| 6/1/1994 12:00:00 AM

Venezuela de mal en peor

Venezuela requerirá de años de ajuste para salir de la crisis económica. Ni el gobierno ni el pueblo de Venezuela están preparados para ese ajuste. El resultado podría ser una explosión social.

E1 futuro inmediato de Venezuela se parece a. de un volcán que está a punto de hacer erupción Bajo una capa delgada de estabilidad artificial, bulle una feroz caldera cuya presión aumenta a cada instante. Nadie puede predecir con exactitud cuándo va a haces erupción el volcán, pero existe el peligro de que todas las presiones acumuladas destrocen esa frágil capa de estabilidad.

Venezuela puede explotar en algún momento en los próximos meses. Está por verse si esa explosión será en forma de otra rebelión social como el "caracazo" de 1989, tal vez otro golpe militar, o quizás una guerra civil", como lo advierten algunos preocupados críticos venezolanos. Cualquiera que sea el escenario, la explosión ciertamente va a ocurrir, porqué Venezuela -literalmente y de manera realista- ha tocado fondo.

El ánimo del pueblo venezolano no ha alcanzado aún los niveles de ira que precedieron a los disturbios y saqueos de febrero de 1989, en los que hubo 300 muertos y miles más de heridos. El ánimo que prevalece ahora es de desilusión y confusión. Sin embargo, cuando la población se dé cuenta de que no existe una salida fácil a su crisis económica y que le esperan varios años de privaciones y sacrificios, entonces la confusión podría convertirse en una ira enceguecedora.

Las obligaciones económicas del país son increíblemente altas para una nación de sólo 21 millones de habitantes. Además de una deuda externa de más de US$30.000 millones, el gobierno de Caldera debe manejar el déficit fiscal que asciende a más del 10% del PIB o aproximadamente US$7.000 millones; pérdidas y ayuda gubernamental a diez bancos en problemas, por un total de otro 10% del PIB, o US$7.000 millones; una deuda consolidada en Petróleos de Venezuela de aproximadamente US$6 mil millones, cuando los precios del petróleo están muy débiles y la PDVSA tiene planes de invertir US$48.000 millones para modernizar la infraestructura petrolera del país; una deuda consolidada en las industrias de acero y aluminio de la Corporación para el Desarrollo de Guyana, de unos US$8.000 millones; y obligaciones por prestaciones sociales acumuladas de 1.2 millones de empleados del sector público, las cuales - incluyendo el capital, interés no pagado e interés sobre el interés no pagado- suman más de US$13 mil millones.

En conjunto, estas obligaciones sobrepasan los US$70.000 millones. Pocos venezolanos son conscientes de ellas y de sus implicaciones para el futuro de su país y de su ya deteriorado estándar de vida. Los políticos, incluyendo los gobernantes actuales, no le han dicho la verdad al pueblo.



ENTRE, TANTO:

- NO SE ESPERA que el precio promedio de las exportaciones de petróleo de Venezuela se recupere mayormente, no obstante alzas coyunturales como la actual; las reservas internacionales del Banco Central han bajado a un nivel aproxima-. do de US$10.000 millones das reservas líquidas netas están por debajo de los US$3.000 millones).

- EL SISTEMA financiero está prácticamente nacionalizado, con la mitad de los bancos comerciales (medidos en términos de activos, préstamos y depósitos) ya bajo control gubernamental, mientras que la otra mitad tiene la mayoría de sus portafolios de inversión concentrados en bonos de cupón-cero y billetes del Tesoro.

- EL BOLÍVAR se ha devaluado aproximadamente un 25% desde finales de abril, cayendo de cerca de 116 bolívares por dólar desde poco antes de la renuncia de la presidenta del Banco Central, Ruth de Krivoy, con protesta por las presiones de la administración Caldera contra la autonomía de la institución, a 156-158 bolívares por dólar a mediados de mayo. La situación es tal que el bolívar fácilmente podría precipitarse a un cambio de 175-200 bolívares por dólar para diciembre 31.

- LAS PRESIONES inflacionarias se están intensificando mientras la economía se está contrayendo. En una conferencia el 4 de mayo en el Centro Norte-Sur de Miami, el ministro de Finanzas julio Sosa Rodríguez dijo que la economía no crecería nada este año, mientras que la inflación podría promediar un 40%, pero la mayoría de los analistas anticipan una contracción del 3-4% del PIB y una inflación de por lo menos 50%, si no más alta.



