| 11/1/1994 12:00:00 AM

México: el narcosistema

La corrupción en México degeneró en una infiltración del narcotráfico que llega a los más altos niveles del gobierno.

El asesinato del secretario general del partido de gobierno de México, Francisco Ruiz Massieu, ocurrido el pasado 28 de septiembre, es el segundo asesinato político más importante del año en ese país. El ataque es también uno de los literalmente miles de secuestros, asesinatos y otros incidentes violentos en contra de los miembros de la élite empresarial y política del país, así como de la oposición política, ejecutados por los jefes de la próspera hampa de México. En el sentido más simplista, el asesinato de Ruiz es un reto al orden político existente, por parte de los barones de la droga de Guadalajara, Tijuana y Matamoros. Pero la ejecución a plena luz del día de Ruiz, ex gobernador del estado de Guerrero, también representa una lucha encarnizada entre familiares; una rivalidad fratricida en la que los políticos unidos a una banda de narcos están siendo golpeados por otros grupos rivales que constituyen la mafia mexicana de la droga.

Por ejemplo, la mayoría de los extranjeros no sabe que la familia Ruiz está profundamente ligada a la comunidad empresarial de Acapulco, la cual a su vez está dominada por los barones de la droga locales. Apenas dos semanas antes de que el ex gobernador de Guerrero fuera abaleado, la policía dirigida por su hermano, Mario Ruiz Massieu, quien es el funcionario de Fiscalía General de México encargado de combatir las actividades de la droga, selló algunos clubes nocturnos de propiedad de varios capos en esta ciudad veraniega. Un observador local dijo que a algunos de los administradores de estos clubes se les hizo un "montaje''; la policía colocó cocaína en sus oficinas y los detuvo bajo cargos fabricados. Según esta fuente, estos sellamientos eran la última gota en la lucha encarnizada entre Ruiz y los capos locales de la droga, la que provocó este acto de retaliación contra el segundo hombre en el partid do de gobierno de México.

Los observadores extranjeros, especialmente la prensa exiliada, ingenuamente atribuyen a motivos políticos los altos niveles de violencia en México, pero estas explicaciones tan simples dejan a un lado un nuevo factor significativo que ha ingresado a la política de ese país durante la última década: la cocaína. Mientras que en el pasado los miembros del partido de gobierno y sus amigos, parientes y aliados en el mundo criminal arreglaban sus disputas a puerta cerrada, hoy en día la pelea es en público, frente a los hoteles y en los barrios pobres. En 1993, el jefe del sindicato de trabajadores ferroviarios fue asesinado frente a un hotel en Ciudad de México y muchos otros funcionarios de la policía, periodistas y miembros de la oposición han muerto violentamente durante los últimos cinco años.

El levantamiento de Chiapas y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en un barrio pobre de Tijuana, son sólo los ejemplos más extremos de cómo las instituciones sociales y civiles de México se están derrumbando bajo la presión de la ilegalidad y la corrupción, factores que están convirtiendo a México en un sitio peligroso, aun para miembros de la élite gobernante. En efecto, el mismo ambiente de ilegalidad e impunidad que ha permitido al partido de gobierno de México, conocido como el PRI, gobernar por más de 65 años, está ahora ayudando a la expansión de la influencia del narcotráfico.

Existen 19 carteles de la droga en México y cuatro grupos dominantes, el mayor de los cuales es el Grupo del Golfo o de Matamoros. Observadores conocedores del tema suponen que el Grupo del Golfo, bajo la dirección de Juan García Abrego, planeó el crimen de Ruiz. Como en el caso de Colosio, un hombre de quien se dice es el autor material del asesinato de Ruiz fue detenido casi inmediatamente, pero los autores reales intelectuales del crimen probablemente nunca serán juzgados. Es de notar que en este último crimen los funcionarios mexicanos ni siquiera trataron de pretender, como lo hicieron con el asesinato de Colosio, que este golpe del hampa fue un acto fortuito, una insensata demostración de violencia. La mayoría de los mexicanos saben que no es así.

Federico Reyes Heroles, editor de la revista mensual Este País, dice contundentemente que el asesinato de Ruiz fue un golpe deliberado de los poderosos barones de la droga de México. Las noticias durante los días posteriores al asesinato contenían numerosos comentarios no oficiales de funcionarios del gobierno que confirmaban la sospecha de que el crimen fue un golpe organizado y pagado por los narcotraficantes.

Otro distinguido editor de Ciudad de México, hablando extraoficialmente, va más allá y afirma que el asesinato de Ruiz, estrecho colaborador del presidente Carlos Salinas y de otras personalidades poderosas dentro y fuera del gobierno, en particular del ministro de Agricultura Carlos Hank González, fue parte de una continuada disputa política entre los principales carteles de la droga y sus socios en el gobierno de Salinas. "Carlos Hank es el mayor lavador de dinero en México", dice el periodista veterano. "Este crimen fue en represalia por el asesinato de Colosio, un suceso trágico que mucha gente cree fue ingeniado por Hank y otros funcionarios cercanos a Salinas". El editor continúa diciendo que, al igual que en Colombia, los políticos mexicanos están siendo asesinados debido a una lucha de poderes relacionada con el dinero y la droga. Más allá de la muerte de Colosio, no obstante, existe otra explicación: la necesidad de mantener la apariencia de la "lucha contra la droga" para aplacar a Washington.

