Según los comunicados emitidos por las mismas entidades y divulgados a través de información relevante de la Superintendencia Financiera, la confirmación de la multa por
$700 millones que por la resolución 1766 de 2010 le impuso a Leasing Popular -hoy Banco Popular- por exceder limites en operación activa de crédito, le generó un gran peso a la entidad tanto en cantidad de multas como en monto, tornándola como la más castigada del sistema financiero.
Esto, ligado a sanciones del año pasado, pues en octubre la entidad infringió el artículo 41 de la Ley 222 de 1995, (que exige que Los estados financieros aprobados por las Asambleas o Juntas se deben llevar a las Cámaras de Comercio) por la que
se le multó con $5 millones y en diciembre en la que se resolvió un recurso de apelación, imponiendo multa de $25 millones, por no acatamiento inmediato de orden judicial de embargo, la hicieron merecedora del primer lugar.
Voceros del Banco Popular, no desconocieron estas sanciones y reiteraron que
la entidad “acató las disposiciones de la Superintendencia Financiera, conforme a todo lo legal”.
En seguimiento de la lista, en segundo lugar se encuentra Davivienda con sanciones por $505 millones, seguida por el BBVA que acumula multas por $320 millones, del mismo modo que Banco de Bogotá que se instala de cuarto en la lista con $260 millones y Banco Falabella cierra los primeros cinco con $85 millones.
A pesar de no tener una gran cantidad de amonestaciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades bancarias han sido objeto de multas y sanciones en su gran mayoría por la no oportuna transmisión de formatos e información que se suponen los bancos deben suministrar. Incluyendo a
Bancolombia, que en sexto lugar sólo suma una multa de $5 millones por suministro extemporáneo de información, que le interpuso la Dian.
Sin embargo, como las notificaciones de sanciones es parte de un proceso en donde las entidades pueden apelar la decisión si lo creen correspondiente, existe la probabilidad que varias de dichas amonestaciones sean rebatidas en apelación.
Al respecto, el Banco Falabella aseguró que interpuso oportunamente el recurso de apelación al que tiene derecho, ante el Superintendente Financiero y hasta la fecha el ente regulador no se ha pronunciado sobre este recurso y
“por lo tanto, la Resolución 2241 no está en firme”, aseveró la entidad.
Acorde a fuentes cercanas a este tipo de procesos con las entidades financieras, las apelaciones para este tipo de recursos se reciben hasta cinco días después de notificada la sanción, pero la diversidad de sectores que vigila la Superindentencia Financiera y la particularidad de los casos, hace que los tiempos sean distintos y muchos procesos, tiempo despúes no tengan una respuesta.