OYE CHICO, NO CULPES A CAP

Caracas Quien esté aguardando por un mejor clima político antes de invertir en Venezuela podría tener por delante una espera más bien prolongada. La crisis política podría persistir durante toda la década de los años 90. Sería demasiado simplista atribuir la crisis de Venezuela a las políticas neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez, o a la supuesta corrupción presidencial, tal como los enemigos políticos del presidente están tratando de hacer ante la Corte Suprema de justicia.

La crisis de Venezuela surgió del hecho de que ya ha caducado el viejo modelo de desarrollo basado en el petróleo, el paternalismo centralizado y el compadrazgo político. Pero su agotamiento no ha sido aceptado por el estamento político tradicional que prosperó durante más dé tres décadas bajo las antiguas reglas de juego. Resolver esa crisis no será rápido ni fácil.

La mayor piedra de tranca para la continuidad de la reforma económica y política ha sido el Congreso, cuyos integrantes llegaron todos allí mediante el sistema de elección por planchas hace cinco años, en un país en el que los electores están exigiendo hoy día elecciones uninominales directas.

No obstante, el mensaje que muchos dirigentes políticos han proyectado a la población de Venezuela en las últimas semanas es que la dimisión del presidente o un antejuicio de mérito en su contra sería la solución a la crisis del país. Aún no está claro si el pueblo venezolano ha aceptado ese argumento, pero la gente está molesta con los políticos en general, y especialmente con Pérez, quien, después de todo, es la cabeza de un estado tradicionalmente presidencialista y altamente centralizado, de manera que el pueblo no protestaría por una salida prematura del poder. La pregunta central de este escenario es: ¿que ocurrirá después de Pérez?

Independientemente de quién asuma la Presidencia de Venezuela, esa persona tendrá que habérselas con un déficit fiscal estructural que ha hecho aumentarla inflación a un nivel anual de 30% en los últimos años, y la urgente necesidad de reformar servicios esenciales prestados por el sector público, incluyendo seguridad pública, cuidados de salud, transporte, educación y acueductos. Ambos temas, la reforma fiscal y los servicios públicos, van inextricablemente unidos al petróleo.

El gobierno espera reducir su déficit fiscal del 6,2% del PIB del año pasado a 3,4% en 1993, y hacer bajar la inflación a 2528%, mediante drásticas reducciones en el gasto. La inactividad legislativa desde enero ha impedido aprobar una ley especial de crédito público y nuevos impuestos propuestos a las ventas y a los activos empresariales, que fueron solicitados hace seis meses por el Ministerio de Hacienda. Los recortes en el gasto público permitirían al gobierno alcanzar sus objetivos para 1993, pero persiste un enorme agujero estructural para 1994 que el nuevo gobierno deberá llenar.

Los críticos del gobierno arguyen que para eliminar el déficit fiscal y reducir las presiones inflacionarias, el gasto público debe ser recortado y la nómina del sector público debe ser reducida. Esto es cierto, pero resulta hasta cierto punto engañoso. El gasto público es mucho menor hoy día que hace cuatro años en términos reales y, para este año, las reducciones en el gasto impuestas al gobierno por la renuencia del Congreso a aprobar nuevos impuestos o una ley especial de crédito público, tendrán un impacto brutal en la prestación de servicios públicos, de por sí ya trágicamente deficientes.

Más aún, liquidar un gran número de trabajadores del sector público es financieramente costoso y políticamente difícil. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), controlada históricamente por AD, ha basado mucho de su poder político en su profundo control de los sindicatos del sector público, y hará todo lo que esté a su alcance para obstaculizar el despido masivo de trabajadores y empleados del sector público. El aspecto financiero es aún más complejo, y potencialmente explosivo. Se estima que el Estado venezolano adeuda a sus 1.300.000 trabajadores alrededor de US$ 12.500 millones en prestaciones retroactivas acumuladas. Eso equivale a un año de importaciones, a alrededor de

130% de las reservas internacionales netas de la nación, a alrededor de 14 meses de exportaciones de petróleo a los precios actuales y es casi cinco veces más que el total de las exportaciones no tradicionales correspondientes a 1992.

El aspecto explosivo de esta deuda, que con. toda seguridad se convertirá en un importante asunto político en la década de los 90, es que no está registrada en las cuentas consolidadas del gobierno y que no hay fondos de reserva para pagarle a los trabajadores del estado las prestaciones a las que legítimamente tienen derecho.

