| 4/10/2008 12:00:00 AM

Se enfrentan poderes en EE.UU por TLC

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que presentará hoy un proyecto que cambie las reglas que obligan a ambas cámaras a pronunciarse por el tratado en 90 días.

 

La decisión del presidente George W. Bush de forzar el debate legislativo del tratado de libre comercio con Colombia puso a Estados Unidos en medio de un fuerte enfrentamiento de poderes y al propio tratado en la incertidumbre, lo cual estaba obligando al mandatario a buscar negociaciones de último minuto.

El proyecto debe ser sometido a votación por el plenario de la cámara y requiere de mayoría simple para su aprobación. En caso de ser rechazado, el Partido Demócrata puede quedar seriamente afectado por su incapacidad de coordinar una votación crítica en un año de elecciones.

Pero, si es aprobado, el tratado colombiano será puesto en el congelador a la espera de mejores tiempos, y el ejecutivo se quedará sin recursos legales para insistir en él, cuando menos en lo que le queda de tiempo a Bush en el puesto, hasta enero próximo, cuando asumirá su sucesor.

El poder legislativo, controlado por los demócratas de oposición, atacó al poder ejecutivo no sólo a través de Pelosi sino también de Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, donde debería iniciarse el debate forzado, y de Stenny Hoyer, líder de la mayoría de la cámara baja.

Bush mostró a su vez su artillería más pesada en favor del acuerdo. Los secretarios del Tesoro, Henry M. Paulson; de Estado Condoleezza Rice; de Agricultura, Ed Schafer y Trabajo Elaine L. Chao, así como la representante comercial estadounidense, Susan Schwab, hablaron a reporteros en forma conjunta en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Bush envió el tratado el martes al amparo de la ley de promoción comercial o "fast track" bajo la cual fue negociado. Esa ley, que ya no está más en vigencia, señala que si el presidente trataba de forzar el debate de un acuerdo comercial, el Congreso debería pronunciarse en 90 días hábiles.

"El presidente ha tomado una acción el martes", dijo Pelosi. "Yo tomaré la mía hoy jueves".

Pero la reacción de Pelosi pareció tomar por sorpresa a todo el mundo, incluido Bush, quien había puesto sus esperanzas de que el tratado sea aprobado con el sencillo alegato de que es favorable para los intereses de Estados Unidos en Sudamérica.

Rangel dijo que si Bush "creía que era necesario enfrentar a Venezuela y Cuba, no ha estado procediendo de esa manera" en sus contactos con el Congreso y ha usado más bien el tratado colombiano como instrumento político.

Chao dijo que el gobierno de Bush estaba realizando esfuerzos de último minuto para llegar a un acuerdo con la legislatura y parar el proyecto de Pelosi.

Rice señaló a su vez que "desde la perspectiva de la política exterior estadounidense y los intereses de nuestra nación, quizás no exista un acuerdo de libre comercio más importante en la historia reciente", pero cuando se le preguntó si la decisión de Pelosi encontró al gobierno fuera de guardia, pasó la respuesta a Schwab.

Schwab recordó que el fast track, aprobado por primera vez en 1974, fue renovado en el 2004 para facilitar a Bush la negociación de tratados comerciales internacionales, y que las dos cámaras legislativas se comprometieron a aprobarlos con votación de "sí" o "no", sin posibilidad de enmienda de lo negociado.

Al adoptar la Cámara de Representantes un cambio unilateral de las reglas, para lo cual tiene competencia, "estará poniendo fin a décadas de una política comercial estadounidense que ha permitido negociar acuerdos con confianza en las reglas del juego, dijo Schwab.

Pelosi ha aclarado que el cambio de reglas sólo afectará al tratado con Colombia y no a los de Panamá y Corea del Sur, que también esperan su turno en el debate legislativo.

En Colombia, el presidente Alvaro Uribe aseguró durante una entrevista con la emisora FM, que la "derivación inmediata" del acuerdo comercial sería la confianza de la inversión extranjera en el país, que ayudaría a resolver problemas sociales para crear empleo y al mismo tiempo ayudaría en el acuerdo que se está negociando con la Unión Europea y Canadá.

Afirmó que respeta el proceso que se desarrolla en Estados Unidos y deseaba que hubiese un acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo.

Recordó que su gobierno ha luchado por bajar las estadísticas de asesinatos de sindicalistas. Muestra de ello es la captura de más de 130 personas responsables de crímenes contra sindicalistas.

Cuando Uribe asumió el poder por primera vez en 2002, las cifras de crímenes eran de 191, mientras que en 2007 llegaron a solo 39. Indicó que las autoridades siguen trabajando en reducir esos dígitos.

 

 

Reuters

 

 

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