| 11/1/1995 12:00:00 AM

RELACIONES AL GARETE

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia siguen mal y las perspectivas no son que mejoren.

La apreciación que tiene Washington de la crisis política en Colombia es simple y al grano: la campaña del presidente Ernesto Samper en 1994 aceptó millones de dólares en contribuciones ilegales del Cartel de Cali. Si Samper sabía de esto o no, no es pertinente para Estados Unidos. En Estados Unidos no se le permitiría permanecer en su puesto a ningún presidente elegido si se demostrara que su campaña habría recibido dinero de narcotraficantes y criminales profesionales.

Ninguna cantidad de dinero gastado por el gobierno colombiano para pagar abogados costosos, compañías de relaciones públicas o "latinoamericanistas", va a hacer diferencia alguna para mejorar la imagen de Samper. Si la comisión del Congreso colombiano que investiga los cargos contra el presidente lo absuelve y Samper continúa siendo presidente, la imagen de Colombia como una "narcodemocracia" se consolidaría aún más. En tales circunstancias, las relaciones de Colombia con los Estados Unidos serían frías y distantes para lo que queda de la presidencia de Samper y las oportunidades para avanzar en materia de negociaciones comerciales, o inclusive para no retroceder, serían cero.

El punto de vista oficial del Departamento de Estado es que Colombia es un amigo valioso y un aliado en la guerra contra las drogas. Sin embargo, en forma privada, los funcionarios siguen muy escépticos sobre el compromiso de Colombia para derrotar a los carteles de la droga.

"En el fondo de sus corazones", dice un veterano L r que lleva 17 años en el Departamento de Estado y quien recientemente pasó varios años en Colombia y otros países andinos, "los colombianos, mexicanos y otros latinoamericanos no le ven nada malo al tráfico de drogas. Lo consideran como un buen negocio y como un problema de los gringos. Las élites políticas y económicas dominantes no lo ven como una amenaza a la seguridad nacional. Los grandes capitalistas y jefes de partidos están más preocupados por las guerrillas y los sindicatos que por los traficantes".

Este funcionario acepta, sin embargo, que Colombia da en el clavo cuando reclama que la demanda de cocaína y heroína de los Estados Unidos es lo que empuja la producción de droga en América Latina. "Los latinoamericanos tienen razón en esto. La demanda de droga de los Estados Unidos siempre impulsará el mercado. Para cortar la producción en forma significativa en Colombia, México y otros países, tenemos que mermar la demanda en los Estados Unidos. Todo lo que estamos ensayando ahora -aviones AWACS sobre los Andes, radar de muy largo alcance, rastreo por satélite e intercepciones de comunicaciones- es inútil y una pérdida de dinero. Nada de esto

funciona. Sin embargo, la gente que aboga por la legaliza ci n de las drogas tampoco acierta. Ya tenemos suficientes problemas con el alcohol.

La legalización de las drogas sería una pesadilla social. Todos los países que han legalizado las drogas consideran que el experimento como un fracaso que ha producido más adictos y que no ha reducido la actividad criminal alrededor del comercio de la droga".

as fuertes opiniones acerca de Colombia y de Ernesto Samper, expresadas por más de una docena de funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, la administración y las agencias policivas

contrastan en forma aguda con la total confusión en los círculos políticos de Washington acerca de qué se debe hacer. Literalmente, dependiendo del día de la semana en que estén, el debate va de la legalización de la droga a la pena de muerte, y de la educación a las acciones de control. Todo el mundo está de acuerdo en que la guerra contra la droga no está funcionando, pero a nadie parece ocurrírsele ideas frescas.

"Es equivocado llamar esto una guerra contra las drogas. Esto no es una guerra", explicó el funcionario del Departamento de Estado. "Se trata de unas 200 agencias para reforzar la ley, descoordinados y tropezándose por todos los lados, y un poco de países latinoamericanos a los que no les importa el problema porque consideran que no es problema de ellos. Sólo hacen lo correcto cuando los Estados Unidos los empuja a hacerlo, pero en este momento los Estados Unidos no están empujando a nada. Nadie sabe lo que ellos están haciendo, porque no hay nadie en la administración Clinton que coordine una estrategia y que la supervise y dirija. El problema más grande es que la política antidroga no es una prioridad para la administración Clinton. Hay mucha retórica, pero ningún compromiso político de parte de nadie de un rango mayor al del asistente del secretario de Estado."

Edwin Meese, antiguo fiscal durante los años de Reagan y ahora un distinguido miembro de The Heritage Foundation en Washington, está de acuerdo en que la política antidrogas "no ha sido una gran prioridad para este gobierno. La administración Clinton ha debilitado nuestras políticas antidrogas internacional e internamente y estamos pagando el precio en términos de un aumento en el uso de las drogas de parte de los niños de Estados Unidos y un aumento en el tráfico de drogas en Colombia y México".