En cualquier caso, la solución al déficit fiscal de Venezuela reside en gastar menos, pero también en generar más ingresos. Esto puede lograrse en parte reorganizando las estructuras fiscales del Estado para mejorar los procedimientos de recaudación y hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes de manera más eficiente. El Ministerio de Hacienda está logrando avances en este frente, pero esa es sólo una pequeña parte de la respuesta. Para generar un mayor ingreso fiscal, el gobierno venezolano necesita aumentar sus ingresos tributarios. Pero no existe IVA, la tarifa es renta es baja y los servicios públicos han sido siempre subsidiados.

Tradicionalmente, la fuente de ingresos fiscales más fácil ha sido la industria petrolera. Esa es la razón para que la tasa impositiva sea superior a 80%. Sin embargo, las soluciones fáciles ya no se pueden seguir aplicando. Demasiados años de exacción excesiva han tullido financieramente a PDVSA. El modelo rentista basado en la industria petrolera ha colapsado. Los legisladores venezolanos se enfrentan ahora a la dolorosa realidad de tener que reducir drásticamente el techo tributario de PDVSA, para asegurar el crecimiento y la continua viabilidad de la industria petrolera nacional, mientras, al mismo tiempo, crean nuevas fuentes de ingresos fiscales para el gobierno. No obstante, hasta el momento, la mayoría de los políticos no han aceptado la situación a pesar de una intensa campaña de cabildeo de PDVSA.

Para poder seguir siendo una empresa viable en el Siglo XXI, PDVSA debe invertir más de US$ 40.000 millones durante la próxima década, para ampliar su capacidad de producción del nivel actual de b/d 2.800 millones a b/d 4,2 millones para el año 2002. Eso se debe a que los yacimientos petrolíferos del país se están agotando a una tasa anual de 600.000 b/d, lo que significa que 81% de la nueva capacidad que PDVSA debe agregar hasta el año 2002, es simplemente para mantener la producción petrolífera de Venezuela a sus niveles actuales.

A los costos proyectados actuales, eso también significa que PDVSA debería estar invirtiendo US$ 4.0005.000 millones al año, cuando de hecho está invirtiendo apenas US$ 2.500 millones, buena parte de los cuales provienen de endeudamiento, tan sólo para mantener la capacidad a los niveles actuales. Ejecutivos de la industria reconocen que la capacidad sostenida de producción de Venezuela no ha variado en los últimos tres años, y aún así, PDVSA ha acumulado una deuda externa de US$ 5.000 millones.

PDVSA necesita desesperadamente un sustancial alivio tributario o de lo contrario no alcanzará sus metas de expansión. Ese alivio incluye la eliminación completa del Valor Fiscal de Exportación (VFE), un impuesto sobre los ingresos por exportación de la industria a valores superiores al precio real. El VFE ha sido reducido del 20% a comienzos de 1992 a 16% este año, pero el Congreso no ha tomado medidas sobre una propuesta ley que lo eliminarla gradualmente en los próximos tres años.

Adicionalmente, PDVSA todavía está aguardando una reforma a la Ley de impuesto sobre la Renta mediante la cual se eliminaría el techo tributario para los proyectos de asociación estratégica, de 30% para los que involucran a petroleras, pero de 67% para los ejecutados enteramente por PDVSA.

Para llevar a cabo su programa de expansión, PDVSA (y Venezuela), dependen en la participación patrimonial a gran escala de petroleras extranjeras, lo que hace la reforma fiscal doblemente importante para la industria nacional. Altos ejecutivos de empresas petroleras extranjeras han advertido recientemente que si las condiciones no son las apropiadas, el capital disponible para invertir irá a donde el clima sea más propicio. Alrededor de US$ 15.00018.000 millones del total de inversiones previsto en el plan de expansión de PDVSA sería proporcionado por inversionistas privados.

Mientras Venezuela se enfrenta a una reducida ventana de oportunidad a nivel internacional, tal como advirtiera recientemente Loik Le Floch Prigent, de Elf Aquitaine, las presiones domésticas para abrir la industria petrolera rápidamente son una razón de igual peso para acelerar la expansión de PDVSA. Mantener la capacidad de producción a los niveles actuales podría traducirse en costos de producción progresivamente más elevados para volúmenes crecientes de crudos pesados de menor valor, a medida que declina la capacidad de crudos medianos y livianos con el envejecimiento de los yacimientos petrolíferos tradicionales de Venezuela, y por lo tanto en una reducción constante en los ingresos de divisas y en los ingresos tributarios provenientes del petróleo. El crecimiento anual de la economía caería a 3% o menos, apenas por encima del crecimiento vegetativo.

Por otro lado, dicen ejecutivos de PDVSA, la expansión acelerada de la industria petrolera tendría un fuerte impacto multiplicador en el resto de la economía venezolana, elevando el crecimiento anual del PIB a 46%. Para que PDVSA se pueda expandir, los venezolanos tiene que empezar a pagar impuestos. Pero son los congresistas los primeros que se oponen a ello.