LOS RIESGOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE VENEZUELA S ON AÚN MAYORES QUE SUS DIFICULTADES ECONÓMICAS

SOCIALMENTE, MÁS DE la mitad de la población vive ahora por debajo del nivel de pobreza, y millones de venezolanos están experimentando en carne propia la terrible realidad del hambre. Los servicios públicos simplemente no funcionan. Muchos sectores de Caracas no tienen agua por días y semanas seguidos, mientras que a lo largo de toda la ciudad el racionamiento del agua es un hecho cotidiano. El déficit de vivienda en el país se calcula en más de un millón de unidades. El transporte público está en condiciones desastrosas. El sistema de servicios de salud pública literalmente se ha derrumbado, en tanto que el sistema de seguridad social existe sólo de nombre.

El sistema educativo es uno de los más costosos y menos eficientes de Latinoamérica, en un país donde más de la mitad de la población es menor de 24 años y de ese número ni siquiera la mitad -alcanza el noveno grado de educación. Nunca había habido tanta inseguridad personal en 35 años de democracia, en tanto que las instituciones judiciales del país son ineficientes, corruptas y politizadas. En Venezuela, sólo los pendejos son encarcelados, mientras que aquellos que tienen recursos

económicos o palanca política nunca pagan sus crímenes en la cárcel.

Políticamente, el pacto basado en el petróleo, sobre el cual descansaba la democracia venezolana desde 1959, ha desaparecido y nada ha surgido para reemplazarlo. Los dos partidos que dominaron la política venezolana durante décadas -Acción Democrática (AD) y Copei- están en un total desorden, desacreditados ante el electorado, el cual ha perdido toda su confianza en las élites políticas y está fragmentado internamente por luchas personales de poder.

Los otros partidos políticos -Movimiento al Socialismo (MAS), Causa R., etc.- están perdiendo el tiempo en confrontaciones estériles. En general, los políticos del país parecen más ansiosos de regresar a un estilo de vida estatista e intervencionista que a seguir adelante con impopulares reformas económicas y políticas que diluirían y descentralizarían el poder, disfrutado tradicionalmente por las élites políticas.

El presidente Rafael Caldera todavía tiene un alto puntaje en las encuestas de opinión (una encuesta reciente de Gaither demostró que 86% de los venezolanos lo apoyan), pero su luna de miel con el pueblo parece dirigirse a un término potencialmente doloroso a medida que se hace cada vez más obvio que no puede cumplir sus dos promesas de campaña de erradicar la corrupción y eliminar las reformas de mercado libre iniciadas en 1989 por el ex presidente Carlos Andrés Pérez. A menos de tres meses después de su posesión, Caldera se está echando para atrás en ambos puntos.



EL SÍMBOLO MÁS visible de que un sistema va mal son los banqueros del país, muchos de los cuales son directamente responsables de la crisis financiera de Venezuela. Después de todo, fue el poderoso "lobby" bancario -por medio de la Asociación Bancaria y del Consejo Bancario Nacional- el que aseguró por años que la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y el Fondo de Garantías de Depósitos Bancarios (Fogade) tuvieran en su personal individuos con mayor lealtad hacia los banqueros que hacia los depositantes, una "lealtad" comprada con préstamos preferenciales y otros favores para muchos de los funcionarios oficiales.

Con las autoridades reguladoras en el bolsillo, el "lobby" bancario logró demorar la reforma del sistema financiero por varios años, al mismo tiempo que utilizaban los ahorros de sus depositantes para financiar proyectos de inversión personal y crear "grupos" con intereses diversos en la construcción, el comercio y la industria.

El presidente Caldera manifestó durante su campaña que él no tenía compromisos con ningún interés económico, pero cuando se reunió con el presidente César Gaviria en Caracas el 6 de mayo, estaba rodeado por muchos de estos banqueros, entre ellos Eugenio Mendoza (Banco La Guaira), José Alvarez Stelling (Banco Consolidado y Banco de Venezuela) y Orlando Castro Llanes (Banco Progreso, Banco República). Además, cualquier duda de que Caldera comparte el lecho con el "lobby" bancario fue disipada cuando ambos lados cerraron el acuerdo que forzó la renuncia de Ruth de Krivoy de la presidencia del Banco Central: Caldera quiere tasas de interés más bajas y los bancos quieren que el gobierno los saque de apuros y les permita conservar la propiedad de sus instituciones. Ambas partes acordaron un arreglo mediante el cual los bancos reducirían en cinco puntos las tasas de interés en los préstamos cada dos semanas, manteniendo inalteradas las tasas para los ahorradores.

