| 5/3/2011 5:20:00 PM

Posible ley antiinmigrante amenaza al turismo en Miami

Florida se prepara para debatir una polémica ley antiinmigratoria que podría aumentar los controles sobre los indocumentados y sacudir la economía de ese estado sureño de EE.UU.

La norma propone pedir la verificación del estatus migratorio de quienes soliciten beneficios públicos o sean arrestados por presuntos crímenes, pero muchos temen que además vaya a tener efectos sobre la agricultura, la hotelería y otras industrias que dependen mayoritariamente de la mano de obra migrante.

El proyecto, conocido como SB2040, generó manifestaciones de repudio en las afueras del edificio legislativo estatal, ubicado en la ciudad de Tallahassee, lo que ha llevado al senado, de mayoría republicana, a postergar la sesión para este martes.

Leyendas de "Nosotros también somos Estados Unidos" y "¿Los padres fundadores tenían papeles?", en manos de decenas de niños y activistas a favor de los indocumentados, fueron parte de una protesta pacífica de quienes alegan que no quieren ver a Florida "convertida en otra Arizona".

Es que la norma se ha inspirado en parte en la muy discutida Ley de Arizona, aprobada en abril de 2010, que marcó una escalada en el debate migratorio en el país (aun cuando varias de sus cláusulas no han entrado en vigor, bloqueadas por tribunales federales).

La propuesta floridana incluye el uso del sistema E-verify, por el que podría ser obligatorio cotejar con bases de datos federales si un potencial empleado posee permiso de trabajo, un procedimiento que hoy se realiza -según estiman distintas organizaciones empresariales- en sólo 4% de las contrataciones.

Oposición empresarial
Los críticos alegan que, en la práctica, la ley convertiría a un empresario en un agente de inmigración, obligado a reportar irregularidades y sujeto a castigos en caso de avalar el empleo ilegal. Afectaría particularmente a los negocios que dependen de los trabajadores estacionales, muchos de los cuales son hispanos e indocumentados.

No es casual que las cámaras de comercio hayan alzado la voz: lo que está en juego es una economía que mueve US$737.000 millones al año, según un informe de la Fundación de la Cámara de Florida (FCF), en una jurisdicción con una población de indocumentados de al menos 700.000, de acuerdo al Instituto de Políticas de Migración, sólo detrás de California y Texas.

Según el estudio de la FCF, al que tuvo acceso BBC Mundo, es la "tríada económica" en la que se basa la economía de Florida la que está en peligro: agricultura, construcción y turismo. En conjunto, los tres sectores emplean a casi un millón y medio de personas y representan el 12% del producto interno bruto estatal.

"Los inmigrantes llegados aquí se ocupan fundamentalmente en estas industrias: 25% de los agricultores no son estadounidenses de nacimiento, así como 19% de los paisajistas y jardineros y 17% de los trabajadores de la construcción", señala el documento.

Las proyecciones de la consultora financiera Perryman Group anticipan que, si todos los extranjeros indocumentados fueran deportados, Florida perdería ingresos por US$43.000 millones y más de 262.000 puestos de trabajo.

¿Destino indeseable?
Pero es la perla del "estado del sol" lo que más preocupa: la industria del turismo, que ha convertido a las playas de Florida en un destino apetecible tanto para vacaciones como para eventos corporativos.

Los alcaldes de la región, consultados por BBC Mundo, creen que la imagen de un estado poco amigable con los extranjeros puede afectar la llegada de los 80 millones de visitantes que llegan cada año y han llamado a los legisladores a votar en contra de las propuestas. "Estoy muy preocupado por estas leyes al estilo de Arizona en nuestra legislatura. Si alguna se aprueba, va a ser devastador para el turismo, la seguridad pública y la calidad de vida", señaló Tomás Regalado, responsable del municipio de Miami. "Nuestra ciudad y nuestro estado son así de vibrantes porque hemos tenido la habilidad de absorber y reflejar lo mejor de las culturas de nuestros residentes y visitantes", agregó su par de Miami Beach, Matti Herrera.

Reforma necesariaSin embargo, quienes se oponen a la SB2040 no descartan la necesidad de revisar el sistema migratorio, aunque alegan que debería ser una transformación de fondo encarada a nivel federal.

Temen, ante todo, convertirse en un caso aislado como Arizona, donde la Asociación Hotelera reconoció pérdidas por US$15.000 millones en los cuatro meses que siguieron a la firma de la ley.

Allí, distintas organizaciones se reunieron para decir "basta": crearon la "Coalición de la Arizona Real" para –según dicen- "recuperar el control del destino del estado" y desviar la conversación a cuestiones como la creación de empleo o las ventajas competitivas del estado, para volver a ponerlo en el mapa de turistas e inversores.

Florida quiere evitarse ese dolor de cabeza y atender a las consecuencias económicas de los proyectos de leyes migratorias: no sólo por el impacto social sino por los balances financieros de la cuarta economía más grande dentro de Estados Unidos.

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