| 6/9/2014 7:00:00 AM

Rajados en seguridad social

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó su Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-15 el cual señala que solo el 27% de la población global tiene acceso a sistemas de seguridad social integrales.

Aunque desde el año 1948 la comunidad internacional acordó como derecho humano universal la seguridad social y el cuidado de la salud de los niños, de las personas en edad de trabajar, de quienes enfrentan el desempleo o sufren lesiones y de las personas mayores, la realidad sigue siendo lamentable.

Más del 70% de la población mundial se encuentra desprotegida y esta falta de acceso a la protección social constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico y social, apunta el Informe. Igualmente, afirma que solo el 12 % de los trabajadores desempleados en el mundo reciben realmente prestaciones de desempleo.

En materia de salud la situación es crítica para los países de bajos ingresos, ya que más del 90% de su población vive sin ningún derecho de cobertura de la salud. En todo el planeta, el 39% de la población carece de tal cobertura, como consecuencia cerca del 40% de todo el gasto mundial en salud recae directamente en el enfermo.

Otro dato interesante que revela el estudio de la OIT es que existe un déficit global de 10,3 millones de trabajadores de la salud que se requieren para garantizar que todos los que se encuentren en situación de necesidad reciban servicios sanitarios de calidad.

“Esta laguna y unos salarios de los trabajadores de la salud a menudo cercanos a la pobreza están bloqueando el progreso hacia una cobertura universal de la salud”, concluye.

En cuanto a las pensiones de ancianidad, el 49% de todas las personas mayores de la edad de jubilación no recibe una pensión y muchos de los que sí tienen una, los niveles de lo que reciben son tan bajos que pueden dejarlos muy por debajo de la línea de la pobreza.

Según Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, desde el año 2010, numerosos gobiernos han disminuido sus inversiones en medidas de protección social justo cuando son más necesarias, ya que la protección social es primordial para reducir la desigualdad y la pobreza.

En el mundo, los gobiernos asignan solo 0,4% del PIB a las prestaciones familiares y para los hijos, con un gasto que oscila entre 2,2% en Europa Occidental y 0,2% en África y Asia/Pacífico. Cada día alrededor de 18.000 niños mueren y muchos de estos fallecimientos podrían ser evitados a través de una protección social adecuada.

En Colombia, para el último año con información disponible, 2010-2011, el gasto total público de protección social y de la salud representa el 10,49% del PIB.

El informe explica que durante la reciente crisis financiera y económica mundial se evidenció la función polivalente que la protección social desempeña en las economías y las sociedades.

Entre los años 2008-2009, al menos 48 países de ingresos altos y medianos adoptaron paquetes de estímulo por US$2,4 billones (millones de millones), de los cuales una cuarta parte aproximadamente fue dedicada a las medidas de protección social

“Este apoyo actuó como un estabilizador automático que ayudó a las economías a recobrar el equilibrio y protegió a las personas desempleadas y vulnerables del debacle económico en los países más afectados”, indica el documento de la OIT.

Sin embargo, en la segunda fase, desde 2010 en adelante, muchos gobiernos invirtieron el curso y emprendieron prematuramente la consolidación fiscal, pese a la necesidad urgente de seguir apoyando a la población vulnerable y de estabilizar el consumo.

“Al menos 122 gobiernos están reduciendo el gasto público en 2014, de los cuales 82 están en países en desarrollo”, aseguró Isabel Ortiz.

Además de reducir la pobreza y las desigualdades, la protección social estimula el crecimiento inclusivo al mejorar la salud y fortalece la capacidad de los sectores más vulnerables de la sociedad, incrementa su productividad, apoya la demanda interna y facilita la transformación estructural de las economías nacionales, recalca el Informe.
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