“Queremos un país de propietarios”

Dinero.com. ¿En qué condiciones encontró el Ministerio?
Juan Lozano. Durante los cuatro años pasados se asumió el reto institucional de la fusión entre el Ministerio de Ambiente y los componentes de agua y vivienda, que venían del antiguo Ministerio de Desarrollo Económico. Esto generó un súper Ministerio, el cual tiene la responsabilidad de armonizar sus acciones dentro de una visión de desarrollo sostenible. El ajuste está culminado, la organización se ha manejada con transparencia, con grandes avances gerenciales y una claridad institucional frente a la aplicación de las inversiones del sector.

D. ¿Cómo se percibe el país desde esta cartera?
JL. Colombia tiene un enorme déficit habitacional y una necesidad apremiante de aumentar significativamente los recursos para la vivienda de interés social. Este es un país desigual en cobertura y calidad en servicios de agua potable y saneamiento básico. Existe una proporción de colombianos en zonas urbanas disfrutando de buen servicio y calidad, pero todavía hay carencias críticas en muchas regiones del país.
En materia medioambiental hay una sensibilidad creciente en el país frente al tema y hay un empeño, que es nuestro reto, en consolidar un salto de lo aspiracional a la ejecución de acciones concretas, para preservar los recursos naturales, para hacer vigente y eficaz la política ambiental. En el futuro inmediato, tenemos que ser capaces de reducir la brecha entre la aspiración de protección ambiental y los instrumentos de política pública ambiental.
En el recorrido por todas las regiones, veo un país optimista, con ánimo de salir adelante, con gente buena que trabaja, pero todavía un país con muchas necesidades, inequidad y con desigualdad. Eso se percibe claramente.

D. ¿Cuál es el reflejo de esta problemática?
JL. La ausencia de agua potable y saneamiento básico se traduce en mortalidad infantil, en altos grados epidemiológicos, con un impacto sobre la salud de los colombianos. Se traduce en la mala calidad de vida de los habitantes de muchas regiones, incluidas muchas ciudades capitales, que no tienen aún en 2006 servicio de agua 24 horas al día, se traduce en la imposibilidad de desarrollar industrial y comercialmente grandes zonas que tendrían posibilidad de generar empleo. Se traduce en la exclusión del ciclo de mejoría en la calidad de vida de barrios enteros.
En materia de vivienda, nosotros tenemos que avanzar hacia un país de propietarios, para que tengan una razón para luchar, para que tengan un vínculo eficaz con el sentido del trabajo, la educación y la familia. Eso se refleja en la posibilidad de tener un techo propio. Este ministerio tiene que trabajar por la recuperación de los valores del medio ambiente, en los valores urbanísticos y la equidad como patrimonio colectivo.
Esto se logra reconstruyendo la distribución del ingreso y la propiedad, pero se hace posible dando la oportunidad de acceso a los colombianos de menos recursos a los bienes y al espacio público, y esa es una de las tareas más importantes de este ministerio, todo el reordenamiento territorial.

D. ¿Qué hace el Ministerio para mejorar este complejo panorama?
JL. Lo que se busca desde acá, de alguna manera, es la equidad de todos los colombianos, con herramientas que son indispensables para la recuperación de la equidad perdida en la sociedad y con un mandato fundamental para apuntar hacia un desarrollo sostenible. Las herramientas de equidad asociadas con este ministerio son estratégicas.

D. ¿Cuáles son las acciones concretas que se ejecutarán durante estos cuatro años?
JL. Primero, trabajaremos en la fortaleza institucional del ministerio. También en la formulación de las políticas y en su capacidad de llevarlas al plan de desarrollo nacional y a los planes de desarrollo de presupuesto, para inspirar armónicamente respeto por las entidades territoriales. Se trabajará mediante una visión compartida con los departamentos y los municipios en todo el país, es decir, se identificarán los valores y políticas comunes en los distintos niveles territoriales, y se aportará desde el ministerio la capacidad técnica para acompañar ese desarrollo.
Se aumentará la participación de los recursos de la inversión en el sector, es decir, habrá un apalancamiento del ministerio y de las acciones sectoriales.
Además, se definirán los mecanismos adecuados de ejecución de los recursos, es decir, se formularán las políticas para conseguir más plata, para así diseñar y poner a funcionar las herramientas para que se apliquen esos recursos. Las variables fundamentales, sin duda, serán eficacia, concurrencia de las entidades y transparencia. Se trabajará muy duro la construcción de tejido ciudadano, en la participación ciudadana.

D. ¿Cómo se podrán ejecutar dichos proyectos?
JL. Ya existe un conocimiento conceptual acumulado que tiene el Ministerio, qué es necesario proteger y qué se debe multiplicar. Tenemos que buscar apoyo técnico especializado donde haga falta, mediante la cooperación internacional o nacional y asegurar que el Ministerio sea el lugar ideal de trabajo para quienes más saben de estos temas.

D. ¿Qué pasará con la vivienda?
JL. En materia de recursos, al año la inversión en vivienda estaba definida en $150.000 millones. En el primer cuatrienio del presidente Uribe se aplicaron todos, lo que permitió generar un impacto cercano a las 400.000 soluciones de vivienda, pero eso es insuficiente. Por ello estamos tramitando ante el Congreso un proyecto de Ley para pasar de $150.000 millones a $410.000 millones de inversión al año en vivienda de interés social. No permitiremos que los recursos de los subsidios se inviertan para vivienda en malas condiciones.

