| 5/24/2011 9:40:00 AM

Gobierno emite decreto para enfrentar mercado ilegal de celulares

El decreto 1630 de 2011 establece que la venta de terminales móviles nuevos y usados en el país, sólo la podrán adelantar las personas autorizadas entre ellas los proveedores de redes y servicios o cualquier persona que los proveedores de redes y servicios autoricen y las que el Ministerio TIC igualmente autorice.

El decreto 1630 de 2011 “por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles” expedido por la Presidencia de la República, tiene como objeto establecer un marco regulatorio para restringir la utilización de celulares robados y extraviados y generar obligaciones a los proveedores de redes y servicios y a los usuarios.

El decreto 1630 de 2011 establece que la venta de terminales móviles nuevos y usados en el país solo la podrán adelantar las personas autorizadas entre ellas los proveedores de redes y servicios; cualquier persona que los proveedores de redes y servicios autoricen y las que el Ministerio TIC igualmente autorice.

Según el decreto las personas autorizadas para la venta al público de terminales móviles deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995. Los equipos en venta deberán estar debidamente homologados de acuerdo lo establezca la Comisión de regulación de Comunicaciones CRC.

En el momento de la venta la persona debe entregar al comprador los siguientes documentos: un certificado obtenido de la página web de la CRC, en el cual se constate que el terminal está homologado, la factura de venta que debe incluir el IMEI del equipo y el certificado de garantía.

“A través de este decreto queremos enfrentar la mafia de celulares robados que se ha establecido en el país y en el exterior. Con esta medida no queremos restringir el libre mercado sino proteger la vida de los colombianos y frenar el derramamiento de sangre que se ha generado a través de los robos de los celulares. Quiero hacerle un llamado a los colombianos a que denuncien los robos porque a partir de ahí podemos enfrentar a los delincuentes”, señaló el Ministro TIC, Diego Molano Vega.

Base de datos negativa
La norma contempla la creación de una base de datos negativa centralizada en la que se incluirán los celulares reportados como robados y extraviados a cada operador. En ella quedará consignado el número IMEI del aparato, es decir, la “cédula” identificación que tiene cada equipo y es única para cada terminal. La base de datos negativa será alimentada y actualizada por todos los operadores móviles celulares y estos deben garantizar su consulta en línea.

Los equipos que hayan sido reportados como robados o perdidos podrán ser excluidos de esta base de datos negativa y trasladados a la base de datos positiva cuando el titular del mismo manifieste que ha sido recuperado y solicite su reactivación acreditando que es el titular.

Creación de base de datos positiva
De igual manera se creará una base de datos positiva en la que se incluirán todos los celulares que hayan ingresado legalmente al país. En esta base se deberá consignar la información del IMEI que sean ensamblados o fabricados en el país.

El decreto establece que los operadores cuentan con seis meses, a partir de la expedición de la regulación, para incluir en la base de datos positiva los IMEI de los equipos terminales móviles, así como el número de identificación de cada propietario de dichos equipos.

Así mismo, el Gobierno está gestionando que estas medidas tengan repercusión internacional y los países de la región tengan en cuenta la nueva legislación para enfrentar el tráfico ilegal de celulares robados en cada país.

El Ministerio TIC adelanta gestiones con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la base de datos negativa sea tenida en cuenta por los países miembros y de esta manera se enfrente el tráfico irregular de terminales. Además, la iniciativa será llevada además a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

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