La conducta de la política interna antidroga, señaló Meese, es un reto delicado y con frecuencia frustrante. "Hay mucho más en nuestras relaciones con otros países, como Colombia y México, que sólo drogas y derechos humanos. Necesitamos gobiernos dispuestos a cooperar, pero también tenemos que tener en cuenta cuatro realidades. Primero, la falta de capacidad de estos gobiernos para combatir el narcotráfico. Segundo, la corrupción. Tercero, la resistencia pública de parte de la mucha gente que se gana la vida con el tráfico de drogas. Y cuarto, la natural antipatía que muchos latinoamericanos sienten hacia los Estados Unidos, un factor psicológico de mucha importancia cuando se aborda temas como el de las drogas y la inmigración".



¿POLÍTICA ANTIDROGA? ¿CUAL POLÍTICA ANTIDROGA



Durante los últimos quince años, guerra de los Estados Unidos contra la droga ha sido parecida a la que luchó en Vietnam. El progreso se mide "contando cabezas": cuántas toneladas se incautan, cuántos laboratorios son destruidos, cuántas cosechas erradicadas, cuántos traficantes arrestados, cuántos bienes confiscados, etc. Sin embargo, la producción de la droga alrededor del mundo ha aumentado sin interrupción durante este período y los primitivos carteles de los setenta se han reemplazado por sofisticadas empresas criminales internacionales cuya riqueza se invierte en influencia política y protección. Aunque lo anterior es más evidente en Colombia y México, Brasil podría estar tomando ya ese rumbo. Las agencias que están peleando la guerra de la droga celebran sus éxitos en sus informes anuales, demostrando que el dinero que recibieron fue bien gastado, pero siempre piden más y más que el año anterior porque el flagelo de la droga continúa aumentando.

Desde 1950, Estados Unidos ha gastado más de US$100 mil millones en la guerra contra las drogas sin mayores logros. Durante ese período de 15 años, la producción mundial de drogas ha aumentado y se ha diversificado. Por ejemplo, los colombianos ahora cultivan su propia mata de amapola y fabrican su propia heroína. La marihuana se ha convenido en el cultivo para la venta más grande de Estados Unidos. Los mexicanos controlan el 100% del mercado de anfetaminas en los Estados Unidos, el cual anteriormente pertenecía a pandillas de motociclistas fuera de la ley, como los "Hell's Angels" y los "Gipsy Jokers". Los mexicanos también han surgido como distribuidores indispensables en el comercio de la droga, recibiendo los envíos de los colombianos en Centro América o en el sur de México y transportándola a los Estados Unidos para distribuirla en gran escala a clientes entre los cuales se encuentran las células que trabajan para los carteles colombianos y mexicanos en 30 estados, incluyendo Alaska.

Sucesivos presidentes de los Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta Bill Clinton, se han comprometido a erradicar el tráfico de droga y su consumo, junto con la muerte, el crimen violento, las vidas destruidas y las familias quebrantadas relacionadas con este negocio. Sin embargo, en la práctica, las drogas han sido un asunto marginal en la política exterior norteamericana durante los últimos veinte años.

Las sumas inmensas que Estados Unidos ha gastado en la guerra contra la droga no han producido un éxito duradero internacionalmente, aunque las administraciones Reagan y Bush sí lograron reducir el consumo durante los años ochenta y a comienzos de los noventa. Estas políticas combinaban programas de fuerte interdicción internacional con una firme imposición de la ley a nivel doméstico. Sin embargo, en 1993 Clinton disminuyó el énfasis en la interdicción y el refuerzo de la ley y puso mayor énfasis en el tratamiento. El consumo de droga entre los adolescentes estadounidenses ha venido en el aumento desde ese entonces. Recientemente, las autoridades de los Estados Unidos reconocieron, por primera vez, que el uso de la marihuana está aumentando entre niños tan pequeños como de cuarto grado de primaria, o sea, de 10 años. Recientemente, en una redada antidroga de la policía de Baltimore, Maryland, atraparon a un niño de 10 años que les estaba vendiendo cocaína "crack" a sus compañeros de clase.

Los candidatos republicanos van a hacer de las drogas uno de sus temas candentes en la campaña presidencial de 1996. Ellos perciben, y con razón, que la administración Clinton es vulnerable en el tema y que pueden complacer a centenares de grupos de intereses especiales orientados hacia la familia, como la Coalición Cristiana. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan políticas antidrogas más fuertes en su propio país y quieren que el flujo ¡legal de la droga hacia los Estados Unidos se suspenda. Colombia y México sentirán el calor durante la campaña. Sin embargo, mientras que probablemente habrá mucha retórica antidroga, una vez pasen las elecciones las cosas pueden no cambiar mucho.

