| 7/1/1993 12:00:00 AM

Venezuela: crisis pa' rato

La designación de un nuevo presidente en Venezuela no significa la solución de la crisis política. La crisis económica continúa y la integración no avanza.

Caracas - Venezuela tiene un nuevo presidente, lo cual fue bien recibido por los mercados financieros, los inversionistas extranjeros y, especialmente, por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la situación política en Venezuela sigue siendo tensa e incierta, y el optimismo de los inversionistas pudiera desvanecerse muy rápidamente. No hay predicción que valga en los actuales momentos. La incertidumbre sin duda está afectando el clima de negocios y las perspectivas de inversión en el futuro inmediato.

Los próximos 90 días serán los más críticos para diagnosticar la evolución económica y política de Venezuela en el mediano plazo, toda vez que el Congreso de Venezuela le otorgará al Presidente Provisional Ramón J. Velásquez, mediante una Ley Habilitante, poderes especiales por un período limitado para que se aprueben una serie de reformas económicas y políticas que el mismo Congreso no ha querido adelantar durante los últimos tres años. En materia económica, actualmente hay más de 17 proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados o el Senado, aunque aún no se sabe cuáles serán incluidos en la Ley Habilitante.

Tampoco se sabe si el Presiden- I te Velásquez aumentará los precios internos de la gasolina, que actualmente es uno de los combustibles más subsidiados del mundo, aunque los ministros del área económica salientes, Pedro Rosas Bravo (Hacienda) y Ricardo Hausmann (Cordiplan), recomendaron con firmeza que la medida sea tomada cuanto antes para que se pueda reducir el déficit fiscal, actualmente estimado en más del 8% del PIB, sin contar retrasos de hasta 90 días en pagos del Tesoro Nacional, equivalentes a otro 3% del PIB.

Los proyectos de ley, cuya aprobación es de crítica importancia para la estabilidad económica de Venezuela, incluyen la creación de un impuesto del valor agregado (IVA) y un impuesto a los activos productivos de las empresas, la reforma de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que fue aprobada hace poco más de un año, la eliminación por ley del valor fiscal de exportación, que eleva los impuestos que paga Petróleos de Venezuela (PDVSA) del 67% a más de 80% por año, la reforma a la Ley de Privatización, y un paquete de leyes para reformar el sistema financiero nacional.

Las leyes impositivas son esenciales, pues iniciarían la reestructuración a fondo del esquema fiscal petrolero sobre el cual está basado el Estado venezolano. El petróleo ya no produce suficientes ingresos de divisas para suplir las necesidades sociales y económicas de Venezuela. La reforma impositiva también es crítica para el éxito de los programas de ampliación de la industria petrolera y petroquímica. PDVSA actualmente está adelantando un programa de ampliación de su potencial de producción a 4,2 millones de barriles diarios (b/d) para 2002, la modernización y ampliación de su capacidad de refinanciación en más de un millón de b/d, y grandes esfuerzos exploratorios para ubicar unos 10.000 millones de barriles de crudos livianos y medianos que, según estudios hechos por la British Petroleum y otras petroleras extranjeras, están aún por agregarse a las reservas convencionales de 63.000 millones de barriles que Venezuela actualmente posee.

Adicionalmente, PDVSA está desarrollando un programa de asociaciones estratégicas con diversas empresas extranjeras para acometer la construcción y operación de varios megaproyectos cuyo fin es el de explotar las reservas gasíferas del país, y el petróleo extra - pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, estimado en unos 285.000 millones de barriles recuperables.

Se piensa que sí existe suficiente voluntad política para la aprobación de las nuevas leyes impositivas, la reforma del sistema financiero y la aprobación de las asociaciones estratégicas, pero no está claro si Velásquez tiene suficiente convicción personal, y suficiente apoyo político, para aumentar significativamente

te los precios internos de la gasolina, y así reducir pérdidas en las ventas domésticas que remontan a los US$ 800 millones por año.

Tampoco están muy claras las perspectivas del Presidente Velásquez en materia de reformas políticas, aunque uno de sus primeros actos oficiales fue el de crear el Ministerio de la Descentralización, en el cual nombró a Allan Randalph Brewer Carías, un respetado abogado y experto en derecho administrativo y constitucional. Velásquez intentará acelerar el proceso de transferencia de poderes y responsabilidades administrativas del Gobierno Central a los gobiernos regionales y municipales, lo cual es considerado un paso esencial en el proceso de transformación y modernización política del país. Sin embargo, no se sabe si el nuevo mandatario intentará impulsar otras reformas políticas y electorales cuando sólo faltan seis meses para las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el Presidente Velásquez ha nombrado un Gabinete nuevo que refuerza la tesis de que habrá cambios sustanciales en las políticas de mercado abierto del depuesto Presidente Pérez. Al mismo tiempo hay un gran despliegue de medidas de seguridad nacional y policial para controlar el fuerte auge de la delincuencia y mantener la paz pública.