Sólo dos semanas antes del asesinato de Ruiz, el secretario del Tesoro Lloyd Bentsen dijo ante un auditorio en Ciudad de México que los Estados Unidos actualmente tienen por lo menos doce investigaciones independientes relacionadas con operaciones de lavado de dólares con sede en México. Manifestó que recientemente los gobiernos de México y Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para intercambiar información sobre drogas ilícitas y operaciones de lavado de dinero, con el propósito de apretarle las clavijas al creciente negocio. Este anuncio sorprendió a los mexicanos en general y levantó una oleada de temor en los barones de la droga, quienes con razón temen que el nuevo gobierno de Zedillo lance una campaña antidroga y anticorrupción a comienzos de 1995, con el fin de reparar la imagen de México y persuadir al gobierno estadounidense de que el nuevo gobierno lucha en serio contra las drogas. En este escenario, el asesinato de Ruiz es una amenaza directa a Zedillo y sus seguidores, en particular al dinosaurio Carlos Hank, de parte del cartel de la droga. El mensaje: ni se les ocurra arrestar a un miembro del cartel o a su gente dentro del gobierno de Salinas para apaciguar al gobierno de Clinton.

Naturalmente, la mayoría de los norteamericanos están sorprendidos y asombrados por la sugerencia de que funcionarios de un gobierno reformista y educados en Harvard, hayan realmente planeado el asesinato de miembros de su propio partido o tuvieran relaciones comerciales directas con los barones de la cocaína en México. Sin embargo, el hecho es que la violencia asociada al narcotráfico en México no es tanto una guerra civil como una disputa de familia; una forma de perverso desgaste que perjudica la tan trabajada imagen de México como líder entre los "mercados emergentes" del mundo.

En una entrevista reciente, el mismo presidente Salinas admitió que el flujo anual de cocaína y otras drogas ilegales en México asciende a cerca de US$ 100.000 millones al año. La DEA y fuentes locales en México, como el diario de la oposición La jornada, calculan que las ganancias de este tráfico de drogas (90% del cual proviene de la cocaína) ascienden a unos US$25-30.000 millones al año. En otras palabra s, las ganancias de la droga que pasa por México hacia los Estados Unidos equivalen anualmente a más del doble de los ingresos totales de la industria petrolera de México, y son más o menos iguales al costo del servicio total de la deuda externa de ese país en 1994, unos US$160.000 millones.

El ascenso de los barones de la droga como fuentes de poder político en México es una ocurrencia relativamente reciente, pero a la cual ayudó el hecho de que el sistema político del gobierno es terriblemente corrupto. Durante décadas los miembros del PRI se han enriquecido por medio de la corrupción y de negocios sucios dentro del país, al tiempo que pedían créditos en los bancos extranjeros y ocultaban sus ganancias en dólares en cuentas bancarias en el exterior. Ahora, con la aprobación del NAFTA la puerta ha quedado abierta para una vasta expansión del narcotráfico en los Estados Unidos.

"Ahora el personal de la Aduana de los Estados Unidos y de la DEA se refiere abiertamente al NAFTA como al North American Drug Agreement (Tratado Norteamericano de Droga)", escribió el año pasado el antiguo jefe de la Aduana, William von Raab. "Este abierto escepticismo refleja el descontento con el hecho de que se hayan descuidado las preocupaciones por la seguridad nacional en las negociaciones del NAFTA... Nada de lo que vemos nos lleva a creer que México no ha hecho 'cumplir estrictamente la ley', es decir, arrestar a los capos de la droga, tomar medidas contra el lavado del dinero o desmontar las empresas de la droga. Sin un esfuerzo real de dura represión contra la droga de parte de los mexicanos, el NAFTA perjudicará a los Estados Unidos".

Se ha empleado el fraude a la entrada y a la salida de las urnas para conservar el muy rentable statu quo político, creando una venenosa situación hecha a la medida de los narcotraficantes, quienes han podido acomo darse fácilmente a la estructura de poder existente. "Se ha vuelto de moda hablar de la `colombianización' de México debido al narcotráfico, a la ola de asesinatos del mes pasado, en la que murieron dos ex fiscales generales, un juez, y que culminó en marzo de 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas en Guadalajara", escribe Alicia Ely Yamin, una profesional que vivió varios años en áreas rurales en México trabajando como abogada de derechos humanos. "Pero el problema de la droga tiene su propia dinámica en México y ha existido durante mucho tiempo. La corrupción endémica del gobierno mexicano, las increíbles sumas de dinero que produce el narcotráfico y la presión política de los Estados Unidos se han conjugado para hacer de la guerra de la droga un cáncer mortal que se está extendiendo rápidamente en toda la sociedad mexicana... Dos días después del asesinato de Posadas, un funcionario de la Fiscalía General me confesó: `No se puede hablar de infiltración en México. Aquí las autoridades y los narcotraficantes son la misma gente. Penetración, pero no infiltración".



