| 9/30/2005 12:00:00 AM

Innovación significa desarrollo

Santiago Pinzón, del Instituto Internacional de Propiedad Intelectual, explica las deficiencias del Gobierno a la hora de impulsar la innovación.

En Colombia encontramos una dispersión institucional en las entidades encargadas de administrar los derechos de propiedad intelectual y un confuso "abanico" de políticas públicas en esta materia que impiden flexibilidad y efectividad del sistema de propiedad intelectual e innovación (SPI). EL SPI es un factor determinante para incentivar la creatividad y capacidad de invención de los ciudadanos y compañías, como también para impulsar la transferencia de tecnología, atraer la inversión extranjera y fomentar el desarrollo económico de un país. Todo SPI tiene procesos, recursos, propósitos, incentivos, actores y organizaciones (públicas y privadas) interactuando permanentemente. Desafortunadamente, el SPI colombiano no tiene una estructura administrativa coherente como tampoco una visión clara, lo cual obstaculiza la innovación. Y la innovación es el corazón del desarrollo.



En Colombia, las entidades encargadas de propiedad intelectual y de liderar las actividades de ciencia y tecnología son las siguientes: Superintendencia Industria y Comercio (SIC), el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto Colombiano agropecuario (ICA), la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias). Las anteriores están adscritas a cuatro diferentes ministerios y a un departamento administrativo con diferentes presupuestos, nivel técnico y poder político.



No se necesita mucha explicación para entender que por la naturaleza misma de la burocracia, cada entidad compite por recursos y apoyo político, preocupadas más por sobrevivir que por colaborar entre ellas, lo cual afecta a largo plazo al SPI. Tampoco se necesita demasiado análisis para comprender que muchas de las iniciativas y acciones de cada entidad se constituyen en esfuerzos aislados sin objetivo común, los cuales reflejan la poca inversión en investigación y desarrollo en Colombia. De acuerdo al reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), durante el periodo de 1996-2002, el país destino el 0.2% del PBI en este aspecto, mientras que el promedio en Latinoamérica fue del 0.5% y del 2.6% en los países desarrollados.



Si bien ya es difícil formular una política pública en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, pues existen toda clase de intereses nacionales e internacionales, es aún mas complejo hacerla y desde luego implementarla si existe una atomización de entidades administrando un "pedazo" del tema, sin ninguna estructura institucional que coordine, integre y asegure eficiencia en los diferentes esfuerzos.



La Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE) junto con el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) del Departamento Nacional de Planeación propuso hace tres años integrar las instituciones encargadas del tema de propiedad intelectual.



Se buscaba crear un Instituto Nacional de Propiedad Intelectual como entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de la administración de todos los derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente, se planteó la creación de un Consejo Superior para la Política de Propiedad Intelectual y de una Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, con lo cual se pretendía una mayor coordinación, coherencia y rendición de cuentas para formular e implementar una política publica en esta materia. Desafortunadamente, la típica reacción de la burocracia en la que se argumentan discrepancias "técnicas", el miedo al cambio, la protección del "territorio" organizacional y presupuestal y la falta de voluntad política impidió que la propuesta se hiciera realidad.



El TLC Andino y la rapidez del mundo de los negocios demandaran un gran esfuerzo técnico, administrativo, político, legal y económico del SPI colombiano. Una efectiva administración de los derechos de propiedad intelectual y la protección de estos influye en la decisión de inversión, investigación y desarrollo de un producto o servicio por parte de una firma nacional o internacional. La prosperidad de nuestra nación dependerá en buena parte a la manera en que la sociedad colombiana utilice la creatividad y capacidad de invención de sus ciudadanos. Ojala se retome la discusión de la propuesta del PRAP, pues es evidente la necesidad de unificar criterios y elevar la discusión sobre esta materia en la agenda legislativa y del gobierno nacional. El país está a tiempo para hacer los correctivos institucionales necesarios de manera que el SPI colombiano se modernice y ofrezca los mecanismos que fomenten la innovación.
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