| 7/8/2011 8:00:00 AM

La batalla del carbón

Drummond y Glencore siguen enfrentadas por la construcción de un puerto en Ciénaga. El Gobierno ya les dio un ultimátum, pues la demora podría amenazar las exportaciones de carbón.

El gobierno nacional tendrá que meter la mano para solucionar una dura confrontación jurídica entre dos de las más grandes carboneras del país: Drummond y Glencore.

Se trata de la pelea por el canal de acceso para los puertos carboníferos en Ciénaga (Magdalena) en la costa norte de Colombia. Este conflicto completa varios años, pues empezó cuando la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez abrió una convocatoria para la construcción de un megapuerto carbonero, con el fin de resolver el problema ambiental que se originó en la turística bahía de Santa Marta.

Prodeco, filial de la gigante suiza Glencore, tuvo que ponerse al frente del proyecto denominado Puerto Nuevo, pues la decisión del anterior gobierno fue sacar la actividad portuaria asociada al carbón de la zona turística de Santa Marta, desde donde Prodeco realizaba sus embarques.

El año pasado, la firma logró la 'bendición' del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) para iniciar las obras de almacenaje del mineral y el permiso de operación portuaria. Hasta ahí todo bien. El lío comenzó cuando la Drummond, cuyo puerto era vecino del nuevo proyecto de Glencore, alegó que por controlar la concesión desde 1992 tenía derechos de exclusividad para el canal de acceso al puerto; desde entonces no ha sido posible llegar a un acuerdo. Ese canal de acceso debe tener capacidad para recibir barcos de gran calado. Eso implica 8,5 kilómetros de largo, 20,5 metros de profundidad y 260 metros de ancho. Es una obra de ingeniería complicada y costosa.

"Es un problema de egos entre dos multinacionales que además son socias aquí y en otros países. La posición del Gobierno es que no permitiremos que se hagan dos canales paralelos y los hemos invitado (a Drummond y a Prodeco) para que se pongan de acuerdo o en últimas pensaremos en hacer ese canal nosotros y les cobraremos por el uso; estamos estudiando esa posibilidad", dijo a Dinero una alta fuente del Ejecutivo.

En la zona no se deben construir dos canales de acceso por razones obvias: primero, por eficiencia, tanto el puerto de Drummond como el de Prodeco están uno al lado del otro, así que coordinar el proyecto entre las dos compañías hace que se ahorren muchos recursos, así en la etapa de construcción como en la de operación. Segundo, el impacto ambiental es enorme si se desarrollan en la zona dos obras de esa magnitud.

Además, el Gobierno está preocupado porque la demora en resolver el tema pone en riesgo el futuro de las exportaciones del mineral por esta zona. No hay que olvidar que a partir del primero de enero de 2012 todas las exportaciones del mineral deben hacerse por cargue directo, un mecanismo que opera con bandas transportadoras selladas y evita que el viento disperse el polvo de este mineral, afectando a hoteles, viviendas y fauna en la zona. El Plan de Desarrollo estableció igualmente que para el caso de Drummond y Prodeco, el límite máximo será 2014. Así que el tiempo está corriendo.

Cerca de la mitad de la producción de carbón del país está involucrada en este conflicto de alto turmequé. La compañía Vale (que también tiene su puerto en esta zona) exporta cerca de 1,2 millones de toneladas al año con planes de ampliar la producción a 3,5 millones de toneladas en el futuro inmediato. Drummond saca cerca de 20 millones de toneladas, mientras Prodeco unos 15 millones de toneladas, estas dos últimas compañías tienen ambiciosos planes para aumentar la producción en el corto plazo y así sacarle jugo a los precios internacionales del mineral y a nuevos mercados, como el asiático.

El asunto es fundamental para la economía y el medio ambiente de la región. "La pesca en la zona está diezmada como consecuencia de los puertos carboneros. También hay que reconocer que cuando se inicie la construcción del canal de acceso la fauna marina se verá afectada en una zona de agolpamiento de peces por la desembocadura de los ríos Córdoba y Toribío", advirtió el alcalde de Ciénaga, Luis Majín Gastelbondo.

Este asunto está siendo evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente y será un argumento de peso a la hora de definir la licencia ambiental para el canal de acceso.

En la lista de afectados por el nuevo vecindario está la industria hotelera, gran dinamizador del empleo y turismo de la región. El director de Cotelco Magdalena, Omar García, dijo que persiste la preocupación de los hoteles de lujo donde se realiza el cargue del mineral, básicamente por la demora del proyecto.

"Es una situación delicada por cuanto hasta el año 2014 entra en vigencia la normatividad que evita que buena parte del polvo de carbón llegue a los hoteles", dijo.

Para completar la polémica, el alcalde de Ciénaga también se queja de que las tres multinacionales presentes en la zona (Vale, Drummond y Glencore) contratan muy poco personal o suministros en la zona: "no nos compran ni las verduras", aseguró el mandatario local.

La preocupación es creciente porque con el paso del tiempo las posiciones de las compañías se han distanciado. Y prueba de ello es que no pueden llegar a un acuerdo. El escenario menos favorable es que al Gobierno le toque asumir la construcción de esa obra, fundamental para la locomotora minera y la economía en general.

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