente dispersa.

Así mismo, los expertos aseguran que la telefonía móvil ofrece la posibilidad de transformar con rapidez, eficiencia y seguridad el modo en que las personas realizan transacciones financieras de una manera asequible y según su conveniencia. Esta transformación pasa necesariamente por la evolución hacia un nuevo entorno regulador y normativo que responda a las necesidades de esta nueva realidad y ofrezca garantías de estabilidad financiera tanto para las entidades de crédito como para las operadoras.

En América Latina los operadores de telecomunicaciones disponen de una base de clientes muy amplia, pero la prestación de servicios financieros y el conocimiento de la regulación asociada a ella recae sobre las entidades de crédito.

Conclusiones del estudio
Los autores del estudio instan a los operadores de telecomunicaciones a buscar colaboraciones con entidades financieras que, como mínimo, garanticen el cumplimiento regulador, y a éstas que estrechen sus relaciones con los primeros y con las autoridades reguladoras, para impulsar una reforma coordinada de los marcos normativos que favorezcan el mayor uso de los servicios financieros móviles. A todos se les recomienda un mayor conocimiento de las necesidades de sus futuros clientes con el fin de integrarlos mejor en el nuevo contexto tecnológico y comercial.

A las autoridades nacionales y supranacionales, se les pide visión y coordinación para desarrollar políticas públicas, regulación y tratamientos fiscales que incentiven el uso del teléfono móvil para “bancarizar” a la población no atendida financieramente.