EL TRATO FAUSTIANO DE DE LA MADRID



La alianza de facto entre el sistema político de México y los jefes del narcotráfico se remonta por más de una década a la época anterior a la llegada de la cocaína como producto importante, cuando la marihuana y la heroína eran las principales drogas que entraban a los Estados Unidos desde México. En los viejos tiempos, la policía y el ejército vendían un poquito de marihuana y luego de heroína, según un antiguo funcionario de la policía, pero era una cantidad relativamente pequeña comparada con otros aspectos de la economía. Hoy en día, el dinero de la cocaína es tanto que los narcotraficantes están realmente desafiando el liderazgo existente del PRI para obtener el control nacional.

El 11 de junio de 1993, un abogado y escritor llamado Luis Javier Garrido publicó un sorprendente artículo en La jornada simplemente bajo el título de "El narco sistema". Esta valerosa visión general de las raíces históricas y políticas de la colaboración del gobierno, y de su respaldo a la producción y transporte de droga dentro y a través de México fue traducido por la CIA y circuló entre las agencias de gobierno de los Estados Unidos, pero no recibió mayor atención en la pusilánime prensa extranjera. Tanto Garrido como otros observadores en México dicen que durante lo peor de la crisis de la deuda de los años ochenta, cuando los gobernantes de México se quedaron sin crédito externo, el gobierno de De la Madrid hizo un acuerdo secreto con los barones de la droga: a cambio de mantener sus miles de millones de dólares ilegales en los bancos comerciales nacionalizados del país, los barones no serían molestados.

El intermediario entre los narcotraficantes y el gobierno de De la Madrid supuestamente fue Manuel Bartlett Díaz, quien anteriormente encabezaba el Ministerio del Interior y es ahora gobernador de Puebla. Bartlett Díaz ha sido acusado de estar involucrado en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, junto con Enrique Álvarez del Castillo, ex fiscal general, y Juan Arévalo Gardoqui, exministro de Defensa. En un libro escrito en 1988, "Desperadoes" (Malhechores peligrosos), la corresponsal de Timé Elaine Shannon relata la historia de cómo Camarena descubrió la conexión entre los barones de la droga y sus patrones en el sistema político mexicano, por lo que murió como mártir.

Se dice que Bartlett, Alvarez y Arévalo actuaron como principales intermediarios del gobierno de De la Madrid con el narcotráfico durante los años ochenta, hasta el comienzo de la presidencia de Salinas. Por su parte, el ex ministro del Interior declara su inocencia y dice que "no existen pruebas concretas" que lo vinculen al asesinato de Camarena. Pero Bartlett evita visitar a los Estados Unidos, en donde no está claro si será o no detenido. "Los cargos", afirma Bartlett, "contienen falsedades, calumnias y carecen de hechos fundamentados, como casi todas las acusaciones hechas durante estos fallidos procesos".

A pesar de estas negativas, no obstante, es claro que el gobierno mexicano está muy preocupado por cualquier afirmación de conexión entre Bartlett y los narcos. Cuando el periodista Zachary Margoulis, del diario en inglés The News de Ciudad de México, escribió un informe sobre las acusaciones contra Bartlett, inmediatamente la Presidencia emitió una orden de que se despidiera al escritor, mandato que fue cumplido casi de inmediato por el dueño de The News.

En efecto, cuando Bartlett se posesionó como gobernador de Puebla en 1993, el presidente Salinas en persona asistió a la ceremonia de posesión y, en una extraordinaria muestra de inseguridad oficial, personalmente dio fe de la "honestidad" del hombre que le había ayudado a obtener el poder y a mantenerse en él por medio de las fraudulentas elecciones de 1988. Entre los asistentes se contaban el embajador saliente de los Estados Unidos, John D. Negroponte; el enviado canadiense, David Winfield; el nuncio papal, Jerónimo Prigione; y líderes del PRI y del mundo empresarial. Salinas obligó a asistir a los miembros del PRI, como prueba de lealtad al gobierno.

Estas exageradas muestras de apoyo son necesarias porque continúan los rumores que implican a Bartlett en el asesinato del periodista Manuel Buendía, así como de Camarena. El respetado diario de Monterrey, El Norte, reportó en enero de 1993: "Con su imagen oscurecida por las sombras del tráfico de drogas, la amenaza de la DEA de llevarlo ante un jurado en Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico y complicidad en la tortura y asesinato de Enrique Camarena pende sobre Bartlett. Significativamente, grupos insurgentes y anti gobiernistas en el estado de Puebla han circulado un "libro negro" con recortes de prensa que describen la conexión de Bartlett con la droga y sus supuestos crímenes."