Si Clinton es reelegido, su indiferencia hacia la política antidroga probablemente no va a cambiar y si gana un republicano, la forma como se peleará la guerra probablemente tampoco va a cambiar. El único lugar donde podría ocurrir algún cambio sería en el Congreso, donde los legisladores republicanos claramente son de dos opiniones acerca de las drogas.

Newt Gingrich dijo recientemente que patrocinaría una ley que impusiera la pena de muerte a cualquier persona atrapada trayendo "cantidades comerciales" de drogas ¡legales a los Estados Unidos. Sin embargo, Gingrich también se opone fuertemente a mezclar el comercio con la política antidroga. Como la mayoría de los republicanos, está orientado hacia el comercio. William Bennett es otro republicano prominente que defiende más la represión en la guerra contra la droga, pero no el uso del comercio como instrumento en la política antidroga. El senador Paul Coverdell, el segun-do republicano en el Comité de Relaciones Exteriores, también quisiera mantener los asuntos de comercio separados de la política antidrogas. Sin embargo, Coverdell cree que el crimen organizado y el tráfico de drogas presentan la mayor amenaza para la expansión del comercio y para la integración económica entre los Estados Unidos y América Latina.

El senador Charles Grassley, quien preside un comité político especial antidroga al cual le toca refinanciación en el año fiscal de 1997, está menos dispuesto a apoyar el libre comercio que Coverdell y piensa asumir una línea fuerte en el tema. Y, naturalmente, siempre está el senador Jesse Helms, el venerable cascarrabias de Carolina del Norte que se opone al NAFTA y que no quiere a México ni a Colombia. "Jesse nunca va a soltar el tema de la droga", dijo uno de los funcionarios del senador.



DROGA Y COMERCIO

A los republicanos "internacionalistas" no les gusta utilizar el comercio como arma para lograr objetivos políticos. Lo aceptan a duras penas en el caso de países como Cuba, Nicaragua, Libia, Iraq y Corea del Norte. Todos estos son países "enemigos", naturalmente, mientras que Colombia no lo es.

Sin embargo, en la agenda post guerra fría, las drogas y la corrupción están logrando más preeminencia en el Congreso. Moralmente, este Congreso republicano aborrece las drogas y la idea de que Colombia "provee el 8O% del consumo de cocaína de los Estados Unidos" está permanentemente empotrada en sus mentes, gracias a CNN y a Hollywood. Es más, muchos republicanos anti-Castro están permanentemente enojados por los frecuentes llamados de Colombia a levantar el embargo de Estados Unidos contra Cuba comunista. Colombia puede tener una de las economías más dinámicas de América Latina, pero las drogas son la fuerza motor de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. En algún momento, muchos líderes republicanos que se oponen a mezclar el comercio con asuntos no comerciales pueden concluir que tal vez en el caso de Colombia, no hay manera de separar las drogas del comercio.

La dinámica política en Washington no favorece a Colombia. A corto plazo, si el presidente Samper es absuelto, Colombia debería esperar una reacción de parte del Congreso de los Estados Unidos, posiblemente hacia la fecha límite para la próxima certificación, el lo. de marzo de 1996, a sólo cuatro meses de ahora. El punto es que la absolución de Samper por el Congreso de Colombia sería tomada en Washington como un encubrimiento, Legisladores como Helms y Coverdell están convencidos de que la financiación de la campaña de Samper por los narcos es sólo la punta del iceberg. Como Pallomari, el antiguo tesorero del Cartel de Cali, está en poder del gobierno de los Estados Unidos, su testimonio tendrá más credibilidad para los legisladores estadounidenses. Si los líderes del Cartel de Cali ahora en la cárcel reciben sentencias leves y se les permite que conserven sus haberes y propiedades financiados por la droga, la credibilidad de Colombia y su imagen frente al Congreso de los Estados Unidos se hundirán aún más.

A más largo plazo, si no se desarrolla un nuevo paradigma para la guerra contra la droga, éstas seguirán siendo el motivo principal de las relaciones entre los dos países. Si bien esto se comprende en Colombia, los colombianos suponen equivocadamente que el problema de su país en Washington es principalmente de imagen. Entonces contratan firmas de relaciones públicas y a gente especializada en hacer "Iobbying" para manejar campañas de corta vida en los medios y organizar almuerzos con grupos de pensadores y en lugares como el University Club. En reunión tras reunión, los colombianos enfatizan las ventajas económicas y comerciales de asociarse con ellos.

