Demandan adjudicación petrolera a Ecopetrol y Repsol-YPF

Se trata de una acción popular contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), responsable de la adjudicación, confirmaron a Efe fuentes de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

Los Cayos 1 y 5, como se denominan esos bloques de hidrocarburos, fueron sacados a subasta, junto a otros 76, en la llamada Ronda Colombia 2010.

Según Coralina, la ANH formalizó ambas concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos sin las consultas legales correspondientes, entre ellas con las comunidades de pescadores del archipiélago.

Ambos bloques están situados dentro de la Reserva de Biosfera Seaflower y su Área Marina Protegida (AMP); además forman parte de un territorio caribeño cuya soberanía es reclamada por el Gobierno de Nicaragua, que consideró inválido un tratado de límites suscrito en 1928.

La Seaflower colombiana fue incluida en noviembre de 2000 en el Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y desde entonces forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

El territorio protegido acoge el 76% de los arrecifes coralinos de Colombia, cuenta con ecosistemas interconectados, sirve de anidación a tortugas y aves y es hábitat de 407 especies de peces, así como de centenares de otros animales y organismos marinos.

En la querella, Coralina advierte de que el bloque Cayos 1 fue adjudicado para efectos de exploración, mientras que en el Cayo 5 se prevé "una etapa de explotación o producción de hidrocarburos".

Estas actividades, agrega la fuente, pondrán además en riesgo a los pescadores artesanales y exponen a Colombia al incumplimiento de compromisos internacionales como firmante de instrumentos medioambientales, entre ellos el Convenio de Diversidad Biológica.

La acción popular fue presentada el miércoles por la directora general de Coralina, Elizabeth Taylor Jay, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del territorio insular.

EFE