La maldición de la Ruta del Sol

El país está apunto de revivir un escándalo similar al de Commsa o al del aeropuerto Eldorado, por cuenta de la construcción del primer tramo de la Ruta del Sol. El grupo que ganó la licitación, integrado por la constructora Solarte, Iecsa y Conconcreto (consorcio Helios), presentará en los próximos días un par de propuestas que buscan solucionar el inconveniente ambiental que tiene frenado este tramo, pero que incluye la construcción de un mayor número de túneles y viaductos.

Esta situación abre la puerta para que firmas perdedoras en la licitación evalúen una posible demanda, pues se tendrá que renegociar el valor inicial del contrato, de $2,5billones. El as bajo la manga del Gobierno, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), es convencer al Ministerio de Ambiente, mediante un recurso de reposición, para que otorgue el permiso ambiental con algunas compensaciones en la zona afectada.

Pero el tema es más delicado de lo que parece a primera vista. Si la ANI triunfa, la constructora acudirá a un tribunal de arbitramiento argumentando que no van a ejecutar un proyecto por un sitio donde se van a presentar reiterados derrumbes. “Si lo construimos, podríamos ir a la cárcel, como sucedió con Mario Huertas y el caso de la calle 80”, aseguró el asesor jurídico de la constructora Solarte.

Con cualquiera de las opciones, la obra seguiría paralizada al menos por un año, teniendo en cuenta el largo proceso que se surte en este tipo de tribunales y los estudios que se habrían de adelantar. El cuello de botella para el comercio exterior sería monumental, pues los otros frentes (tramos 2 y 3) avanzan a buen ritmo.

El otro escenario posible es que el Ministerio de Ambiente se ratifique en sus argumentos y no otorgue la licencia. En ese caso se tendrían que analizar las dos alternativas que presentará el consorcio Helios, pero que se salen de la franja de 500 metros que se estableció en los pliegos de licitación, situación que cambiará todos los planes financieros y cronogramas de la megaobra.“

El pliego es muy claro y enfático: con el trazado contratado se debe garantizar la seguridad de los usuarios y el mantenimiento económico de la vía. Cosas que no se van a dar, pues va a estar cerrada continuamente por los derrumbes”, explicó a Dinero Carlos Alberto Solarte, uno de los contratistas.

Lo cierto del caso es que, de acogerse un nuevo trazado, se tendrá que surtir un largo proceso de renegociación, similar al que se dio con el aeropuerto Eldorado, donde inicialmente se preveía un reforzamiento del edificio central y luego de firmado el contrato se suscribió un cambio (otrosí) para demolerlo. Eso tardó cinco años.

“Es exactamente igual a lo que sucedió con Eldorado. Aquí hubo fallas en la estructuración de los dos proyectos, pero nadie quiere reconocerlo”, dijo Solarte.

La cuestión es de tiempo. Según la constructora, la propuesta que entregarán está en fase 1 de diseños, es decir, muy preliminar, para llevarlo a diseños de detalle tardarán al menos ocho meses, sin contar el tiempo que demore la ANI en evaluar las propuestas. Luego habría que solicitar la licencia ambiental, un estudio que en el mejor de los casos tarda seis meses.

A eso hay que sumar el año que llevan paralizadas las obras en este tramo de 21 kilómetros. La culpa de todo esto parece compartida. La IFC, brazo financiero del Banco Mundial, fue encargada por el gobierno anterior para realizar los estudios y trazados.

Según los Solarte, este organismo no tuvo en cuenta una reserva forestal de la zona, así como fuentes de agua que se verían afectadas y que surten a 16.000 personas del casco urbano de Guaduas. Adicionalmente, habría especies de árboles en vía de extinción en la zona, un hecho que ni siquiera ha sido tratado con las autoridades de la región.

“Que nos definan por dónde va a ir el trazado. Hemos buscado a los contratistas, pero nonos han querido atender, además tenemos frenado el POT del municipio y hay temores de que las excavaciones de los túneles afecten las fuentes del acueducto”, explicó a Dinero la alcaldesa de Guaduas, Doris Acero.

La región es una de las más complejas del país en materia geológica, pues el subsuelo está en continuo movimiento, lo que sumado a una ola invernal como la pasada, deriva en el caldo de cultivo perfecto para derrumbes masivos.

“Hay tal dificultad geológica y geotécnica que cuando se haga la vía va a estar cerrada mucho tiempo. No es eficiente ni viable”, advirtió el contratista. El área de fallas geológicas trasciende el proyecto y abarca 4.000 km2, un chicharrón para cualquier ingeniero.

Los Solarte también tienen fama de ganar grandes contratos con propuestas bajas y al otro día tratar por todos los medios de renegociar las licitaciones. “Los Solarte han hecho todo lo posible para que no les den la licencia ambiental, se cree que porque no tienen el músculo financiero. Ellos fueron a la Procuraduría y se generó un control de advertencia. Si se niega la licencia, demandan el país”, explicó una fuente del Gobierno.

Al respecto, Richard Cabello, representante de la IFC, explicó que los oferentes fueron informados sobre la reserva y los problemas geológicos y que el contrato prevé que la firma constructora asuma esos riesgos.

La Ruta del Sol, tramo 1, está cada día más embolatada. Abogados expertos en infraestructura explicaron que en caso de que se desate una guerra judicial entre los Solarte y el Gobierno, es muy probable que las excusas de la constructora sean consideradas como de ‘fuerza mayor’.

Eso sin contar que una renegociación del contrato vigente podría acarrear investigaciones por detrimento patrimonial por parte de los organismos de control además de posibles demandas de los perdedores de la licitación. El fantasma de Commsa se convirtió en demonio.