Las empresas multinacionales deben ir más allá de cumplir las leyes y adoptar las costumbres de los lugares donde operan. Deben asumir un portafolio de responsabilidad social corporativa que iguale o que supere los estándares y normas internacionales en temas de derechos humanos y medio ambiente.
Hoy existe una razón adicional para que esto sea así, que destacan las investigaciones del profesor de la Florida International University, David Wernick, experto en la región en temas de evaluación de riesgos políticos, legales y terrorismo, sobre el impacto de acusaciones de violaciones a derechos humanos en el rendimiento financiero de las compañías multinacionales.
Según Wernick, la ley ATCA (Alien Tort Claims Act), aunque fue creada en los Estados Unidos en el año 1789, hoy es considerada como uno de los instrumentos legales internacionales más innovadores en el área de protección de Derechos Humanos. Uno de los aspectos más interesantes de esta ley, que estuvo inutilizada por cerca de dos siglos, es que bajo el alcance de esta legislación se pueden presentar acusaciones legales a compañías multinacionales por violaciones de leyes internacionales en países por fuera de los Estados Unidos.
Esta ley comenzó a aplicarse a las multinacionales desde mediados de los 1990 y se han presentado mas de 100 acusaciones bajo esta ley. Entre los casos mas significativos internacionalmente en los que se han demandado compañías multinacionales están el de la farmacéutica Pfizer que fue acusada de probar vacunas en niños en Nigeria sin consentimiento parental; el de la minera canadiense Talisman, asociada con abusos contra Derechos Humanos en complicidad con el gobierno de Sudán; el de la estadounidense Newmont por contaminación con mercurio en Perú y el de la petrolera estadounidense Unocal por abusos, arrestos y torturas por parte del gobierno de Burma durante la construcción de un oleoducto de esta compañía. Por violaciones a derechos humanos en Colombia, se ha demandado bajo a esta ley a Coca-Cola, a Chiquita Brands, a Occidental Petroleum (Oxy) y a Drummond.
Los estudios del profesor Wernick demuestran que estas acusaciones legales tienen implicaciones sobre la reputación de las empresas afectando negativamente el precio de las acciones en la bolsa de Nueva York. Muestra además que aunque el 25% de las acusaciones que se han presentado bajo la ley ACTA han sido contra compañías mineras y petroleras, las empresas que han demostrado más vulnerabilidad financiera son de otros sectores diferentes.
Según el modelo desarrollado por el profesor Wernick, la importancia de esta legislación radica en que desde la década de 1990, actores de la sociedad civil constituyen posibles amenazas a las compañías que operan transnacionalmente, y por lo tanto el riesgo social se constituye en un riesgo tan importante como el riesgo político. “Para mitigar los riesgos en las operaciones trasnacionales especialmente en países de economía emergente, el licenciamiento social debe renovarse diariamente”, dice.
Para contrarrestar esto, los resultados de investigaciones en áreas de negocios internacionales sugieren que las empresas asuman un portafolio integral de responsabilidad social corporativa que debe estar cimentado en relaciones transparentes y honestas con las comunidades locales, puesto que la sostenibilidad social de una empresa multinacional depende cada vez más de la renovación diaria de las licencias sociales por parte de las comunidades locales, y la legitimación ante la sociedad civil internacional.