El director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, explicó que el proyecto de concesiones público privados  busca reducir los anticipos y limitar las adiciones hasta un máximo del 20%. 

Con esto, se busca atraer inversionistas de capital de largo plazo como fondos de pensiones e inversionistas institucionales que sirvan como desarrolladores de proyectos.

Así mismo, Gómez señaló que se quieren generar obras donde el Estado no aporta el dinero ni para la estructuración, ni para la construcción.

De acuerdo con el Gobierno, los aportes de recursos públicos se harán cuando el Estado verifique la disponibilidad de la infraestructura y los niveles de servicio acordados con el contratista, es decir, cuando la obra se entregue para operación.

La intención es que los riesgos los asuman los inversionistas que participen o propongan los proyectos y no sea el Estado quien asuma los costos de eventuales incumplimientos.

En el proyecto también se establece un marco normativo para incentivar la presentación de proyectos por parte del sector privado que para su financiación no requieran recursos públicos.

Según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, este mecanismo ya opera en Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras y Panamá, que en los últimos tres años expidieron o reformaron el marco legal para participación privada.

Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda presentaron el proyecto de asociaciones público-privadas con mensaje de urgencia en el Senado de la República.