| 7/1/1995 12:00:00 AM

Venezuela otra vez

El presidente Caldera ha sido incapaz de atajar la grave crisis económica e institucional que vive Venezuela. La situación continúa empeorando.

El teniente coronel Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales por Rafael Caldera, cuando sus tropas rebeldes asaltaron el palacio presidencial de Miraflores el 4 de febrero de 1992, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El frustrado intento de golpe fue inmensamente popular entre los millones de venezolanos pobres, quienes inmediatamente elevaron a Chávez a la estatura heroica de un Bolívar y lo apodaron "El Centauro de los Llanos". Apenas había terminado el tiroteo cuando Caldera se presentó ante el Congreso y pronunció un discurso emocional, televisado en todo el país, en el cual condenaba a los líderes del golpe por los medios empleados, pero defendía sus objetivos declarados de poner fin a la corrupción y mejorar la suerte del pueblo venezolano oprimido y empobrecido. Poco después de asumir la presidencia en 1994, Caldera devolvió el favor con un indulto que permitió la salida de la cárcel de Chávez Frías.

El pueblo venezolano creyó el mensaje de Caldera de que el neoliberalismo y la corrupción eran responsables de la crisis del país. Pero además Caldera resultó beneficiado por el voto dividido entre

cuatro candidatos: Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Rómulo Betancourt (el fundador de AD) y Jóvito Villalba.

La elección de Caldera reflejó el inmenso vacío que está padeciendo Venezuela en liderazgo, visión, ideología e instituciones. En ese momento en la historia de Venezuela, no había otra alternativa mejor en el horizonte, con excepción de la opción militarista, contra la cual prácticamente todos los venezolanos se unieron. Entonces Caldera fue elegido, con el camino hacia la presidencia allanado por el presidente interino Ramón J. Velásquez, un historiador de la generación de Caldera, cuya "labor de gobierno" de diez meses consistió en detener y parcialmente desmantelar las desacreditadas reformas neoliberales del gobierno de Pérez.

Caldera fue elegido con una mentira. El mensaje de su campaña para el pueblo venezolano expresado en forma de ecuación, era: Pérez + neoliberalismo + corrupción = más pobreza y miseria. Según su punto de vista, el neoliberalismo era la causa de las dificultades económicas de Venezuela, y Pérez el Gran Demonio de la corrupción. Caldera pidió el retorno a días mejores de honestidad y gobierno austero, como los de antes de que la primera presidencia de Pérez (1974-1978) distorsionara los valores básicos de Venezuela en medio de una inundación de petrodólares que llovió sobre Venezuela, gracias a la crisis del petróleo. Pero Caldera también engañó al electorado venezolano, igual que Pérez y otros presidentes han engañado repetidamente al pueblo venezolano. por décadas.

Caldera prometió revocar las políticas de libre mercado que Pérez había puesto en marcha, y erradicar y castigar la corrupción, pero nunca ofreció una alternativa coherente, hablando más bien de la necesidad de "desarrollo económico con justicia social", por medio del manejo eficiente y justo de los factores económicos por un Estado honesto. Este mensaje de la campaña fue formulado en términos fuertemente moralistas. La propaganda de la campaña de Caldera realzaba sus mejores cualidades humanas, tales como su honestidad e integridad, estilo de vida austero, y dedicación a su esposa y familia. Pero Caldera hizo promesas que, en el mundo real, no podrían ser nunca cumplidas. Caldera no puede crear una Venezuela próspera al darle la espalda al mercado libre y regresar a los controles estadistas y políticos intervencionistas, ni puede erradicar la corrupción sistemática que ha sido endémica por tanto tiempo en el sector público de Venezuela.

No obstante, Caldera ciertamente ha cumplido con la parte "fácil" de sus irreales promesas de campaña al pueblo venezolano. Ha desmontado las políticas de libre mercado de la administración Pérez. Fue eliminado el impuesto al valor agregado (IVA) que Pérez creó. Caldera también suspendió los planes de aumentar el precio interno de la gasolina. Tanto el IVA como el aumento en el precio de la gasolina eran elementos importantes en la estrategia de reforma tributaria diseñada por la administración Pérez. Caldera también restableció el control de precios a muchos productos y, finalmente, impulsado en parte por el colapso de las industrias bancaria y de seguros, Caldera suspendió indefinidamente las garantías constitucionales en junio de 1994 e impuso estrictos controles de cambios y transferencia de capitales.

