| 6/25/2011 8:00:00 AM

Pérdidas por más de $40.000 millones dejan robos de infraestructura de servicios públicos

Las empresas de servicios producen anualmente cerca de 10.000 toneladas de chatarra, no obstante el país exporta 60.000 toneladas. Hay 4,5 millones de usuarios afectados por estos delitos.

Propuestas para frenar el hurto de cables de telecomunicaciones y elementos de empresas de servicios públicos, fueron planteadas durante el V Foro de Defensa de la Infraestructura realizado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, Ahciet, en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos y TIC, que terminó este viernes en Medellín.

 

Mauricio López González de Andesco, quien hace parte de la asociación, precisó que los atentados y hurtos contra la infraestructura, así como los fraudes a los servicios públicos y de telecomunicaciones han crecido considerablemente en los últimos años y la delincuencia ha visto en las empresas prestadoras su fuente de ingresos, afectando la calidad de los servicios de los usuarios.

 

Las pérdidas superaron los $40.000 millones en 2010 por concepto de robo y hurto de cable telefónico, transformadores de empresas de energía, medidores de agua y gas natural, tubos de acometidas de gas y tapas de alcantarillas, con valores por sector del orden de los $13.000 millones en compañías de telecomunicaciones, $20.000 millones en empresas de energía, $7.000 millones en acueducto, $1.500 millones en gas natural y más de $100 millones en empresas de aseo.

 

Estas acciones delincuenciales afectaron durante 2010 a 4,5 millones de usuarios en todo el país, impulsado el interés de las propias compañías prestadoras de los servicios públicos para establecer una alianza contra el fraude, de la cual hacen parte desde hace cuatro años 7 empresas de Bogotá, Une y Telefónica en todo el país. A través de esta iniciativa que se encarga de luchar frontalmente contra el flagelo del hurto de infraestructura, se han capacitado 1.500 fiscales, jueces y policías mostrándoles cuáles son las dinámicas y preocupaciones con el objetivo de que ayuden como institucionalidad a enfrentar este delito.

 

Las cifras son preocupantes, ya que según Javier Arango, subdirector de control de fraudes de UNE, solo esta compañía presentó entre 2010 y 2011 un incremento en el hurto de infraestructura con cerca de $4.000 millones y 85.000 clientes afectados. Precisó que el mercado del cobre es internacional, especialmente hacia los países asiáticos que demandan materiales ferrosos y no ferrosos, lo que ha llevando a los delincuentes a ver una amplia posibilidad de ingresos.

 

“Colombia no tiene minas de cobre, pero se está volviendo exportador de chatarra de cobre, las empresas de servicios producimos anualmente cerca de 10.000 toneladas de esta chatarra, no obstante el país exporta 60.000 toneladas, lo que necesariamente lleva a pensar muy seriamente en esta situación y por lo tanto a trabajar conjuntamente con las autoridades para enfrentar el robo de cables y otros elementos que además de ocasionar cuantiosas pérdidas a las compañías prestadoras, afectan considerablemente el servicio de los usuarios”, puntualizó el funcionario.

 

Por lo pronto las empresas vienen trabajando arduamente en la educación de los clientes para que denuncien cualquier irregularidad que conozcan al respecto, además de una importante labor con organismos de seguridad, pues hay una correlación entre el precio de exportación de cobre y el aumento en los robos.

 

Para Ahciet se hace necesario incentivar la creación de fiscales especializados en este tipo de delitos por la magnitud, no sólo de las pérdidas económicas, sino también de usuarios afectados, además de la cooperación de la ciudadanía con sus denuncias. El consenso es que se debe hacer un estricto control y seguimiento a esta cadena de comercialización para establecer responsables y disminuir el flagelo.

 

Además de exponer toda esta problemática ante las autoridades, las compañías de servicios públicos han comenzado a adelantar arreglos tecnológicos para hacer mejor rastreo de los materiales utilizados por parte de estas empresas con el objetivo de evitar que sean estos materiales los que sean objeto de comercialización ilegal.

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