“Una cosa es el esguince para robar a la gente y otra cosa es la genialidad”. Así contestó el abogado Abelardo de la Espriella a la pregunta de un periodista sobre la legalidad de las operaciones del grupo comercial DMG una de las empresas más controvertidos del país.
El penalista se presentó el jueves en rueda de prensa como apoderado del grupo y en esa condición controvirtió las opiniones que se le transmitieron sobre investigaciones y presunciones de que las empresas de David Murcia, que se agrupan bajo la sombrilla del grupo DMG, han estado vinculadas en problemas de presunto lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros del público, con evasión tributaria y con operar como una pirámide.
El abogado fue también apoderado de Natalia París en la demanda contra el autor del libro Las Prepago, de un grupo de políticos vinculados con los grupos paramilitares, del consorcio Comsa en su pleito contra del Estado y del consorcio ASA que patrocinaban las familias Nule y Char para construir el aeropuerto El Dorado.
Dijo que los negocios de DMG son completamente lícitos. “En el país no se puede criminalizar una actividad legal. Hacerlo es una persecución”, aseveró.
Descalificó las opiniones quienes piensan que la compañía logró con esguinces y cambios semánticos, darle facha legal a la operación de pirámide de DMG. “No es una pirámide, vendemos bienes y servicios”, aseveró.
Mencionó las características que en su opinión, diferencian a DMG de una pirámide. Explicó que las pirámides no duran más de seis meses, un argumento que más adelante en la rueda de prensa no pudo defender adecuadamente. Dijo que las pirámides actúan subrepticiamente y comparó eso con el negocio de su cliente, que ha sido público durante los últimos tres años. Afirmó que DMG tampoco capta dinero, sino que vende tarjetas prepago, una actividad permitida por la ley. Argumentó así mismo, que la firma no paga intereses, sino que les entrega puntos a sus clientes. Para redondear el argumento, dijo que DMG pagó $5.000 millones en impuestos y retó a los presentes a que llevaran alguna queja de los 200.000 clientes.
Explicó que cada uno de los clientes de DMG se obliga por contrato a llevar tres referidos y señaló que a cambio de esa labor y de publicitar la marca, la compañía les reconoce seis meses después, honorarios en dinero o mercancías hasta por el 100% del valor de sus compras. El porcentaje de esos honorarios lo determina periódicamente la junta de la empresa.
En cuanto a las captaciones masivas y habituales de dinero, dijo que la Superintendencia Financiera y la Fiscalía los han investigado durante dos años “y no han encontrado nada”. Lo mismo frente al tema de lavado de activos. “No se ha podido probar ni lo uno ni lo otro”, afirmó.
Señaló que DMG ahora funciona en Panamá y que quiere extenderse a toda América Latina. Se refirió vagamente al tamaño del grupo, mencionando que tiene menos de treinta empresas en todas las áreas de la cadena de comercialización.