Según El Norte, el "libro negro" fue recopilado por el ex ministro del Interior Fernando Gutiérrez Barrios, veterano cacique y amigo por largo tiempo de la CIA, quien sucedió a Bartlett en ese cargo clave a finales de 1988. Algunos creen que Bartlett permanecerá como gobernador de Puebla por un año más o menos, para salvar las apariencias, y luego renunciará. Pero aún no lo ha hecho, porque Bartlett es parte del círculo político del presidente Miguel De la Madrid. "Este grupo tiene unos miembros muy poderosos", anota un informe de prensa, "entre ellos el antiguo ministro del Interior Patrocinio González Garrido (1992-1993) y el actual ministro del Transporte Emilio Gamboa Patrón, otro hombre que tiene una carrera política meteórica".

"La producción y venta de narcóticos ha sido, como lo sabemos y como lo han demostrado muchos estudios, un `salvavidas' para la economía mexicana", escribió Luis Javier Garrido el año pasado. "Como resultado, los gobiernos más recientes han tolerado e inclusive patrocinado el narcotráfico, convirtiéndolo en un factor político de peso. Las relaciones entre los Estados Unidos y México quedaron entonces marcadas por desacuerdos fundamentales, no sólo acerca de la creciente inmigración de mexicanos en busca de trabajó al otro lado de la frontera, sino también acerca de la producción y exportación de narcóticos, en particular porque las autoridades mexicanas consideran estas dos cosas como elementos esenciales de su política económica. De allí los temores de que bajo el NAFTA el narcotráfico se intensifique, no disminuya. Dadas las fallas de la economía mexicana, la droga ha favorecido la agenda de los tecnócratas del PRI, al crear empleo, aumentar los ingresos y el nivel de vida de los campesinos pobres, contribuir a las causas locales entre gente de bajos ingresos, construir escuelas, clínicas y carreteras, ganando así el apoyo de comunidades enteras".

Garrido y otros aducen ahora que los gobiernos mexicanos uno tras otro han estimulado una relación cada vez más estrecha con los narcotraficantes, con un propósito: el "sistema" PRI necesitaba de ellos y de su dinero sucio durante los años ochenta. Era mejor aliarse con los muchachos de Guadalajara y Tijuana -pensaron De la Madrid y sus secuaces- y utilizar su dinero para mantener el dominio de un solo partido. Un actor clave en la toma de esta decisión fue el entonces secretario personal de De la Madrid, Emilio Gamboa Patrón, quien controlaba el flujo de información dentro y fuera de la Presidencia, y por lo tanto se convirtió en blanco principal para ser utilizado por los carteles de la droga.

En los años posteriores al acuerdo hecho por Manuel Bartlett en 1984 con los barones de la droga, varias agencias de los gobiernos federal y estatal de México fueron infiltradas gradualmente y la línea entre ellos y la red de narcotraficantes se fue borrando. El ministro del Interior Jorge Capizo MacGregor y el ministro de Finanzas Pedro Aspe,

dos de los miembros más respetados del gobierno mexicano, han confirmado explícitamente este aterrador análisis en comentarios públicos. En su cargo anterior como fiscal general, Carpizo explícitamente declaró varias veces a la prensa mexicana que él y sus asistentes de confianza estaban "rodeados de traidores" dentro de la Fiscalía, que eran aliados de los carteles de la droga.

Ricardo Pascoe, funcionario de alto rango en el Partido de la Revolución Democrática, de centro-izquierda, dice que los lazos entre el gobierno y el narcotráfico no son una situación aislada. "Esta no es una sub mafia, ni una operación de traidores", afirma el conocido activista político. "Las conexiones entre el narcotráfico y el gobierno mexicano representan una deliberada decisión de Miguel De la Madrid para buscar una alianza con los barones de la droga para levantar fondos. Salinas ha continuado esta relación. El Estado ha tomado la decisión de que la manera de mantener el poder es tener acceso al dinero. Sin dinero extranjero, la estructura del PRI se derrumbaría de la noche a la mañana".

Y continúa: "El asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara tiene que ver con este mismo asunto de dinero y poder... El crimen de Posadas estaba relacionado con la situación financiera debido al vínculo común con la droga. La historia de Guadalajara es que el cardenal tenía pruebas de la relación del gobierno con el narcotráfico y se estaba preparando para dar esta información al jefe de la iglesia. Fue asesinado en medio de una gran confusión, con un operativo altamente sofisticado y bien preparado enviado para eliminarlo. Recuérdese, al igual que los barones de la droga, el gobierno también debe mantener el control físico sobre ciertas partes del Hampa. Siempre existe el problema de hacer cumplir las leyes en el pozo sin fondo del narcotráfico, y el gobierno constantemente debe vigilar el cumplimiento de los encargados de hacerlo, para mantener el sistema bajo control".

Andrew Reding, director del proyecto norteamericano del World Policy Institute (Instituto de Política Mundial), cree que el asesinato del cardenal Posadas fue deliberado; un reto directo a la élite gobernante de México. "Posadas era la única figura prominente de autoridad en Guadalajara que no estaba vendida a los narcotraficantes", anota Reding. "Los barones de la droga lo mataron para enviar un mensaje al gobierno. Posadas era un crítico abierto de la droga y las armas. Ellos literalmente abrieron las puertas del carro para asesinarlo. El gobierno mexicano no quiere que se sepa que los narcotraficantes tienen tanta influencia. Lo que vemos aquí es una aterradora demostración de la creciente fuerza y poder del cartel de la droga". Inclusive en la actualidad, la maquinaria de propaganda del gobierno de Salinas continúa sosteniendo que esta balacera a plena luz del día fue accidental, pero pocos mexicanos creen esta versión de los hechos.