Caldera prometió acabar con el "paquete neoliberal" de la administración Pérez, y cumplió con su palabra. Pero ninguno de los controles restablecidos ni el estatismo renovado han funcionado. La crisis financiera no ha terminado; la inflación sigue en ascenso hacia el 100% este año, de 70% en 1994; y la economía se contraerá de nuevo en 1995 por el segundo año consecutivo. La escasez se hace más frecuente a medida que los productores reducen su producción porque no pueden obtener suficientes dólares del gobierno para pagar la materia prima importada. La inversión privada ha bajado, el desempleo aumenta y un mayor número de trabajadores -especialmente jóvenes venezolanos menores de 25 años- están siendo empujados hacia la economía informal, o a lo que significa un penoso estilo de vida de supervivencia diaria. El crimen violento va en ascenso rápidamente. Se están aumentando los impuestos, pero los servicios públicos que estos impuestos deben financiar son más deficientes que antes. Entre tanto, Caldera no ha logrado hasta ahora formular un plan coherente para poner fin a la crisis, y se están agotando las esperanzas de que lo logre.

Al menos seis planes han sido anunciados en los últimos 18 meses, y por lo menos otros tantos ministros de economía han rotado en el gabinete de Caldera, pero aún nada ha sido puesto en marcha, excepto más pasos para centralizar en manos del presidente una enorme cantidad de poder discrecional para intervenir en la economía. El Banco Central ha perdido toda autonomía e independencia para definir las políticas monetaria y cambiaria. El presidente ahora lo hace por decreto ejecutivo cada vez que quiere. El libre intercambio de moneda ha sido suplantado por la junta de Administración Cambiaria (JAC) y todo el que negocie en moneda "fuera del mercado" puede ir a la cárcel por varios años y ser multado con grandes sumas de dinero, mucho más altas que el total de la transacción ilegal. No obstante, florece un mercado negro, en el cual el cambio es de cerca de 230 bolívares por dólar americano, comparado con la tasa oficial de 170 bolívares por dólar.

En una conferencia de la Sociedad de las Américas en Nueva York en marzo pasado, Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y actualmente miembro de alto rango en el Consejo de Relaciones Exteriores, anotó que "cualquiera que hable con verdad y objetividad sobre Venezuela en eventos públicos se arriesga a ser llamado enemigo de Venezuela o algo peor" por el gobierno de Caldera. Por ejemplo, Carlos Ball, periodista venezolano que dirige la Asociación Interamericana de Prensa Económica (AIPE) y escribe con frecuencia sobre su país en el Wall Street Journal, fue calificado como "traidor a Venezuela" por Andrés Caldera, el hijo del presidente y su más cercano asistente. Pero Ball no está solo. La "lista de enemigos" de Caldera incluye a muchos venezolanos prominentes que han criticado públicamente la situación de Venezuela, o que estuvieron vinculados de alguna manera a la administración Pérez.

Los críticos dentro de Venezuela pueden ser reprimidos con relativa facilidad, aunque el ministro de Información de Caldera, Guillermo Alvarez Bajares, vigorosamente niega que el gobierno esté presionando a los medios noticiosos. No obstante, como lo reconoció Marcel Granier del Grupo 1BC (Radio Caracas), en un seminario en marzo en Johns Hopkins University en Washington, no existen garantías constitucionales en Venezuela y el acceso a las divisas está controlado por el gobierno. El gobierno puede silenciar a los críticos potenciales al "persuadir" a los dueños de los medios y editores para que practiquen la autocensura. Las divisas para pagar por el papel y los componentes de difusión electrónica pueden ser demorados o negados. Peor aún, se pueden expropiar los bienes sin compensación. En cualquier caso, algunos de los dueños de los medios en el país han admitido que están practicando la autocensura porque Venezuela está en tantos problemas, y el presidente Caldera es el primer presidente honesto que Venezuela ha tenido en casi un cuarto de siglo. No obstante, la crítica internacional es más difícil de controlar.

Para contrarrestar a los críticos internacionales, la administración Caldera ha recurrido a una táctica desacreditada pero todavía muy usada por los políticos demagogos: culpar a otros de la causa del problema. Según el mismo presidente Caldera (en una entrevista con el Financial Times de Londres hace unos seis meses), Venezuela es la víctima de una conspiración para dañar la imagen internacional del país, asustar a los inversionistas y desestabilizar el gobierno democrático de Caldera.

La administración Caldera cree tanto en esta teoría de la conspiración, que en abril el ministro de Información, Álvarez Bajares, anunció un plan conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para luchar contra los supuestos conspiradores, al nombrar periodistas venezolanos en las embajadas y consulados más importantes del país en el mundo. Sin embargo, el "contraataque" del Ministerio de Información no ha empezado realmente todavía, porque no hay dinero suficiente en el presupuesto.

