Aprueban ley de preferencias andinas

La extensión de la ley conocida como ATPA (Andean Trade Preferences Act), que expiraba el próximo 28 de febrero, no alivia sin embargo la zozobra de trabajadores y empresarios en Bolivia y Ecuador, países que al no haber negociado tratados de libre comercio para darles permanencia a esos beneficios, tendrán que seguir gestionando en Washington una nueva ampliación.

Perú y Colombia, en cambio, dispondrán así de 10 meses más para implementar sus respectivos TLCs: el acuerdo peruano ha sido ya aprobado por el Congreso y las partes esperan ponerlo en marcha en julio, mientras el colombiano tendría su correspondiente debate en cualquier momento este año.

El presidente Alvaro Uribe agradeció la medida del panel legislativo estadounidense.

"Celebramos la decisión de la Cámara de Representantes", dijo Uribe ante reporteros tras una reunión con militares al norte de Bogotá.

"Parece que es un plazo prudente (en de la extensión de las preferencias), a ver si podemos sacar adelante el TLC", añadió.

Reconoció que "las preferencias no garantizan las inversiones que sí llegan con el TLC ... son unilaterales, precarias, hay que renovarlas de período en período... pero agradecemos a la cámara... a demócratas y republicanos".

Los gobiernos de Bolivia y Ecuador habían expresado su esperanza de que el ATPA fuera prolongado por lo menos por tres años más, aunque consideraban ideal cinco. Dijeron que ese sería el tiempo que les tomaría llegar a un nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos.

El proyecto pasará ahora a debate del plenario de la Cámara de Representantes y luego al Senado, en un proceso en el cual todavía puede enfrentar cambios aunque usualmente, cuando se trata de comercio y aranceles, tradicionalmente se respeta el acuerdo básico del Comité de Medios y Arbitrios de la cámara baja.

Charles Rangel, presidente del comité, dijo que el plenario lo debatiría la próxima semana.

Indicó que a él personalmente le hubiera gustado que la extensión fuese por más tiempo, pero no se pudo por la fuerte oposición de la minoría republicana.

La oposición republicana se espera también en el Senado, donde Chuck Grassley, el republicano de mayor jerarquía en el Comité de Finanzas, ha dicho que sólo quisiera una ampliación del ATPA por tres meses como respuesta a las políticas nacionalistas y la retórica antiestadounidense de los presidentes de Ecuador y Bolivia.

Jim McCrery, líder republicano en el comité de Rangel, expresó que en Ecuador "nos sigue preocupando" la situación todavía irresuelta de la empresa estadounidense Occidental Petroleum, cuyo contrato de operaciones le fue revocado por el gobierno de Quito en el 2006 cortando las negociaciones de un TLC con Estados Unidos que estaban a punto de culminar.

Hizo notar que en Bolivia, que nunca empezó a dialogar de libre comercio con Estados Unidos, se estaba igualmente dando casos de "incertidumbre" de los inversionistas extranjeros con las políticas nacionalistas de su actual gobierno, que hace más de un año nacionalizó los hidrocarburos y ha dicho que tiene planes similares para la minería.

El demócrata Sander Levin, presidente del subcomité de comercio de la Cámara de Representantes y mano derecha de Rangel en las negociaciones comerciales, sostuvo que la ampliación del ATPA "es necesaria y por un largo periodo".

Indicó que el avance económico y social logrado con el ATPA en los países andinos, especialmente Ecuador y Bolivia, debiera ser juzgado "por sus propios méritos, al margen de que si esos países negociaron o no acuerdos de libres comercio" con Estados Unidos.

"Es necesario ver su importancia en la medida en que se trata de expandir el comercio y no buscar anteponer un acuerdo comercial a otro", afirmó en el breve debate matinal.

El ATPA fue establecido en 1991 por 10 años por el Congreso para compensar parte de los gastos en la campaña antidrogas de los cuatro países andinos. En el 2001 fue ampliado por cinco años y luego por seis meses y finalmente por ocho meses que terminan dentro de dos semanas.

AP