La situación en el Putumayo es tremendamente delicada. Después de los desórdenes y saqueos que siguieron al derrumbe de las pirámides y el cierre de DMG, los protestantes mantienen a la capital del departamento paralizada. Tienen bloqueado el comercio y el transporte. Algunos empresarios son solidarios con la causa de los manifestantes y otros permanecen inmovilizados por temor a saqueos y represalias.
Hoy martes en horas de la tarde el gobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, se reúne en la Casa de Nariño con el presidente Álvaro Uribe para encontrar una solución a la situación del departamento.
El paro ha llevado mujeres protestantes a encadenarse y hacer huelga de hambre en la entrada de las oficinas de DMG. Manifiestan su enfado con la situación crítica en la que quedaron las familias del Putumayo y culpan de ello a las medidas del gobierno central en torno a las captadoras de dinero, en especial de la empresa DMG.
En este ambiente, los comerciantes aseguraron otro día más sus locales, y decidieron no abrir.
También hay dificultades en el transporte. Decenas de personas no han podido salir de la ciudad y algunos llevan varios días de espera.
Otros perjudicados por el paro son los funcionarios del gobierno, que trabajan en los despachos de la Gobernación. Los protestantes unidos al paro les pidieron a los funcionarios públicos - hasta ahora de forma pacifica a través de megáfonos -, que abandonen las instalaciones.
Entretanto, la gente putumayense marcha en las calles de las cabeceras municipales de todo el territorio, incluso algunos han viajado hasta Bogotá.
La reunión del martes en la tarde a la que asisten el gobernador del Putumayo, trece alcaldes del departamento y líderes de la comunidad, servirá para exponer las propuestas diseñadas colectivamente por el equipo de gobierno departamental, autoridades regionales, locales y comunidad en general, para resolver la crisis socioeconómica.
Entre algunas de las propuestas se encuentran la de conseguir flexibilidad de la banca respecto a los plazos a los créditos de las personas del Putumayo, también la declaración del Putumayo como territorio especial de emergencia económica y social. Solicitan así mismo, un Consejo Comunitario de Emergencia para afrontar la recesión que parece llegar inexorablemente.
Piden adicionalmente que el gobierno garantice alimentación básica, vivienda digna y la educación gratuita en cumplimiento del mandato constitucional. También sugieren destinar dineros de las empresas intervenidas a financiar la educación universitaria en el departamento, a generar un gran proyecto de vivienda en Mocoa, Puerto Asís, Orito y Villagarzón y a un programa de obras públicas para trabajar con la comunidad y de este modo generar empleo para garantizar la supervivencia de las familias afectadas.
El departamento del Putumayo, tiene una población de 250.000 personas, en su mayoría campesinos e indígenas.