Entre tanto, la crisis en Venezuela sigue creciendo como un desaforado tumor maligno. La prioridad económica número uno del presidente Caldera puede ser controlar las crecientes presiones inflacionarias, pero su reto real es buscar la manera de restaurar la legitimidad y la credibilidad de la democracia. Se ha presentado un vacío como resultado del fracaso de la democracia rentista del petróleo de Venezuela, y no ha surgido ningún modelo nuevo para llenar el vacío, con excepción del "neoliberalismo" identificado popularmente con Pérez y rechazado por Caldera.

La economía se ha estancado, la inflación se está acelerando rápidamente, y el descontento público está creciendo. Las políticas que Caldera ha adoptado eliminan toda posibilidad de flujo de capital extranjero al país, inclusive de la inversión privada de portafolio y la ayuda financiera masiva de agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los pasivos consolidados del gobierno -deuda externa e interna, deudas y pérdidas de empresas del Estado, obligaciones de prestaciones acumuladas para los trabajadores del sector público, la ayuda masiva prestada a las industrias bancaria y de seguros (equivalente a más del 15 por ciento del PIB de 1994), etc.- suman la cifra colosal de US$60.000 millones, según algunos cálculos.

Frente a estas realidades ¿qué está haciendo Caldera? Poniendo su fe en Dios y en el Estado. En mayo, Caldera le dijo al país que los precios del petróleo estaban aumentando porque Venezuela estaba siendo asistida por la Madre María de San José, una monja recientemente beatificada de quien pocos venezolanos habían oído hablar hasta cuando el Vaticano la puso en la pista rápida hacia la santidad. En una nota más secular, Caldera ha obtenido lo que ha querido del Congreso: varias leyes nuevas para centralizar un inmenso poder en la presidencia, con el fin de intervenir la economía. Pero no ha hecho nada constructivo para dar un vuelco a la economía, y la paciencia de la opinión pública ya se está agotando.

El 17 de mayo, el presidente Caldera fue abucheado cuando salía del Congreso anual de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV). El furor fue causado por el discurso de Caldera en la CTV, en el cual atacó fuertemente al Congreso y al sistema judicial, afirmando que ambos cuerpos tenían individuos empeñados en "perturbar el balance institucional" de Venezuela. La Corte Suprema inmediatamente exigió a Caldera que produjera pruebas para respaldar sus acusaciones, mientras que el partido de izquierda, Causa R, acusó a Caldera de estar preparándose para disolver el Congreso y la Corte Suprema. Sin embargo, los líderes del Congreso no desafiaron el poder real absoluto del que Caldera se ha apropiado, ni la Corte sobrepasó los límites: el 18 de mayo, la Corte votó 10-2 en contra de la propuesta para restablecer las garantías constitucionales suspendidas, aunque el tema puede no ser pertinente ahora que el Congreso ya aprobó las leyes que Caldera exigió como quid pro quo del restablecimiento de las garantías.

Algunos observadores, como Jerry Haar del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, temen que la situación de Venezuela se vuelva más inestable en un período de tiempo relativamente corto. Haar cree que el pueblo venezolano "va a explotar cuando se dé cuenta de que Caldera no puede detener la corrupción ni poner pan sobre su mesa. Existe un túnel al final del túnel para Venezuela. El gobierno está sin timonel y estreñido. No hay una percepción acerca de cómo podrían ser las reglas de juego. El gobierno de Caldera habla de pactos, ¿pero a quién le importa? Caldera no parece comprender que existen mejores oportunidades de inversión en otras partes. Está simplemente reacomodando las sillas de cubierta del Titanic".

Sin un plan coherente para sacar adelante a Venezuela, el presidente Caldera ha venido empleando lo que un crítico llama "la lógica del retroceso" para explicar sus acciones y omisiones al pueblo venezolano. De esta manera, en el mundo de Caldera, el neoliberalismo y la corrupción causaron la crisis de Venezuela; los controles económicos serán levantados sólo cuando los inversionistas extranjeros recobren la confianza en Venezuela y empiecen a invertir de nuevo; las garantías constitucionales serán restauradas sólo cuando el Congreso apruebe leyes que le darán al presidente amplios poderes discrecionales para intervenir la economía; y la crisis de Venezuela está siendo atizada por una conspiración internacional para desestabilizar al país y al gobierno de Caldera.

Al final, Caldera agotará su portafolio de apariencias externas. Nadie puede predecir la oportunidad del momento, aunque el presidente Caldera y muchos funcionarios de su administración creen que un aumento excesivo en el precio de la gasolina podría encender la chispa de una reacción pública violenta. El temor a otro caracazo ha sido constante en la política venezolana desde los disturbios de 1989. Pero Caldera todavía tiene bastante campo para maniobrar antes que la crisis vuelva a rebosarse.

