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Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, tendrá que definir antes del 15 de septiembre si el modelo de libre competencia será la nueva forma de operar las basuras de Bogotá.

| 7/18/2012 7:00:00 PM

Basura millonaria

El multimillonario negocio de la recolección de basuras en Bogotá, que mueve cerca de $200.000 millones al año, está ad portas de sufrir un profundo revolcón. ¿De qué se trata y cuáles serán sus implicaciones?

A mediados de septiembre próximo, el multimillonario negocio de la recolección de basuras en Bogotá, que mueve cerca de $200.000 millones al año, va a tomar un rumbo sin precedentes. Justo por esos días, el equipo de Gustavo Petro, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), tendrá que definir el futuro de las 6.300 toneladas de desechos sólidos que producen a diario los bogotanos y que, por cuenta de un embrollo de marca mayor, están ad portas de quedar a la deriva.

En líneas gruesas, el origen del problema está relacionado con el hecho de que el 15 de septiembre llega a su fin el contrato de las cuatro empresas que hoy se ocupan de recoger las basuras en la ciudad –Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital–. Lo angustiante del tema es que, aunque el Distrito ya debería tener lista una licitación de $2,3 billones para seleccionar a los nuevos operadores y reestablecer sus zonas de trabajo, a estas alturas poco o nada se ha avanzado en ese sentido.

La pregunta entonces que queda en el aire es más que obvia: ¿qué va a pasar el día que caduque el contrato con los actuales concesionarios? Para responder esa inquietud, la administración distrital solo tiene dos salidas: declarar una urgencia manifiesta o abrirle paso a un modelo conocido como libre competencia. Alternativas –cada una de ellas– que podrían generar hondas repercusiones legales y, al mismo tiempo, dificultades en los ciudadanos.

Pero, ¿en qué consisten las opciones que baraja la Uaesp? Por el lado de la urgencia manifiesta, se trata ni más ni menos de un mecanismo legal que, según la Ley 80, le da la posibilidad a cualquier entidad estatal de contratar sin necesidad de abrir procesos licitatorios, siempre y cuando exista una situación de emergencia. Así las cosas, ese podría ser un primer as bajo la manga de la Administración que le permitiría extender los contratos que están vigentes en la actualidad.

Sin embargo, a juicio de la Contraloría Distrital y de la Procuraduría General de la Nación, en este caso esa herramienta no podría aplicarse. Básicamente porque en alcaldías anteriores, e incluso durante la de Gustavo Petro, ya fue empleada para conjurar el mismo problema y sirvió de excusa para prorrogar en tres oportunidades el contrato con las cuatro compañías mencionadas. Palabras más palabras menos, los órganos de control aseguran que la urgencia manifiesta no fue concebida para subsanar negligencias administrativas y que de usarse una vez más podría tener implicaciones disciplinarias.

Bajo esa perspectiva, el único camino que le quedaría al Distrito es el de operar con el modelo de libre competencia. Se trata de otra alternativa que puede entrar en vigencia cuando una ciudad está al borde de perder un servicio público. Eso, en términos simples, quiere decir que el negocio de las basuras en Bogotá empezaría a funcionar –a partir del 16 de septiembre– como lo hacen las compañías de telefonía celular: inmersos en una guerra de precios.

Fernando López, uno de los concejales que ha liderado esta materia en el cabildo distrital, ve con preocupación la muy probable puesta en marcha de ese esquema. “Si se da esta opción la Uaesp no tendría razón de ser porque los usuarios ya no serían del distrito sino de los privados. Eso terminará en una competencia feroz y en la falta de regulación de las tarifas”, advierte el cabildante.

A la luz de los empresarios que hoy tienen en sus manos el negocio de las basuras de Bogotá, la libre competencia sería el mejor de los escenarios. Todos saben que es la oportunidad de perpetuarse indefinidamente en el mercado y de ampliar sus ganancias, que no son para nada despreciables. El año pasado Atesa tuvo ingresos por $33.197 millones; Ciudad Limpia recibió $33.438; Lime por su parte obtuvo $59.481 millones y Aseo Capital lideró este ranking con $61.973 millones.

Pero así como unos pocos ganan, muchos pierden. En este caso, los perjudicados serían los estratos más pobres que, con la libre competencia, tendrían que someterse a las tarifas que les impongan los privados.

Consultado sobre el tema, Carlos Arboleda, director (e) de la Uaesp, señala que sigue estudiando los efectos legales y prácticos, tanto de la declaratoria de urgencia manifiesta como de la libre competencia. Por lo pronto, mientras toma una decisión, lo único cierto es que la actual situación de las basuras en la capital no es más que una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.

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