| 2/1/2012 7:00:00 AM

EPM, a pagar US$14 millones por suspender Porce IV

La Creg ejecutó las garantías por el incumplimiento de la entrega del proyecto hidroeléctrico. ¿Quién tiene la razón? EPM alega que la suspensión del proyecto se debe a problemas de orden público, pero la Creg está en obligación de sancionar a las empresas que incumplen los cronogramas.

El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, aclaró que las garantías bancarias (US$13,9 millones para el caso de Porce IV) deben ser ejecutadas cuando no se cumple con la entrega de un proyecto, independientemente de las razones que hayan originado el incumplimiento.

“Hay un incumplimiento por parte de EPM, la Creg aplica las garantías y no entra a discutir por qué se incumplió. Esa controversia la tiene que llevar EPM al estrado de lo contencioso para explicar las razones por las cuales no cumplió”, indicó el funcionario.

La controversia viene de tiempo atrás y finalmente la pregunta que surge es: ¿quién ganará?, pues ambas partes tienen sus propios argumentos.

La manzana de la discordia

En diciembre de 2010, Empresas Públicas de Medellín anunció a los inversionistas que su Junta Directiva aprobó la suspensión de las obras del proyecto Porce IV, ubicado entre los municipios de Amalfi y Anorí, en Antioquia.

La razón que argumentó la empresa en su momento tiene que ver con la problemática social y de orden público que atravesaba la zona del proyecto hidroeléctrico, que hacían inviable la construcción.

Jorge Mario Pérez, gerente de generación de EPM, dijo a Dinero.com que “cuando EPM participó en junio de 2008 en la subasta de energía se presentó una condición de que era factible realizar un proyecto. Sin embargo, el número de personas que habitan en el área de influencia del proyecto se quintuplicó”.

El censo pasó de 2.999 a más de 15.000 personas, lo que hace inviable el proyecto, no sólo por el costo que esto ocasiona, sino por el tiempo que se requiere para llevar a instancias jurídicas cada uno de los casos de supuesta invasión de terrenos.

EPM ha adquirido unas 2.000 hectáreas, de las 8.000 hectáreas que comprende el proyecto y “está intentando negociar con los contratistas con quienes ya había firmado e incluso ejecutado contratos, para ponerle fin a estas obligaciones”.

La central hidroeléctrica Porce IV debía entrar en funcionamiento el primero de enero de 2015, según el cronograma.

Sin embargo, “la curva del cronograma demostró que hubo retraso en el avance de la ejecución de la obra y eso le dio derecho a XM de ejecutar unas garantías que firmó EPM cuando se comprometió a entregar la energía en firme”, señaló una fuente del Ministerio de Minas.

EPM versus Creg


Empresas Públicas de Medellín podría llevar a instancias jurídicas lo sucedido con el proyecto hidroeléctrico y la ejecución de garantías, según reconoció el propio ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas.

El cargo por confiabilidad le aseguraba a Porce IV recibir un ingreso anual de US$13,8 millones durante los 20 años de operación de la central, desde su puesta en marcha el primero de diciembre de 2015.

Al proyecto se le hizo una asignación de forma escalonada sobre 321 gigavatios/hora al año entre los años 2015, 2016 y 2017, de tal forma que al finalizar el 2018 contara con una asignación total del 963 gigavatios/hora al año.

Al no cumplir con el cronograma de cumplimiento, la garantía bancaria que deberá pagar EPM es de US$13,9 millones, correspondiente a un año de lo que recibiría por el cargo por confiabilidad.

El punto de la discusión se centra en determinar quién tiene finalmente la razón. Si EPM, porque suspendió el proyecto porque después de iniciar su ejecución se encontró con inconvenientes con los que no contaba, o la Creg, que debe hacer cumplir las normas regulatorias.

“El sistema funciona sobre la base de que quien se compromete a hacer un proyecto, si incumple tiene que pagar unas multas y eso fue lo que pasó en el caso de EPM. La Creg no entra en discusión sobre por qué sí o por qué no”, afirmó el titular de la cartera energética.

Finalmente, será un juez quien determine la responsabilidad de EPM en la no entrega a tiempo del proyecto.

Esta batalla jurídica no fue impedimento para que Empresas Públicas de Medellín participara en la nueva subasta del cargo por confiabilidad, en la que resultó adjudicataria de una capacidad adicional en el proyecto HidroItuango.

Según el ministro de Minas, “esto demuestra la transparencia con la que se llevan a cabo esta clase de procedimientos en el país”.
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