Las nuevas leyes económicas concentran un enorme poder en las manos del presidente para intervenir la economía. El Banco Central tiene ahora cerca de US$12.000 millones en reservas de divisas, las que puede gastar si es necesario, y el precio más alto del petróleo producirá US$1.100 millones en ingresos fiscales para el Tesoro este año. Los acreedores del gobierno también pueden ser exprimidos: el gobierno ya ha anunciado que buscará extender los pagos de intereses y capital de la deuda externa, la cual actualmente absorbe cerca del 40% del presupuesto del gobierno. El juicio del ex presidente Pérez en la Corte Suprema es otro as en la manga de Caldera. Algunos analistas especulan que su ataque del 17 de mayo contra la Corte Suprema fue un intento deliberado de forzar a la Corte a agilizar el juicio, el cual han logrado demorar los abogados de Pérez con toda clase de trucos técnicos y de procedimiento, de manera similar a lo que han estado haciendo los abogados de O. J. Simpson en Los Angeles. Una condena de Pérez mejoraría enormemente la imagen de Caldera. Finalmente el ambiente en la opinión pública puede estar flaqueando levemente en cuanto al apoyo a Caldera, pero muchas encuestas de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos desprecian tanto al Congreso y a los partidos políticos que probablemente aprobarían que Caldera asumiera totalmente el poder, con el apoyo de los militares.

Pero si bien el apoyo sostenido del pueblo a Caldera es crítico para la estabilidad de su gobierno, el apoyo de la comunidad internacional de inversionistas es aún más importante, a corto y mediano plazo. El plan de expansión de US$50.000 millones de Petróleos de Venezuela debería tener un importante efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Pero los venezolanos no pueden esperar una década, ni tampoco Caldera. El horizonte del tiempo en el país se mide por meses: en una encuesta reciente, más del 60% preveía que su situación económica iba a empeorar en los próximos seis meses.

La crisis venezolana no terminará durante la administración Caldera, suponiendo que el presidente de 79 años sobreviva hasta febrero de 1999, cuando, constitucionalmente, su sucesor elegido lucirá la banda presidencial. Caldera quiere salvar el sistema que él ayudó a crear. El reemplazar el modelo tradicional por algo nuevo puede ser una opción. Según su punto de vista, la democracia venezolana como fue concebida originalmente no tiene fallas, y la crisis no es el resultado del colapso del sistema, sino más bien el producto de décadas de liderazgo corrupto. Con líderes honestos en el gobierno, la crisis puede resolverse y el futuro puede asegurarse.

Caldera cree que el Estado tiene el papel de manejar el mercado con el fin de garantizar que el desarrollo económico esté "balanceado" con el progreso social. Caldera es profundamente sospechoso del libre mercado, aunque proclame lo contrario en sus discursos ante escépticos inversionistas internacionales.

La liberalización del comercio y las políticas de libre mercado son un punto importante de partida para una verdadera solución a la crisis de Venezuela, pero éstas son sólo el principio. Venezuela debe reconstruir sus instituciones, y eso sólo puede hacerlo el pueblo venezolano. Venezuela no carece de abundantes recursos naturales sobre los cuales se podría establecer una próspera y moderna economía, pero sí parece carecer del liderazgo, la visión y la ideología necesarios para reemplazar el sistema rentista del petróleo que ya no funciona. Los partidos políticos del país han perdido legitimidad y credibilidad ante el pueblo venezolano, pero el vacío resultante no ha sido llenado por alternativas que despierten el entusiasmo del pueblo. Y sin el apoyo del pueblo, las probabilidades de que haya un verdadero cambio duradero no son muy prometedores.

La "visión" de Caldera sobre cómo poner fin a la crisis es supremamente desacertada. En lugar de abrir la economía de Venezuela y el sistema democrático, Caldera está tratando de cerrar la puerta de ambos. Los poderes del Estado para manipular y controlar la economía han aumentado enormemente, y es difícil disimular el desprecio de Caldera por el Congreso y por la Corte Suprema. En el mundo de Caldera, obedecer su voluntad es lo mismo que obedecer " la ley". Pero en Venezuela no existe el imperio de la ley ni el respeto por los derechos de propiedad, y Caldera no puede cambiar esa realidad. Caldera y la ley son uno. La historia de Venezuela desde el primer impacto del precio del petróleo en 1973 confirma ampliamente el hecho de que el presidencialismo excesivo es perjudicial para la prosperidad económica y la estabilidad democrática del país. Infortunadamente para Venezuela, el presidente Caldera piensa que la mejor solución para la crisis del país no es la libertad, sino más control y más estatismo. Quizá la Corte Suprema condene a Carlos Andrés Pérez por corrupción, pero los historiadores en el futuro pueden condenar a Caldera con mayor severidad que a Pérez.
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