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Ex representantes de la comisionista agropecuaria Torres Cortés S.A. - captaban ilegalmente recursos del público.

| 7/10/2013 4:45:00 PM

Más tela por cortar en la firma Torres Cortés

De acuerdo con una investigación de la Superfinanciera, los representantes legales de la firma que se encuentra en liquidación, recibieron, de manera ilegal, recursos de inversionistas por más de $17 mil millones.

La Superfinanciera ordenó a dos ex representantes de la comisionista agropecuaria Torres Cortés S.A., que ya está en liquidación, suspender las actividades de captación ilegal de recursos.

José Leonel Torres Cortés y Leonel José Torres Jaramillo, ex representantes de la sociedad comisionista agropecuaria Torres Cortes S.A., actualmente en liquidación forzosa administrativa, no pueden ni podrán realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público bajo ninguna modalidad.

Las investigaciones del organismo de control revelan que los representantes legales captaron $17.995 millones representados en 238 obligaciones con 105 personas y que las operaciones no estaban registradas en la contabilidad de la comisionista.

Según las indagaciones, quienes depositaban los recursos desconocían donde invertían su dinero, en algunas ocasiones hasta se los recogían en sus residencias.

La firma deberá coordinar con la Superintendencia de Sociedades, cómo se devolverán los recursos obtenidos en desarrollo de las actividades de captación no autorizada de dineros del público.

La Superfinanciera envió copia de la medida adoptada a la Superintendencia de Sociedades, al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y a la Fiscalía General de la Nación para que cada entidad investigue lo sucedido.

Los Torres fueron representantes legales de la comisionista agropecuaria entre el 29 de mayo de 2003 y el 19 de febrero de 2013. Esa firma estuvo sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia hasta el 19 de febrero de 2013, fecha en la que el organismo de control ordenó la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios para su liquidación forzosa administrativa.

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