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Catorce de cada cien empresas tiene en su nómina trabajadores que hacen parte del programa de desmovilizados.

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El 96% de las empresas no participan en los procesos de reintegración

El dato evidencia el bajo compromiso que tiene hoy los empresarios con este programa estatal. El 60% dejó de participar en este proceso. Sólo el 14% aseguró haber contratado desmovilizados. AUDIO

10 de septiembre de 2010

De acuerdo con las cifras de la Alta Consejeria para la Reintegración,  de los 32.000 miembros actuales del proceso, hay 19.000 trabajando. Pero de éstos, el 70% están en el sector informal. La tasa de desocupación para esta población es más baja en Bogotá y Medellín, mientras que las ciudades en las que la presencia de la guerrilla y grupos armados ilegales fue más  contundente, son todavía más desconfiados con la vinculación de los desmovilizados. 


De acuerdo con la encuesta divulgada por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio los empresarios hoy tienen un compromiso bajo con el proceso de contratación de desmovilizados, por lo menos el 42% de los encuestados manifestó que no le interesa contribuir con este proceso de reintegración a la vida civil.

Sobre este resultado la alta Consejera para la Reintegración,  María Eugenia Pinto Borrego aseguró que la falta de confianza por parte de los empresarios es porque “no sienten que los desmovilizados les puedan dar un trabajo de calidad y que además les garantice seguridad a sus empelados y a sus empresas”, dijo a Dinero.com
Catorce de cada cien empresas tiene en su nómina trabajadores que hacen parte de este programa, que busca que ex miembros de grupos armados ilegales tengan una labor productiva.


“Si los distintos sectores del país no le prestan la atención al proceso de reintegración, se pueden perder otros 50 años sin que se consoliden soluciones concretas y efectivas al conflicto interno colombiano”, señaló el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.
Mario Gómez director de la Fundación Antonio Restrepo Barco aseguró que la baja tasa de contratación oficial no sólo corresponde al temor general, sino también se explica por la falta de conocimiento por parte de las empresas del beneficio tributario de la Ley 789 del 2002,  la cual les daba descuento a los parafiscales,  de dichos trabajadores.


Gómez también dijo que faltan más  iniciativas empresariales que propicien este tipo de vinculación.  “No preocupa que estas personas salgan de las armas a un proceso que no está debidamente garantizado en su permanencia y sostenibilidad y cumpliendo normas básicas de sostenibilidad económica”, señaló. 


 La encuesta  evidenció el alto nivel de desconocimiento de la oficina de la Alta Consejería para la Reintegración, el 74% señaló no conocer su papel en el Gobierno.
El sondeo fue realizado a 1.070 empresas  en su mayoría pequeñas y medianas, sólo el 2% del total corresponde a negocios grandes. 


Hasta la fecha son 611 las empresas colombianas y multinacionales que han participado en la contratación de desmovilizados, de las cuales 79 corresponden a fundaciones.  En los bancos de tiempo se han donado más de 14.000 horas para capacitaciones en diferentes aspectos como administrativos, jurídicos y empresariales. 

 
Cambio de estrategia


Hasta la fecha 2.300 desmovilizados cuentan con un plan de negocios, sin embargo esta política esta a punto de ser  modificada. Dinero.com pudo conocer que debido a las altas tasas de fracaso en cuanto a la vinculación laboral y de creación de empresas, el Gobierno  modificará la estrategia. Lo que se busca es no exigirle a los desmovilizados planes concretos de creación de empresas, sino mayor capacitación para que obtengan un  empleo estable.


“Además queremos que los recursos que el Estado les da los usen para vivienda,  para actividades que les genere habilidades y competencias, educación y formación para el trabajo” dijo Pinto.


Las cifras que tiene la Alta Consejeria indican que es más factible que el 90% consiga un empleo, a que cree una empresa exitosa.


Hasta la fecha hay 31.000 personas activas en el proceso, de las cuales  245 han sido suspendidas, 946 han perdido los beneficios o han sido expulsadas, 14.749 se salieron al considerar que ya estaba reinsertados,  por lo menos 4.500 han fallecido o han sido capturadas por delitos menores y se estima que casi 3.000 han desertado.