| 8/31/2011 6:00:00 AM

El negocio de moda

Varios empresarios del país están dispuestos a comenzar a construir, remodelar y administrar edificios del Estado. Sarmiento y los Santo Domingo, entre los interesados.

Una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos, Alejandro Santo Domingo y sus socios de la desarrolladora inmobiliaria Terranum, buscó la semana pasada meterle el acelerador a un Conpes, aprobado hace dos años, pero que aún no arranca.

Ese documento de política pública abre la posibilidad para que el sector privado se encargue de gestionar y modernizar los inmuebles estatales, con el fin de que las entidades del Gobierno les deleguen dicha tarea y se dediquen de lleno a su labor misional. Sin embargo, aunque varias empresas privadas están interesadas, el negocio no ha podido despegar porque la mayoría de las entidades estatales desconocen el Conpes, el 3615 de septiembre de 2009, y tampoco están muy claras las reglas de juego para estas alianzas público-privadas.

Hasta julio de 2009, las entidades del nivel central tenían 222 inmuebles ocupados para uso propio y de ellos 20% estaba en estado regular o malo. No obstante, esta alternativa para que los privados diseñen, construyan y luego le alquilen el inmueble al Estado o lo remodelen y después se lo arrienden, no toma vuelo.

A la burocracia y demoras que acompañan las decisiones públicas, se sumó el cambio de Gobierno y por eso aún muy pocos proyectos buscan sacarle jugo a esta nueva posibilidad: sedes judiciales del Consejo Superior de la Judicatura y de la Superintendencia de Notariado y Registro (se está finalizando la etapa de estructuración); centros de desarrollo infantil para menores de cinco años (se está iniciando proceso de selección del estructurador) y la renovación completa del Centro Administrativo Nacional (CAN), proyecto que tiene su propio Conpes (3694 de marzo de 2011), cuya estructuración está a cargo de la Corporación Andina de Fomento y es el que más llama la atención de los empresarios.

Hernando José Gómez, director de Planeación Nacional, aclara que los proyectos de alianzas público-privadas tardan en promedio más de un año en ser estructurados para poder vincular e invitar a inversionistas privados y que, junto con el Ministerio de Hacienda, crearon una metodología para implementarlos, que está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo.

A paso lento
Además del grupo de Luis Carlos Sarmiento, que ha manifestado su interés en el proyecto del CAN, otros interesados son los de Terranum, firma que desarrolla un centro corporativo de 18 edificios en Bogotá, también en la zona de la Avenida Eldorado. “En el Gobierno hay una directriz clara de modernizar y de que en ese proceso participen los privados, pero se retrasa por temas como las dificultades que tienen las entidades estatales para hacer contratos de arrendamiento de largo plazo, por restricciones presupuestales, y si eso no se aclara a nosotros no nos sirve”, dice José Ignacio Robledo, presidente de Terranum.

Así mismo, Gonzalo García, gerente de la firma de asesorías inmobiliarias Pix, dice que ha faltado información sobre cómo funcionarían estas alianzas público-privadas, así como la definición clara de plazos, pues el Gobierno se mueve a un paso mucho más lento que el sector inmobiliario.

Tanto a García como a Robledo les interesaría arrendarles a las entidades que se salgan del CAN mientras la remodelación, pero si la decisión no se toma rápido es factible que esos espacios los ocupen otros. No en vano, estadísticas de Colliers muestran que la demanda por oficinas, al menos en Bogotá, está al alza, con cada vez menos espacio disponible. A junio pasado había 76.387 m2 para arrendar, 29% menos que un año atrás.

Buen cliente
Y aunque el tema no esté aún muy claro, el interés de los empresarios por tener al Estado como inquilino es grande. Prueba de ello es que el gobierno estadounidense es el principal cliente del magnate inmobiliario Sam Zell, quien fue otro de los temas de conversación entre el heredero de la familia Santo Domingo y el presidente Santos. Zell se acaba de asociar con Terranum para crecer su negocio en Colombia.

En la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ratifican el interés de los empresarios, pero dicen que la traba es la falta de proyectos y, aunque en la más reciente reforma de la Ley de contratación estatal se permite que los privados hagan propuestas al Gobierno, muy pocas se han concretado.

Una frustrada es un aeropuerto alterno entre Barranquilla y Cartagena, que no fue encontrado viable, y una exitosa es el Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. “Pero hay temas que se tienen que arreglar, porque si un privado propone un proyecto, solo gana unos puntos a la hora de licitar y al final se lo dan a otro, así no son muchos los que se animan”, explica Gustavo Morales, vicepresidente de la CCI.

En el Gobierno están comprometidos con arreglar temas como este y acelerar los proyectos para que empiecen a andar, pero si no lo hacen rápido los empresarios buscarán otros inquilinos, de pronto no tan buenos, pero que se quedarán con los mejores espacios.
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