| 9/28/2011 6:00:00 PM

¡Caos total!

El desorden y la confusión siguen reinando en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Nadie responde por una concesión que representa billones de pesos?en recaudo.

Por estos días una campaña publicitaria acapara una parte importante en los espacios de radio y prensa. Se trata de una estrategia comunicativa que emprendieron los operadores del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cuyo propósito es resarcirse de las numerosas críticas de que han sido objeto desde su entrada en vigencia en 2009.

El propósito inicial de dicha plataforma tecnológica era volver transparentes y eficientes los trámites de transporte en el país, consolidando en una sola base de datos toda la información sobre los vehículos que circulan en Colombia y sus conductores. Una promesa que, todo indica, se quedó en el papel.

El primer gran inconveniente es la falta de información. Poco o nada se sabe de cuánto se ha invertido en el Runt o de cuánto le está dejando en utilidades a sus operadores. Tampoco se sabe cuál es la entidad encargada de hacer fiscalización y seguimiento a este Registro: la Superintendencia de Transporte le sacó el cuerpo al tema y fuentes al interior del organismo le dijeron a Dinero “que poco o nada tienen que opinar al respecto”.

En el Ministerio de Transporte asumen la responsabilidad, pero no hubo respuestas a un cuestionario enviado hace días al viceministro Felipe Targa, en el que se pide aclarar las cifras del registro.

En las oficinas del Runt la respuesta es siempre la misma: no estamos autorizados para hablar y se requiere un permiso del Ministerio. 

Mientras todos se pasan la pelota, el despelote en las oficinas de tránsito y del Runt es evidente.

Una de las fallas más protuberantes tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema. En ese sentido, las autoridades se declaran alarmadas por las reiteradas fallas, pero también han sufrido en carne propia las fisuras de la plataforma, a tal punto que al actual contralor delegado de infraestructura, Nelson Izáciga, le duplicaron la licencia de conducción en agosto del presente año.

“En un sobre que me enviaron encontré un pase a mi nombre expedido en otra ciudad con un mensaje que decía: ‘para que vea lo eficiente que es el Runt’”, explicó el funcionario en agosto pasado, cuando hizo pública una denuncia. 

Izáciga le contó a Dinero que el contrato está bajo la lupa de la Contraloría y aceptó que dicha concesión no está funcionando “de manera adecuada y que se está manipulando de manera abierta y abusiva”. 

No hay que olvidar que la firma interventora –Páez Runt– también tiene una responsabilidad en estas falencias, pues poco o nada ha logrado mejorar la prestación del servicio. Un dato que podría explicar esta situación es que 60% de este consorcio interventor corresponde a la firma Ponce de León que, según el contralor Izáciga, hace parte del controvertido Grupo Nule.

El concesionario operador está integrado por Heinsohn Software House, Chaid Neme Hermanos, Información y Tecnología, Stratis y Servicios para Redes de Telecomunicaciones. La inversión prevista asciende a los US$16 millones en una plataforma tecnológica que debía operar los 365 días al año, durante las 24 horas del día. Algo que naturalmente no sucede.

Lo que sí no deja de funcionar es la registradora de la concesión. Al respecto, el presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor a Nivel Nacional (Acedan), Santiago Quintero Valencia, señala que cada año el conjunto de empresas afiliadas registran pérdidas cercanas a los $324 millones debido a las reiteradas caídas en el sistema.

“El Formulario Único de Pago Anticipado de Servicios (Fupas) es lo que debemos cancelar al Runt al ingresar la información de las revisiones técnico mecánicas. Cada Fupas tiene un costo de $3.600. El problema surge cuando el sistema se cae, porque debemos pagar otros $3.600 pesos de manera injusta”, explica Quintero.

La situación es tan preocupante que ante una consulta de Dinero, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) realizó una encuesta entre 48 de sus afiliados para determinar la calidad del registro.

Los resultados hablan por sí solos. Con respecto al desempeño general del sistema, el sondeo encontró que 62,5% de las empresas lo califican como regular, mientras 37,5% lo califican como bueno.

Para los encuestados, aunque hay avances, “la plataforma web no siempre funciona y se retrasan todos los trámites, existen retrasos en la actualización de información de los vehículos y aún hay automotores que no aparecen registrados”.

Martha Lucía Arcila, directiva de la Federación Nacional de Escuelas de Conducción, aseguró que el balance es negativo y que “a los centros de enseñanza les ha ido terrible y las pérdidas económicas han sido cuantiosas”.

Todos estos problemas no son nuevos. El gerente general de Expreso Brasilia, Mario Rodríguez Escallón, recuerda que desde un principio se presentaron objeciones al proceso de licitación y algunas fallas en el funcionamiento del sistema, debido a improvisaciones y falta de rigor técnico y científico en la construcción de la plataforma tecnológica.

Como consecuencia de esas fallas, la entrada en operación del sistema, hace dos años, causó traumatismos graves a la actividad del transporte, tanto particular como público. 

El proceso de matrículas en el país se paralizó, lo que frenó la venta de carros y golpeó las importaciones. Además, en el transporte público, detuvo el proceso de renovación del parque automotor y de vinculación de nuevos buses a las empresas por varios meses, generando cuantiosas pérdidas para los inversionistas y para las empresas, por las cuales nadie respondió.

Queda claro que esta plataforma, que entró en operación el 3 de noviembre de 2009, presenta serias fallas que no han sido resueltas en los dos últimos gobiernos y que están afectando el bolsillo y la paciencia de millones de usuarios.

Las fallas persisten, los tramitadores siguen haciendo su agosto, se siguen expidiendo pases falsos con el agravante de que todo está concesionado y nadie responde.
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