LA BANDA DE SALINAS



A pesar de la abundante inversión extranjera que llegó a México durante la administración Salinas, no hay indicios de que la influencia de los barones de la droga haya disminuido. Por el contrario, recientes revelaciones indican que los carteles han establecido relaciones laborales con varios miembros del círculo cercano de Salinas y han suministrado la financiación para algunas privatizaciones.

Eduardo Valle, ex asistente del ministro del Interior Jorge Carpizo, ha entregado al gobierno mexicano documentos y testimonios que vinculan a funcionarios del gobierno y traficantes de droga con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El ex funcionario, quien es conocido como "El Búho", estuvo encargado de dirigir los esfuerzos antidroga de México. Dice que Colosio fue asesinado por miembros del Cartel del Golfo, con la complicidad de funcionarios de la campaña de Colosio cercanos al ministro de Transporte y Comunicaciones, Emilio Gamboa. Junto con los documentos aportados por Valle durante el testimonio que dio el 25 de agosto en el consulado mexicano de Washington, se conoció un informe de la DEA acerca de llamadas telefónicas de miembros del cartel a funcionarios de la Presidencia de México.

Valle viajó a los Estados Unidos el pasado agosto, diciendo que temía represalias y que quería proteger algunos documentos importantes. Continúa acusando a Gamboa y otros funcionarios de mantener comunicaciones directas con el llamado Cartel del Golfo. Pero Valle no es el único mexicano que hace estas afirmaciones. En una columna reciente en el diario Reforma, Raymundo Riva Palacio preguntaba con su usual humor infantil "¿Por qué está Gamboa Patrón tan nervioso?"

"A su debido tiempo él debe explicar su relación con Marcela Bodenstock Perlick, cuyos tratos y relaciones ofrecen algunos de los episodios más pintorescos en la vida política reciente", explicó Riva. "Más que cualquier cosa, el interés en la señora Bodenstock proviene de que ella trabaja para el Cartel del Golfo, encabezado por Juan García Abrego y aliado con el Cartel de Cali". Riva Palacio recordó a los lectores que Eduardo Valle ha descrito el papel cumplido por Bodenstock en la mayor organización de tráfico de cocaína al sur de la frontera. "Marcela es una ex policía y la mujer de Marcelino Guerrero, un ex agente en la policía judicial federal que obedece órdenes de uno de los lugartenientes de García Abrego, Oscar Malherve", contó Valle al influyente semanario Proceso.

Las revelaciones de Riva Palacio muestran cuán cerca del más alto nivel de la estructura de poder del PRI han llegado los barones de la droga: "La reconstrucción de la relación entre Gamboa y Bodenstock, que ahora llega hasta los más altos niveles del gobierno, empieza a finales de los años ochenta cuando el actual ministro de Transporte era un alto funcionario de Televisa. Marcela Bodenstock Perlick también tenía excelentes relaciones con la rama ejecutiva y, al parecer, era muy conocida por la DEA".

"Nada de esto parecía molestar a Gamboa. Por el contrario, según una versión de los hechos que circula actualmente en las más altas esferas del gobierno, Gamboa la presentó al antiguo jefe de la Presidencia, José Córdoba Montoya. El primer encuentro no fue el último. A mediados de 1990, José Córdoba estaba en una corrida de toros, la que seguía con gran entusiasmo. Gamboa también asistió, acompañado por Marcela Bodenstock, quien inmediata Emente se convirtió en amiga cercana del asesor del presidente. La relación floreció y durante un largo tiempo fueron vistos juntos en público, especialmente en fiestas en Ciudad de México y en otras partes. No hay una fecha exacta del fin de la relación, pero las fuentes recuerdan que estuvieron juntos todo el año pasado". Estas revelaciones no son el primero ni el más inquietante indicio de la complicidad oficial en el narcotráfico en México. En el estado de Veracruz, en noviembre de 1991, dos años después de haber asumido el poder Carlos Salinas y dos años antes del voto del NAFTA, en una remota pista de aterrizaje, soldados mexicanos capturaron y ejecutaron a más de doce agentes antidroga, entrenados en los Estados Unidos. Cuando los "federales" aterrizaron para arrestar a los ocupantes de una aeronave cargada de drogas que estaban siguiendo, soldados del ejército mexicano, que aparentemente estaban esperando para reabastecer de combustible el avión que llevaba droga, ataron a sus compatriotas y los ejecutaron a quemarropa. Se encontraron quemaduras de pólvora en el paladar de muchos de los cadáveres. El Washington Post informó que un avión del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos había perseguido a los dos primeros aviones, filmando el incidente y luego había sido atacado desde tierra, pero regresó sano y salvo a los Estados Unidos. El misterioso video que registra estos delitos nunca ha sido dado a conocer.

