Quién gana y quién pierde con las cifras argentinas

El FMI anunció que le dará al país sudamericano hasta diciembre para corregir los cuestionados datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). "(Argentina) ya tiene una tarjeta amarilla. Ahora le toca elegir si también quiere la roja", dijo, utilizando jerga futbolística. A lo que el gobierno argentino respondió el martes rechazando con vehemencia los cuestionamientos.

Desde enero de 2007 el gobierno argentino mantiene intervenido el Indec, tras haber removido toda su cúpula. Economistas locales han cuestionado desde entonces algunas de las cifras que aporta ese organismo, en particular el llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación. Según los cálculos privados, Argentina tiene una inflación anual del 24%, la segunda más alta de América Latina después de Venezuela. Sin embargo, el Indec estima que el alza de precios anual es menor al 10%.

En 2011, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empezó a multar con cifras de hasta US$120.000 a las consultoras privadas que publican los datos de inflación, una medida que podría extenderse ahora a las asociaciones de defensa del consumidor. No sólo personas y organismos argentinos alegan la falsedad de los datos oficiales: en febrero pasado la prestigiosa revista británica The Economist publicó un artículo titulado "No me mientas, Argentina", en la que explicó por qué decidió dejar de publicar las estadísticas del Estado argentino. "Estamos cansados de ser parte de lo que parece ser un deliberado intento de engañar a votantes y estafar a inversionistas", fue una de las duras frases que utilizaron.

Rechazo oficial
A pesar de las críticas, el gobierno niega que exista una manipulación de las cifras. Las autoridades incluso se han mostrado reacias a aceptar que existe un problema de inflación en el país. Durante las pocas referencias que hizo al tema, la presidenta Fernández de Kirchner acusó a los medios críticos y a la oposición de fomentar la especulación y el alza de precios a través de la difusión de información falsa.

No obstante, a finales de 2010 la mandataria invitó a una delegación de técnicos del FMI para que colaboren con el gobierno en la elaboración de un nuevo IPC.

Los resultados infructuosos de ese trabajo llevaron a que ahora el organismo le dé plazo hasta el 17 de diciembre a Argentina para "alinear la inflación con las estadísticas internacionales". "Las declaraciones de las autoridades argentinas este fin de semana son auspiciosas para continuar trabajando juntos con Argentina", dijo Lagarde el lunes, en una señal de optimismo tras advertir sobre la posible "tarjeta roja".

¿Quién gana?
Ante el silencio de las fuentes gubernamentales, que se rehúsan a hablar del tema, los expertos sólo pueden especular sobre los motivos que han llevado al gobierno a desvirtuar las cifras de inflación y de crecimiento. The Economist dejó en claro su visión: "Al mal informar sobre el comportamiento de los precios se ha estafado por miles de millones de dólares a quienes poseen bonos cuyo rendimiento está atado a la inflación", aseguró.

En efecto, más del 20% de la deuda pública argentina está en forma de papeles cuya ganancia varía según la inflación, por lo que el Estado debió pagar mucho menos al calcular el alza de precios según las estadísticas oficiales.

Sin embargo, no todos creen que la manipulación de las estadísticas ha beneficiado al gobierno. "La mayoría de los bonos atados a la inflación están en manos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por lo que el Estado en realidad se debe a sí mismo", afirmó Nicolás Bridger, de la asesora financiera Prefinex.

Por otra parte, Bridger explicó que al sobrevaluar la tasa de crecimiento del país el gobierno también se vio forzado a pagar más a los bonistas cuyos papeles estaban atados al Producto Interno Bruto (PIB), y eso compensó el dinero ahorrado por subestimar la inflación.

La teoría del economista es que el gobierno intervino el Indec en 2007 con la intención de disimular las cifras reales de inflación en un año electoral, una estrategia que luego se fue de mano.

¿Quién pierde?
Lo curioso del caso argentino es que si bien el gobierno sigue defendiendo las cifras de inflación oficiales, en lo que hace al resto de la economía se maneja con los datos informales. Así, año a año, el Estado ha actualizado los salarios, las jubilaciones y la asistencia social en más del 20%, en línea con la inflación real. De esta forma, algunos argumentan que no ha habido un sector particularmente perjudicado por la actual política de estadísticas.

Sin embargo, expertos como Bridger destacan que la falta de transparencia en las cifras ha golpeado fuertemente la credibilidad del país. "Desde 2007 que Argentina no ha logrado colocar un solo bono en el mercado internacional", destacó el economista.

La mala imagen de Argentina se ve reflejada en el llamado índice de "riesgo país", que mide cuán riesgosa es una inversión allí. El riesgo país de Argentina actualmente es de 900 puntos, mientras que el de su vecino Brasil es de 200. En 2007 ambas naciones tenían el mismo riesgo país.