D. ¿Qué hay en materia de agua potable y saneamiento básico?
JL. La propuesta es que la totalidad de los recursos de las audiencias públicas del plan de desarrollo nacional, que valen cerca de $1 billón en el cuatrienio, se destinen a agua potable y saneamiento básico. Si a eso se le suman los recursos del sistema general de participaciones, que han crecido gracias a la reactivación de la economía, encontraremos mecanismos de concertación para garantizar aportes municipales y departamentales. Se podría llegar a los $8 billones en inversión pública en agua potable y saneamiento ambiental en los próximos cuatro años. Queremos equidad para quienes tienen menos recursos.

D. ¿Mediante qué mecanismos se ejecutarán estos planes?
JL. La idea es que todos los actores involucrados participen en una bolsa departamental e incluso se pignoren los recursos de regalías de los departamentos para asegurar esta bolsa en la ejecución de los proyectos, los cuales estarán manejados mediante una fiducia y contarán con la participación y la veeduría de los ciudadanos. Definitivamente queremos contratistas e interventores visibles.

D. ¿Por qué es tan importante la comunidad?
JL. Queremos que cada gran decisión que se tome en cada región sea consultada con los mismos ciudadanos, porque ellos son quienes verdaderamente conocen sus necesidades. Queremos evitar a toda costa las decisiones a puerta cerrada. Seremos estrictos y drásticos con los derechos de los usuarios, pues las empresas de servicios públicos se deben a ellos.
Tendrán que mantener abiertas sus oficinas de atención al cliente, sus líneas de comunicación con los ciudadanos. Deben acabar con prácticas como pague ahora y reclame después. Definitivamente se tiene que acabar con las filas interminables para recibir las quejas y debe existir una relación fraterna entre las empresas y los usuarios.
Vamos a estimular a los buenos constructores y apoyarlos. Castigaremos y meteremos presos a los urbanizadores piratas y a quienes especulan con los sueños de los más pobres.

D. ¿Cuál es la discusión que hay con el Ministro de Hacienda?
JL. Vengo construyendo un diálogo constructivo con el Ministro de Hacienda para que se modifique el proyecto de reforma tributaria en lo que tiene que ver con los instrumentos asociados a la vivienda. Creo que la reforma está bien inspirada y estructurada, pues la ha desarrollado un equipo con las mejores capacidades, pero en materia de vivienda tiene serias dificultades.

D. ¿Cuáles son esas dificultades?
JL. Es indispensable conservar los instrumentos asociados con la construcción de vivienda de interés social frente a los constructores que hoy tienen la posibilidad de recibir una devolución por los pagos de IVA en materiales para este tipo de vivienda. Si acabamos ese margen corremos el riesgo de ahuyentar a los constructores.
Está equivocado también al eliminar la posibilidad de que los más pobres reciban crédito al sustraer la posibilidad de un tratamiento tributario especial que hoy reciben los ingresos generados por la cartera hipotecaria para vivienda de interés social. Si a los beneficiarios de los subsidios de vivienda no se les permite acceder al crédito nunca tendrán un cierre financiero para acceder a sus casas.
Nada sacamos con tener mayores recursos para subsidio, si ellos no logran completar la cuota inicial y si esos instrumentos no existen, el sistema financiero se aleja de la vivienda de interés social.
Los asalariados de Colombia han tenido en la deducibilidad de los intereses que pagan por sus créditos de vivienda, la diferencia en muchos casos entre tener casa y no tenerla. Eliminar ese beneficio para los asalariados, es propinarle un golpe mortal a la posibilidad de tener vivienda para muchos de ellos en la forma como está previsto en el texto inicial.

D. ¿En qué más hay diferencias?
JL. Las AFC (cuentas de ahorro para el fomento de la construcción), y los beneficios de los fondos de pensiones voluntarios, sin duda han estimulado la construcción y han generado empleo en sectores de mano de obra no calificada. Además, se ha generado una catarata de ingresos derivados de la construcción de vivienda de altas especificaciones en las ciudades del país. Acabar de un inmediato las cuentas AFC y los beneficios asociados con los Fondos Voluntarios de Pensiones le hace daño a este proceso.
Es indispensable, en términos de vivienda, revisar que este proyecto no afecte el mecanismo de financiación del crédito hipotecario mediante la titularización.
En materia ambiental debemos preservar las reglas de juego y los estímulos para la inversión, con beneficios ambientales y todo lo contemplado en las recientes leyes forestales y de estímulos a los cultivos de tardío rendimiento que tienen un alto impacto en la reforestación y en la recuperación del medio ambiente.

D. ¿Qué seguirá en esta discusión?
JL. Hemos estado revisando estos temas y estamos buscado fórmulas para hacer unos ajustes. Sin embargo, todo esto ha estado enmarcado dentro de un diálogo formal, constructivo y democrático, con el ánimo que nos asiste a los dos de acertar en este proceso. Seguramente encontraremos soluciones más pronto de lo previsto.