| 8/14/2009 12:00:00 AM

Guerra contra lavado de activos pide Asobancaria

Campañas políticas deben ser diligentes en el cumplimiento de las normas sobre el origen de sus recursos y el manejo de sus inversiones. La tarea la deben cumplir todos los sectos, asegura la entidad.

En el congreso sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que realiza la Asobancaria, en Cartagena, los banqueros hicieron un llamado para que, en esta época preelectoral, se cumplan estrictamente las disposiciones especiales establecidos en la ley para que las campañas políticas controlen el origen de sus recursos y de destino de las inversiones que realizan, en aras de prevenir dichos delitos.

María Mercedes Cuéllar L, presidente del gremio, explicó que es importante analizar detalladamente los retos que en materia del control en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo impone el próximo proceso electoral, el cual abarca desde las consultas internas de los partidos políticos, hasta la elección de Presidente y Congreso de la República.

También solicitó que en la agenda de autoridades, entes de control, Congreso de la República y demás sectores involucrados en la lucha permanente contra el lavado de activos, se contemple la estandarización de las listas de personas públicamente expuestas (PEP). En este sentido subrayó la importancia de que “exista un entendimiento común respecto de quién debe hacer parte de ellas, por cuánto tiempo deben permanecer allí y quiénes responden por su actualización”. ( Las Pep son aquellas personas que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos, tales como aquellas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder político o gozan de reconocimiento público)

Al insistir en que la guerra contra el lavado de activos no es una tarea exclusiva del sector financiero, dado que involucra a otros sectores, la dirigente gremial pidió que se debata de manera abierta y transparente el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca tipificar el contrabando como delito fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Se refirió también al régimen de las casas de cambio, autorizadas por la reciente reforma financiera para que realicen pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en pesos y para que actúen como corresponsales no bancarios, así como a los profesionales de compra y venta de divisas, a quienes también se les permite operar como “corresponsales cambiarios” para la realización de las operaciones de cambio, excepción hecha del envío o recepción de giros en moneda extranjera.

En este frente solicitó que la reglamentación establezca estándares para la identificación de los eventos de lavado, y medidas se control, dado que el número de profesionales registrados ante las cámaras de comercio y la DIAN no supera unos cientos, mientras los cambistas informales se cuentan por miles. Además, es necesario reforzar la vigilancia estatal y el control policial de esta actividad, con el fin de impedir que los grupos al margen de la ley inunden el mercado de divisas.

Cuéllar López insistió en que, de acuerdo con las recomendaciones del Gafi ( Grupo de Acción Financiera Internacional), es necesario continuar trabajando en torno a la debida diligencia en el conocimiento de entidades tales como las organizaciones sin fines de lucro y profundizar en otras como las constructoras, comerciantes de metales y piedras preciosas, y demás actividades profesionales susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Solicitó que se incluya dentro de las entidades obligadas a reportar y prevenir estos riesgos a las empresas de transporte y mensajería. Se ha identificado, dijo, que este tipo de actividades son también vulnerables a ser utilizadas para movilizar dineros provenientes de la extorsión con miras a ser transferidos a organizaciones terroristas.

Confidencialidad de la información
Señaló que el sector financiero ve con preocupación que la confidencialidad de la información que están reportando se afecte en los procesos e investigaciones judiciales, poniendo en riesgo la seguridad de este esquema y de los mismos funcionarios de las entidades financieras. “Es necesario defender por parte de las autoridades judiciales, de investigación y de supervisión la integridad jurídica y confidencial de este esquema de reporte para continuar consolidándolo”, subrayó.

Es imperativo fortalecer las instituciones que hacen posible el control y la prevención, y contar con reglas de juego claras que garanticen su adecuado cumplimiento. Dicha institucionalidad no debe ser objeto de debates coyunturales, ni de intereses políticos o particulares, indicó.

Captación ilegal
Pidió que se revise el esquema de control de la captación ilegal vinculada al lavado de activos para fortalecer la coordinación interinstitucional y la generación de alertas tempranas que permitan prevenir la extensión de los efectos de forma eficiente. E insistió en la conveniencia de impartir educación a los usuarios del sistema financiero, no solo desde la perspectiva de la seguridad y de la amplia gama de servicios que éste les ofrece, sino también de los caminos que deben evitar en busca de ganancias extraordinarias.

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