Aparte de los hechos alarmantes de este caso, consideremos el solo reabastecimiento de combustible del avión cargado de droga. En México legalmente existen sólo dos fuentes de gasolina para aviación: el monopolio de aeropuertos del Estado y el ejército. Ya que al parecer los narcotraficantes no tienen problema en reabastecer de combustible a literalmente centenares de aviones anualmente que viajan entre México y Colombia para entregar el producto a los carteles mexicanos, es de suponer que obtienen el combustible con la complacencia oficial. En total, el tráfico aéreo ilegal en México aumentó en 55% en 1992, según un informe elaborado por el gobierno mexicano. El informe, titulado "Evaluación y seguimiento sobre el control de drogas en México", dice que funcionarios del gobierno confiscaron 40 toneladas de cocaína en 1992, pero admite que la cantidad total que pasa por el país se ha multiplicado.

En efecto, Eduardo Valle afirma que durante 1988-1989, los años pico del Grupo del Golfo, tres aviones, cada uno cargado con seis toneladas de cocaína, aterrizaban semanalmente en Matamoros para transbordar la droga a los Estados Unidos. Explica por qué el entonces fiscal general, Enrique Álvarez del Castillo, no actuó para detener esta gigantesca operación de cocaína. Valle califica de "pícaro" al ex fiscal general cuyo nombramiento "fue una burla al país" porque aquél protegía a los traficantes.

Las inmensas sumas de dinero producto del narcotráfico deben ser legitimadas o lavadas y el reciente proceso de privatización ha proporcionado el mecanismo perfecto para manipular miles de millones de dólares originados en las ganancias del narcotráfico. Una práctica empleada por el narcotráfico durante el sexenio de Salinas ha sido comprar el capital y la deuda adquirida para financiar la venta de empresas antiguamente manejadas por el Estado, en particular bancos comerciales y grandes empresas comerciales como Telmex. Otra forma favorita de lavado de dinero del narcotráfico es la finca raíz.

Los hombres de negocios que no tenían mucho dinero hace diez años, muchos de los cuales ayudaron a financiar la campaña presidencial del PRI en 1988, se encuentran ahora entre la gente más rica del mundo, sin razón aparente ni fuentes legítimas de su nueva riqueza. El colapso del grupo financiero Cremi Unión, a principios de este año, ilustra un caso típico. Carlos Cabal Peniche era un empresario aparentemente con poca riqueza o influencia hasta el comienzo del período de Carlos Salinas. En cuestión de meses, amasó suficiente financiación para adquirir varios bancos, así como gran parte de las operaciones agrícolas de Del Monte en México y Centroamérica. Prácticas comerciales fraudulentas y autopréstamos finalmente causaron la quiebra del banco, pero el episodio deja sin explicación cómo este oscuro individuo llegó a ser considerado como uno de los más destacados empresarios de México, con una supuesta fortuna de US$1.000 millones.

En la actualidad, Cabal Peniche es un fugitivo de la justicia y su imperio financiero está en la ruina, con millones de dólares en pérdidas para el gobierno y los inversionistas. Funcionarios de la Fiscalía General de México están investigando una conexión entre Cabal Peniche y el lavado de dinero, según La jornada. Un veterano y conocedor observador del mundo empresarial de México sostiene que la mayor parte del dinero que respaldó la compra de Del Monte es de procedencia ilícita. "En México no hacemos ninguna pregunta", comentó. "Uno puede entrar a un banco con millones en efectivo y, en la mayoría de los casos, nadie dice una palabra".

La aparente conexión de Cabal con la droga y el lavado de dinero es mente docenas de hombres de negocios y funcionarios del gobierno en México cuya riqueza aparente ampliamente excede cualquier posible fuente legal y, de hecho, proviene de sus relaciones políticas. Se ha forjado una alianza de conveniencia entre los narcotraficantes y los tecnócratas, con el resultado adicional de que las instituciones financieras de México perderían grandes sumas si se detuviera el lavado de dinero. El ex ministro de Transporte Andrés Caso Lombardo, que nunca ha tenido un cargo importante en el sector

respaldado por su relación con Emilio Gamboa. El diputado federal Alejandro Encinas, quien hace parte de la comisión que investiga el asesinato de Colosio, afirma: "En términos de la mafia, Gamboa Patrón era el ,padrino' de Cabal Peniche. Esta relación primero personal, luego política, permitió que surgiera de la noche a la mañana un fuerte grupo económico que adquirió los Bancos Cremi y Unión y estableció un nuevo consorcio financiero en el sureste de México". El funcionario del PRD sostiene que "aunque Gamboa ahora lo niega, su relación con Carlos Cabal Peniche ha sido evidente durante mucho tiempo, desde los días en que Carlos trabajaba en la Presidencia cuando Emilio Gamboa era el secretario privado del ex presidente Miguel De la Madrid".