Pero cuando se habla de Colombia el asunto de la droga es el primero en la mente de todo el mundo, aunque no se hable de él, porque nadie quiere causar una ofensa innecesaria al señalar lo más obvio. En el Congreso, Colombia es sinónimo de droga, no de comercio. Estas percepciones negativas acerca de Colombia, profundamente ofensivas y dolorosas para el pueblo colombiano, se han agravado en el último año por el escándalo de la narco-elección de Samper y por la caja de Pandora de la corrupción narco-política expuesta por los mismos investigadores colombianos. Los colombianos quieren que el comercio sea la fuerza motriz en las relaciones de su país con los Estados Unidos. A la administración Clinton y al liderazgo republicano en el Congreso les gustaría también, pero hasta los republicanos recalcitrantes que apoyan la expansión comercial con Colombia se dan cuenta de que es virtualmente imposible ganar la aprobación del Congreso del tratado NAFTA con Colombia. La administración Clinton adoptará una línea dura con Colombia también con miras a la elección presidencial dentro de un año.



¿QUIÉN DA EL PRIMER PASO?



No lo van a dar los Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses están esperando a ver cómo Colombia resuelve el escándalo narco-político que rodea al presidente Samper y a muchos otros funcionarios del gobierno y miembros del partido liberal gobernante. Para Washington, las entrañas de la narco-democracia cancerosa de Colombia han sido expuestas y está en manos de los colombianos cumplidores de la ley y democráticos el recuperar el control de las instituciones gubernamentales. "Es asunto de Colombia", dijo el senador Helms en agosto a un reportero de Televisa, "para ser resuelto por los colombianos". El senador sonreía cuando hablaba, evidentemente satisfecho, de que su recelo de tiempo atrás acerca de Samper había sido confirmado.

Si Colombia quiere restaurar las relaciones con Estados Unidos y basar esas relaciones en el comercio y no en las drogas, debe tratar el problema inmediato de la presidencia desacreditada de Samper y la narco-corrupción generalizada en el Congreso colombiano. Más allá de eso, si Colombia espera una respuesta seria de parte de Estados Unidos a sus demandas de una "solución internacional" al problema de la droga, la prohibición constitucional a la extradición tendrá que ser reconsiderada. Las respuestas unilaterales de Colombia a estas preocupaciones de los Estados Unidos durante el próximo año podrían pavimentar el camino hacia una mejoría en las relaciones con Washington después de las elecciones de 1996.

Desde el punto de vista de los Estados Unidos, una "solución internacional" como la que proponen los gobiernos de Colombia y México tendría sentido sólo si las reglas del juego son definidas principalmente por los Estados Unidos. ¿Y qué quieren los gringos? Para comenzar, derechos de extradición para que los criminales profesionales como los hermanos Rodríguez Orejuela puedan ser juzgados en las cortes de Estados Unidos y enviados para siempre a una prisión federal de máxima seguridad. La razón por la cual Estados Unidos está tan empeñado en el asunto de la extradición es que tienen fuertes dudas acerca de la honestidad y transparencia de la justicia en Colombia y otros países latinoamericanos.

La extradición es sólo una pieza del rompecabezas. Si Colombia le ofreciera a los Estados Unidos un pacto de extradición en un esfuerzo por cambiar los términos básicos de las relaciones entre ambos, es posible que los funcionarios estadounidenses pidan más concesiones: por ejemplo, niveles de sentencia obligatorios en Colombia similares a los utilizados por el gobierno federal de los Estados Unidos, leyes fuertes contra el lavado de dinero y que faciliten la confiscación de bienes, más amplitud para llevar a cabo los trabajos de inteligencia de los Estados Unidos y las operaciones policivas en el territorio colombiano, etc.

En última instancia, el mayor obstáculo para una solución internacional puede provenir de los Estados Unidos. La droga se está convirtiendo en un asunto más prominente en el Congreso, según le dijo a DINERO un funcionario republicano del Senado, pero la mayoría de los congresistas que expresan cualquier interés están todavía buscando soluciones rápidas y fáciles.

Sin embargo, el oficial aceptó que después de las elecciones presidenciales, cuando el comercio vuelva a surgir en el radar del Congreso en 1997, las drogas serán un asunto de mayor importancia que ahora. "Creo que se van a ver más miembros del Congreso, en la Cámara y en el Senado, mirando más de cerca las negociaciones de comercio de la administración con otros países y haciendo más preguntas acerca de asuntos no relacionados con el comercio, como el tráfico de drogas, corrupción e inmigración. En el caso de países como Colombia, es obvio que las preguntas acerca de drogas surgirán siempre que se lleven asuntos comerciales a la atención del Congreso. Los colombianos probablemente pensarán que esta actitud refleja un prejuicio del Congreso contra su país, lo cual en parte es cierto, pero también refleja el estado de ánimo de este Congreso republicano. Y parece que los colombianos todavía no se han dado por enterados".
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