La alarmas en el sector energético están encendidas. Tras la suspensión de Porce IV, proyecto de generación de energía liderado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), por la invasión de terrenos de personas que no son de la región y que acaba de derivar en la ejecución de las garantías–por cerca de $23.000 millones– y la pérdida del cargo por confiabilidad, el corto circuito en el sector parece inminente.
El temor es que la historia se repita o se generen otros hechos sociales o de violencia que pongan en riesgo la capacidad del sistema para atender la demanda de energía creciente de los próximos años. La preocupación es tal, que el pasado miércoles 8 de febrero se reunieron en Bogotá representantes de las más importantes empresas degeneración del país y gremios del sector con los viceministros de Energía, Interior y Defensa. El interés era evaluar el estado de los proyectos degeneración en marcha, pues varios de ellos ya presentan problemas.
Desde hace más de un mes, Quimbo, proyecto en el Huila que pertenece a Emgesa –filial de Endesa–, tiene paralizadas sus obras. En lo que va del año se han realizado varios bloqueos por comunidades que denuncian supuestas irregularidades en la licencia ambiental. La inversión total de este proyecto supera los US$800 millones y deberá entrar en operación en 2014, para cumplir con los compromisos que adquirió ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En la reunión se planteó que esta situación podría generar atrasos en obras clave, como el desvío del río, que deben realizarse en épocas de verano como las actuales. Si no se comienza rápido, generaría retrasos.
Otro proyecto que presenta dificultades es Amoyá, en Tolima. Está ubicado en el Cañón de la Hermosas, uno de los ejes de operación de las Farc. Según se explicó en la reunión, ha habido hostigamientos por parte de la guerrilla, lo que ha obligado a que los trabajos se desarrollen solo en la casa de máquinas, mientras que las obras del túnel que conduce el agua para la generación están paralizadas.
Algunos proyectos térmicos también han registrado dificultades. Por ejemplo, Gecelca, en la Costa Atlántica, ha recibido amenazas de grupos ilegales como las bandas criminales (Bacrim), aunque la situación ya está bajo control de las autoridades.
Y para terminar, la voladura de torres ha dejado a la Costa en dificultades con el servicio, pero también produciendo mayores valores en un componente de la factura como son las restricciones. Por ejemplo, se ha pasado de tener restricciones por kilovatio vendido de entre $12 y $15, a cifras entre$40 y $50, debido a que se hace necesario prender generación más costosa –como la térmica con fuel oil– que en ocasiones puede ser de más de seis veces el precio en la bolsa de energía que se transa a diario.
Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía, explica que la actividad en el desarrollo de proyectos de generación ha despertado una gran cantidad de movimientos. “Hay comunidades con aspiraciones legítimas que buscan compensaciones. Pero hay otros que, por razones políticas, están en contra y buscan descarrilarlos. Se mezclan esos dos intereses y se generan situaciones que representan contratiempos en los proyectos. Esto sin descartar, como en el caso de Amoyá, que grupos al margen de la ley traten de generar zozobra e inseguridad y amenacen la propia vida de los trabajadores”, dice.
Para enfrentar esta situación, el ministro Cárdenas asegura que se está haciendo un gran esfuerzo en presencia militar, pero también se requiere un trabajo intenso de las empresas con las comunidades para responder a los problemas legítimos.
La pregunta hoy es si el sistema es vulnerable. De acuerdo con Germán Castro, director ejecutivo de la Creg “con la información de los auditores, los demás proyectos –distintos a Porce IV y Miel II– avanzan dentro de sus cronogramas y continuamos con nuestro esquema de subastas para atenderla demanda futura”, señala.
Entre diciembre y enero, la Creg hizo dos subastas de energía para recomponer la salida de estos dos proyectos y asegurar el cubrimiento energético de los próximos años. En la primera quedaron proyectos térmicos de Gecelca y Termotasajero, con una capacidad de 250 y 160 megavatios, respectivamente, y otros tres hidráulicos que suman 165 megavatios.
En la segunda se asignaron dos proyectos, Termonorte en el Magdalena y Porvenir II en Antioquia, con una capacidad de 440 megavatios. Así mismo, Sogamoso e Ituango, que ya están en construcción y habían comprometido parcialmente su energía firme en obligaciones originadas en la subasta de 2008, incrementaron la asignación.
Ituango, en cabeza de EPM, es uno de los proyectos emblemáticos en estos procesos de expansión en la generación: es el más grande, con 2.400 megavatios de capacidad y una inversión superior a los US$3.000millones. Sin embargo, hoy es blanco de otra preocupación. Aunque avanza dentro de sus planes, en la reunión se mencionó que se han dado movimientos de personas en la zona y se teme que se pueda repetir el caso de Porce IV.
“Este proyecto tiene una importancia trascendental para la seguridad energética de Colombia y no puede fracasar de ninguna manera. No puede ocurrir lo mismo que en Porce IV. Eso requiere acción conjunta de EPM con estándares muy altos de censos y mecanismos de aerofotografía para tener el inventario de quiénes viven en esta zona y un trabajo de compensación a las comunidades. Y, por otro lado, un despliegue grande de la Fuerza Pública para protegerlo”, asegura el ministro Cárdenas.
El desarrollo de estos proyectos es clave para alejar cualquier fantasma de apagón sobre el país y asegurar que Colombia se convierta en una potencia energética. Algunas zonas del país –como la Costa Atlántica–han mostrado fragilidades y han puesto en evidencia vulnerabilidades del sistema. Si no se garantiza el avance en las nuevas obras, bajo una estrategia armoniosa en lo social y ambiental, pues apague y vámonos.