El hecho es que hay literal privado, tiene fincas, propiedades comerciales, casas y aviones avaluados en millones de dólares. Pero quizás el ejemplo más notable dentro del gabinete de Salinas es el ministro de Agricultura, Carlos Hank, servidor público de carrera con una modesta experiencia en negocios, cuya aparente fortuna personal actualmente asciende a miles de millones de dólares. Aunque su nombre no aparece en la lista de Forbes de los 24 billonarios mexicanos, es sin lugar a dudas uno de los hombres más poderosos del país.

Carlos Hank González tiene lazos visibles con el Cartel del Golfo por medio de Marcelino Guerrero. Eduardo Valle describe a Guerrero como uno de los grandes lavadores de dólares de México y dice que el narcotraficante está involucrado en proyectos de construcción en todo México, entre ellos sitios de recreo en Cancún "que están ligados a las inversiones de Jorge Hank Rohn", el hijo de Hank González. Además, Valle ha mostrado registros telefónicos que muestran que un socio de Guerrero "hace y recibe llamadas" de personas en la Presidencia, entre ellos Arturo Salgado Cordero, coordinador de las giras presidenciales, y el antiguo jefe de la oficina de la Presidencia, José Córdoba.

El "Grupo Hank" tiene grandes intereses comerciales en Tijuana y a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Otro hijo de Hank González, Carlos Hank Rohn, hace poco adquirió el control de la casa matriz del Laredo National Bank en Texas. Hace más de un año, Hank vendió su parte en Taesa, la tercera aerolínea de México, pero la prensa continúa preguntando si él todavía controla la aerolínea, que es muy rentable y con una sorprendente liquidez. Un informe reciente en El Norte pregunta "quién es el verdadero dueño de Taesa", en referencia directa a Hank González, y anota que la DEA ha puesto mucha atención en la requisa de los aviones de la empresa, en busca de contrabando.

No obstante, Hank es sólo uno de los muchos miembros de la élite político-empresarial que trabaja aparentemente en colaboración con los narcotraficantes. A principios del año, el diario Excelsior publicó el siguiente informe de César A. Rentería: "El alcalde Víctor Pérez Ruiz declaró hoy que el centro vacacional Nuevo Vallarta en la municipalidad de Bahía de Banderas se ha convertido en un centro de lavado de dinero, creado por el narcotráfico que opera en la costa sur del estado de Nayarit y en algunos otros estados del país. Afirma que millonadas de dinero procedentes de bandas que producen y distribuyen la droga han sido invertidas en empresas hoteleras y de restaurantes en el arriba mencionado complejo turístico, el más grande del Estado".

Víctor Pérez Ruiz resaltó que - uno de los más destacados "empresarios" es el notorio narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán el "dueño y señor" de todo el municipio de Bahía de Banderas. Su poder se extiende a toda la sierra de Vallejo y los llanos, donde "El Chapo" posee grandes extensiones de tierra sembrada de marihuana. El alcalde afirmó que el recién abierto Hotel Paraíso Radisson de cinco estrellas fue construido con dinero de "El Chapo", por medio de un testaferro, anotando que él es el principal accionista de la propiedad, localizada en el complejo Nuevo Vallarta. Agregó que otros narcotraficantes son accionistas del Hotel Puerta del Sol y de otros grandes establecimientos en el municipio de Bahía de Banderas. Considera incongruente que esta utilización de fondos, "apoyada y promovida por el gobierno de Celso Humberto Delgado" se haya convertido en una operación de "lavado de dinero" involucrada con los procedimientos de manejo y venta de droga. Pérez Ruiz concluye diciendo que "esto (el lavado de dinero) puede ser la razón por la cual Nuevo Vallarta es un sitio de veraneo a nivel nacional, que ofrece a los turistas comodidades y lujos similares a los que hay en Acapulco, Cancún y Puerto Escondido".

En una historia relacionada con la anterior, el diario regional "El Mañana" del estado de Tamaulipas expresa el caso contundentemente: "La infiltración del narcotráfico en las instituciones políticas, públicas y privadas representa una amenaza mortal a la democracia en México. Como consecuencia, es necesario cambiar las leyes para controlar los recursos financieros del narcotráfico que están interfiriendo con las actividades productivas del país. El problema es establecer una cultura de prevención de la droga y al mismo tiempo tratar a aquellas personas que ya están involucradas en la adicción o en el tráfico. Las organizaciones de la droga tienen la capacidad de manejar enormes recursos financieros, detrás de los cuales se pueden cometer acciones represivas".



AOUÍ Y ALLÁ



La mayoría de los norteamericanos, aunque aceptan el peligro obvio de la droga, todavía prefieren pensar que el problema de México con los narcóticos es una preocupación distante que no los amenaza directamente. Deben pensar de nuevo. La gran cantidad de dinero que proviene del narcotráfico a través de México no sólo está destruyendo las instituciones civiles y legales de ese país, corrompiendo a sus líderes y deteniendo la transición a la democracia, sino que se está moviendo rápidamente para adquirir influencia al norte de la frontera.