Los ministros reconfirmados incluyen a Alirio Parra (Energía y Minas), Fernando Ochoa Antich (Relaciones Exteriores), Gral. Iván Darío Jiménez (Defensa), Teresa Albanez (Familia), y José Antonio Abreu (Cultura). Los ministros nuevos incluyen a Hernán Anzola (Cordiplan), Carlos Rafael Silva (Hacienda), Hirám Gaviria (Agricultura), Fermín Mármol León (Justicia), Luis Horacio Vivas Peña (Trabajo), Lilia González de Rivera (Educación), Francisco Layrisse (CVG), José Domingo Santander (Transporte y Comunicaciones), Gustavo Pérez Mijares (Fomento), Carlos Delgado Chapellin (Relaciones Interiores), Allan Randolph Brewer Carías (Descentralización), Adalberto Gabaldón (Ambiente), Mariano Briceño Yépez (Mindur), y Ramón Espinoza (Secretaría de la Presidencia).

Aunque los nuevos ministros económicos - Silva en Hacienda, Pérez Mijares en Fomento y Anzola en Cordiplan - no tengan pensado regresar al pasado, sí habrá cambios importantes en el programa económico, y algunos de estos cambios podrían afectar a la integración comercial con Colombia y otros países, según opinan algunos observadores.

Mientras el Presidente Velásquez se esfuerza por alcanzar un cierto grado de estabilidad en Venezuela, las elecciones presidenciales trabajan en su contra. Estas elecciones serán distintas a todas las demás en la historia democrática de Venezuela. Por primera vez, hay cuatro candidatos, ninguno de los cuales tenía más del 25% de las intenciones de voto a principios de junio, entre un electorado donde la cuarta parte de los votantes está indecisa actualmente, alrededor del 55% no se identifica con ninguno de los partidos políticos, y por lo menos la mitad piensa seriamente en no acudir siquiera a las urnas. Cualquiera de los cuatro candidatos podría ganar estas elecciones, y todos ellos podrían perder.

Es probable que el próximo presidente sea electo por un margen del 30-35%. Si el ausentismo llega hasta un 50%, eso significa que el próximo presidente podría ser designado apenas por el 18% de la población electoral, y su gobierno carecería de legitimidad popular desde el inicio. El país podría resultar ingobernable a corto plazo, prolongándosela crisis política.

Las implicaciones de la crisis política en Venezuela son obvias. Las relaciones entre Venezuela y Colombia serán más frías en un futuro previsible. El enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez, y las elecciones presidenciales programadas para diciembre próximo, han interrumpido un proceso de cuatro años de integración diplomática y económica que ha generado importantes beneficios para ambos países, hasta ahora.

La integración con Colombia era una de las prioridades personales de Pérez, pero se estima que el Presidente Velásquez deje de lado a Colombia mientras intenta estabilizar la situación política en Venezuela, de modo que las elecciones de diciembre puedan realizarse en forma pacífica.

En el área de las relaciones diplomáticas, las negociaciones de las comisiones especiales fronterizas de ambos países probablemente quedarán suspendidas hasta 1994. Sin embargo, dado que Colombia también realizará sus elecciones presidenciales el ano próximo, las negociaciones formales podrían no reanudarse sino hasta 1995, aunque las comisiones negociadoras quizás se reúnan ocasionalmente, para mantener las apariencias.

Velásquez ya ha anunciado que se pospondrán las negociaciones sobre el Golfo de Venezuela hasta después de que Venezuela elija su nuevo presidente. El gobierno de Colombia había previsto la suspensión de conversaciones durante el año de elecciones presidenciales, sugiriéndole a Venezuela que las armadas de ambas naciones deberían patrullar en conjunto el área en disputa del Golfo. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó esta sugerencia, advirtiendo calladamente a Colombia que se mantuviera fuera del Golfo.

El Fiscal General de Venezuela, Ramón Escovar Salom, exacerbó las tensiones llamando a una relación "más institucional, menos personal" con Colombia. También exigió una revisión de todos los acuerdos bilaterales firmados en los últimos cuatro años, instando al Presidente Velásquez a rechazar un decreto controversial que otorga automáticamente la ciudadanía venezolana a los niños nacidos en Venezuela, aún si ambos padres son "indocumentados". Este decreto apunta especialmente a la extensa población colombiana que vive en Venezuela, y muchos colombianos piensan que la posición asumida por Escovar Salom tiene raíces xenófobas.

El Fiscal General de Venezuela también exigió "más información" sobre el estado en que se encuentran las negociaciones secretas entre las comisiones especiales de fronteras, pero algunos sectores de las fuerzas armadas venezolanas estuvieron en desacuerdo, afirmando que la vía más sensata a seguir ahora era la de discreción y' de menor publicidad posible.

En el área de la integración económica, no se espera que el Presidente provisional de Venezuela revierta lo logrado hasta la fecha, pero la consolidación de las relaciones económicas bilaterales podría interrumpirse hasta que un nuevo gobierno electo inicie su gestión el año próximo. El crecimiento del comercio bilateral podría ser más lento este año de lo que se esperaba hace unos meses, pero no deberían haber interrupciones importantes en el flujo bilateral de productos.

Si se confirma la presidencia de Miguel Rodríguez Mendoza en el ICE, sería posible mantener encarriladas las diversas negociaciones comerciales que está instrumentando actualmente Venezuela con Colombia, el resto del Pacto Andino, Centroamérica, Caricom y el G-3. Sin embargo, está claro que la continuidad del proceso de integración económica regional, iniciado en 1989 por el gobierno de Pérez, se verá interrumpido durante los próximos 12-24 meses, mientras se realizan los procesos electorales en Venezuela y luego en Colombia.
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