La ironía de este acuerdo es que, al negociar con los banqueros a pesar de las objeciones del Banco Central, la administración Caldera desató la crisis cambiaria. Como resultado, ni el gobierno ni los bancos han estado en capacidad de poner en efecto el acuerdo sobre las tasas de interés. No obstante, aun la crisis cambiaria ha ayudado a los banqueros a expensas del resto de la población.

En primer lugar, los banqueros están actualmente, comprando dólares del Banco Central en un torpe y muy criticado sistema de remate mediante el cual el Banco Central fija el precio. Los bancos, entonces, toman los dólares que compran del Banco Central y los revenden, principalmente a corporaciones, a la nueva tasa de mercado paralelo que surgió en el momento en que se anunció el sistema

de remate. Como la diferencia entre la tasa "oficial" y la "real" es de unos 10-20

bolívares, los bancos están sacando muy buen provecho en términos de utilidades.

Entre tanto, al público en general le está siendo prácticamente imposible obtener dólares. "Caldera no ha decretado control de cambios todavía", afirma un observador, "pero el hecho de que nadie puede comprar los dólares que quiere en la calle, y el hecho de que los dólares están siendo racionados por los bancos y por las casas de cambio, es virtualmente lo mismo que un control de cambios".

En segundo lugar, la rápida devaluación ha creado más bolívares para cubrir el déficit fiscal, en tanto que ha reducido las deudas de los bancos con el gobierno. En total, el gobierno había inyectado casi US$6.000 millones en el sistema financiero antes del inicio de la crisis cambiaria a finales de abril. Sin embargo, como esta ayuda se dio (y fue acordada) en bolívares, los bancos pagarán considerablemente menos (en términos de dólares) que lo que originalmente recibieron del gobierno.

"Lo que ha pasado", dice un observador, "es que ha ocurrido una transferencia masiva de riqueza de quienes tenían activos en bolívares (ahorradores y contribuyentes) hacia quienes tienen pasivos en bolívares".



IGUALMENTE, DESPUÉS DE prometer a lo largo de su campaña que eliminaría las políticas económicas de libre mercado de su antecesor, el presidente Caldera anunció recientemente que el pueblo venezolano se debe preparar para "políticas difíciles e impopulares" para corregir la crisis económica.

Caldera parece estar preparándose para aplicar las reformas de mercado libre que juró serían rechazadas si el pueblo venezolano lo llevaba a la Presidencia. Pero aún no se sabe qué tiene en mente, ya que las características más prominentes de su administración son la confusión, fomentadas por las declaraciones contradictorias de sus varios ministros, algunos de los cuales prometen que Caldera seguirá adelante con las reformas del mercado (por ejemplo, Sosa Rodríguez, Asdrúbal Baptista), mientras que otros (por ejemplo, Enzo de Bufalo en Cordiplan) en tono amenazante hablan de "imponer" controles a la economía si los sectores productivos no se unen "voluntariamente" a la estrategia de solidaridad del gobierno dirigida a reducir las tasas de interés, a estabilizar los precios y a aumentar los salarios.

Desde su posesión a principios de febrero, el presidente Caldera ha suspendido las garantías económicas de la Constitución; ha anulado el IVA; ha restablecido el control de precios para muchos alimentos y productos farmacéuticos; ha paralizado el programa de privatización; ha decretado un aumento general del salario mínimo; ha forzado a renunciar a la muy respetada presidenta del Banco Central; ha puesto en marcha un ridículo sistema de remate de dólares en el Banco Central, el cual ha creado un mercado de cuatro tipos (oficial, interbancario, fuera del banco y en el exterior); y ha perdonado a casi todos los oficiales del Ejército responsables de los dos golpes fallidos de 1992.

La confusión de la administración Caldera es resultado de la pluralidad de las ideologías que caracteriza al gabinete, en el cual lo más distinguido del mundo de los negocios, como Sosa Rodríguez, coexiste con antiguos guerrilleros de izquierda, como Pompeyo Márquez del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Después de prometer un gobierno amplio en que tuvieran voz y estuvieran representados todos los sectores, la administración Caldera también ha demostrado una preocupante predisposición a irse en contra de cualquiera que exprese la menor crítica a sus iniciativas políticas (por Ej. Ruth de Krivoy).

A lo largo de todos estos hechos preocupantes, el propio Caldera ha permanecido conspicuamente fuera de la mirada pública, excepto por apariciones ocasionales y discursos exhortando al pueblo venezolano a una "solidaridad" que no está fundamentada en hechos concretos. En realidad, Caldera se ha recluido tanto en el palacio presidencial de Miraflores que la fábrica de rumores nacionales está llena de historias sobre sus supuestos problemas de salud.
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