En las recientes elecciones en México, el PRI invirtió US$72 por cada voto oficialmente puesto a su favor, un nivel emulado sólo por la fiera campaña para el Senado de California entre la demócrata Diana Feinstein y el millonario candidato republicano Michael Huffington. El costo de la campaña presidencial del partido de gobierno costó 36 veces más que la del centro-derecha PAN y más de 300 veces de lo que se invirtió en la campaña de Cuauhtemoc Cárdenas. Los gastos del PRI para las elecciones fueron enormes bajo cualquier medida, pero recuérdese que la cifra de US$250 millones representa sólo los gastos directos que se reportaron oficialmente y no incluye los miles de millones de dólares ordenados por Salinas por medio de agencias del gobierno como Pronasol y de grupos empresariales partidarios del PRI.

En las campañas estatales y locales, los partidos de oposición de la izquierda y de la derecha han afirmado que también se utilizó dinero de la droga para comprar o intimidar a los votantes, un giro preocupante en un sistema que muchas veces ya ha sido calificado de "narco democracia". Pero no se crea que los barones de la droga mexicanos limitan su influencia a México o a simples funcionarios locales. Desde San Diego hasta Washington, se encuentran grandes inversiones en bancos estadounidenses, empresas y finca raíz que están secretamente vinculados a los grupos de droga de México. Sólo basta tomarse el trabajo de buscar el delator flujo de dinero sucio.

El Wall Street Journal informa que las autoridades están investigando a varias casas de inversión de Wall Street por vínculos con el lavado de dinero, entre ellas Dean Witter, Prudential Securities, Pain Webbery Bear, Stearns & Co. Bajo el nombre clave de "El Dorado", la investigación forma parte de una más grande que comprende el juicio de dos empleados del American Express Bank, quienes fueron condenados recientemente por ayudar a miembros del Cartel del Golfo a mover dinero por medio de bancos de los Estados Unidos. Funcionarios del Tesoro dicen que los Estados Unidos están planeando redadas a varios bancos que operan a lo largo de la frontera, dentro de un operativo con el nombre clave de "Cóndor".

En un testimonio en Brownsville, Texas, en mayo de este año, Francisco Pérez Monroy afirmó que su primo y socio, Juan García Ábrego, pagó "millones de dólares" a Javier Coello Trejo y a otros funcionarios de alto rango del aparato judicial de México para permitir el libre envío de cocaína a los Estados Unidos por medio del Cartel del Golfo en el norte de México. El testimonio bajo juramento de Pérez Monroy no sólo confirma las declaraciones de Eduardo Valle acerca de la complicidad oficial en el narcotráfico, sino que da nueva luz sobre un plan para lavar US$25 millones de dinero de la droga del Cartel del Golfo por intermedio del Bankers Trust y del American Express Bank.

Los banqueros, sin embargo, no son policías, ni los problemas de

la droga y el dinero se reducen a Wall Street. Consideremos el ejemplo de los Gangsters Disciples (Discípulos de los gangsters), una banda callejera de Chicago que era prácticamente desconocida hasta hace 18 meses y que ahora controla el enorme tráfico de cocaína en el sur de Chicago. Los Gangsters Disciples recientemente crearon un comité de acción política, "el voto del siglo XXI", que está siendo investigado por el FBI. El jefe de esta organización, Larry Hoover, quien opera desde su celda en la cárcel (como algunas de sus contrapartes en México) dice que piensa emplear el poder político de su grupo para obtener varias curules en el Concejo de la ciudad.

Los Gangsters Disciples, que se ufanan detener unos 30.000 miembros sólo en el área de Chicago, es apenas uno de muchos grupos en todos los Estados Unidos que obtienen su poder de los torrentes de dinero generado por el tráfico de cocaína. El Chicago Tribune informa que "varios políticos -blancos y negros, liberales y conservadores-han buscado la influencia de los comités de acción política, confiados en que el grupo pueda registrar votantes, levantar fondos y elegir candidatos para alcaldías y concejos". ¿Suena familiar?

Fuera de la diferencia en ubicación y lenguaje, no existe ninguna diferencia fundamental entre la manera como el narcotráfico ha pervertido el sistema político de México y la erosión ahora visible en casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos -y en el mismo Washington. El hecho es que muchas de las políticas y decisiones tomadas en Washington durante la última década, desde apoyar al gobierno de un solo partido en México hasta pasar por alto el narcotráfico que explotaba, han contribuido directamente al desarrollo del "narco sistema". Como en el caso de la mafia americana durante los años de la prohibición, fuera de la legalización total, ninguna acción gubernamental parece ser efectiva para controlar el poder financiero y político de estos modernos delincuentes.

"Después de 1968 la policía mexicana vendía marihuana a la clase media", comenta Eduardo Valle. "Eso es sólo el principio. Ahora, ¿qué ocurrió cuando la gente de la guerra del Vietnam, que dirigía las estrategias en el sureste asiático, asumió el control de las oficinas de narcóticos en Nueva York y otras ciudades después del asesinato de Kennedy? ¿Qué ocurrió cuando la CIA empezó a utilizar la droga para financiar a los movimientos contrarrevolucionarios en Latinoamérica? He allí una larga historia de perversión. Los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad en todo esto (el narcotráfico)", concluye Valle.
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