La próxima etapa

El problema no es "María" ni Helms. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia continuarán deteriorándose por el narcotráfico.

JOHN SWEENEY
1 de mayo de 1995

La administración del presidente Samper está trabajando en muchos frentes en Washington, para replicar a lo que mucho; colombianos perciben como un ataque injusto a la dignidad y soberanía de su país. Desde su puesto er la Organización de Estados Americanos, el anterior presidente, César Gaviria, ha estado tratando de aplacar la situación entre bastidores Por su parte, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique iglesias ha estado llamando al senador Jesse Helms para tener con él una "charla personal y tranquila" sobre el tema de Colombia, según lo expresa un funcionario republicano de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El Diálogo Interamericano, de tendencia liberal y que recibe financiación del gobierno colombiano, está llamando a miembros progresistas del Senado.

Por el lado derechista de la política de Washington, la administración Samper contrató los servicios de Norman Bailey, un economista que trabajó en el Conséjo Nacional de Seguridad durante la administración Reagan, para que organice manifestaciones públicas a favor de Colombia. El embajador Carlos Lleras también visitó la Heritage Foundation el 7 de abril para personalmente sentar una protesta oficial contra el artículo que yo escribí llamado "El asunto es de credibilidad". Como resultado de esa reunión, la fundación organizará una mesa redonda en mayo o junio- para darle a la administración Samper la oportunidad de presentar su caso ante el público, incluyendo a miembros de los medios y funcionarios claves del Congreso.

Desafortunadamente, la costosa campaña de cabildeo que está teniendo lugar en Washington no va a reversar el convencimiento, cada vez mayor entre los líderes estadounidenses, de que en Colombia se

ha perdido la guerra contra los carteles de la droga. Las palabras "narco democracia" y "colombianización" serán aspectos permanentes del siempre débil diálogo entre Colombia y Estados Unidos sobre la droga.

Es más, estén de acuerdo los colombianos o no con esta situación, estos términos se utilizarán cada vez más para describir aconteceres relacionados con la droga en otros países, incluyendo a los Estados Unidos. Ya los funcionarios antinarcóticos de los Estados Unidos describen a México como una "narco democracia" emergente y la comparan con la situación en Colombia de hace 10 o 15 años.

Mientras tanto la "colombianización" que avanza en muchas ciudades de los Estados Unidos, ya está siendo condenada por agencias de la policía de los Estados Unidos y otras instituciones públicas, particularmente en lo que se refiere a la ola cada vez mayor de violencia relacionada con drogas, que ronda a los hombres americanos entre 15 y 30 años, particularmente.

En las sesiones de la Cámara y el Senado que tuvieron lugar pocos días antes de que terminaran los 100 días del Contrato Republicano con América, funcionarios de alto rango del Departamento de Estado, de la DEA, del Departamento de Defensa, expertos antinarcóticos y un testigo mexicano, describieron con abundancia de detalles el inmenso poder y la riqueza acumulada del cartel de Cali, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y cómo la integración del cartel de Cali con la mafia mexicana ha aumentado enormemente la influencia política y la riqueza del crimen organizado en México.

Robert Gelbard, secretario asistente del Departamento de Estado para asuntos de narcóticos, le dijo a los líderes del Congreso que combatir el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado es "uno de los cinco objetivos claves de nuestra política exterior". Gelbard señaló la necesidad de controlar el tráfico de estupefacientes proveniente cíe Colombia como "uno de los retos de narcóticos y política exterior más apremiantes que enfrentan los Estados Unidos". Añadió que los líderes de las organizaciones criminales en Colombia, Birmania, Pakistán y Nigeria "continúan operando libremente, debido a que a las autoridades les falta la voluntad de perseguirlos, o a las leyes y a las instituciones la voluntad de capturarlos y enjuiciarlos, o ambas cosas".

La pregunta ahora es: "¿Qué pasará cuando el Congreso se reúna a comienzos de mayo, después del descanso de Semana Santa y Pascua? ¿Podrá la administración de Samper controlar la situación en Washington? ¿Podrán los lobbyistas contratados por Colombia de ambas alas -demócratas y republicanos- en Washington cambiar la marea de opinión en contra de Colombia y frenar a Jesse Helms en el Senado o a Dan Burton y Paul Coverdell en la Cámara? ¿Involucrarán Gaviria e Iglesias a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo en el conflicto? ¿Desaparecerá el asunto en unas pocas semanas, permitiendo así que las tensiones se calmen hasta el próximo arrebato?

En cuanto a la primera pregunta, el asunto del tráfico de estupefacientes como una amenaza a la seguridad del hemisferio y, aún más importante, como una directa amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, se convertirá en un tema con mucha más importancia de la que ha tenido hasta ahora, en los meses venideros, por las siguientes razones:

La más importante es el "Giro a la derecha" (DINERO No. 23, abril, 1955, páginas 120-124) que han tomado los Estados Unidos desde las elecciones del 8 de noviembre de 1994.

Una segunda razón es el evidente fracaso de las políticas contra las drogas del presidente Clinton, fracaso que el presidente mismo ha admitido al tomar medidas más fuertes para erradicar cultivos de drogas, interceptar cargamentos y arrestar traficantes mayores.

Una tercera razón es el éxito en México de la renovada investigación de la administración Zedillo sobre los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Investigadores de los tres asesinatos han establecido lazos claros entre funcionarios gubernamentales de alto nivel, miembros del gobernante partido PRI y las organizaciones más poderosas de tráfico de estupefacientes del país. El hermano del anterior presidente Salinas se encuentra en la cárcel acusado de haber sido el cerebro del asesinato de su ex cuñado, Ruiz Massieu.

Una cuarta razón es el convencimiento absoluto de parte de todas las agencias de los Estados Unidos comprometidas en la guerra global contra las drogas y el crimen organizado -incluyendo el Departamento de Estado, el Departamento de justicia, la CIA, la FBI, la DEA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Departamento de Defensa-, que la guerra contra las drogas en Colombia está perdida y que el alto gobierno ha sido personalmente comprometido por el cartel de Cali. Para Colombia, este convencimiento de las autoridades americanas es lo más grave.

Desde el punto de vista de los Estados Unidos, las negaciones y protestas del gobierno de Colombia no cambian las cosas. Lo que cuenta es la evidencia masiva conseguida por medio de fuentes electrónicas y humanas durante las últimas dos décadas por las agencias antinarcóticos de los Estados Unidos, toda la cual apunta al surgimiento progresivo de un Estado dentro de un Estado" en Colombia, dominado completamente por los narcotraficantes.

En el caso de México, el tráfico de estupefacientes y la corrupción podrían convertirse en factores que le den fuerza a la oposición continua del Congreso al apoyo económico unilateral del presidente Clinton a ese país. Según altos funcionarios del Comité de Relaciones Exteriores, presidido por el senador Helms, en junio comienzan las audiencias sobre tráfico de narcóticos y corrupción en México. Otros temas en esas audiencias serán la inmigración ilegal y la participación de México en la formulación de políticas nacionales en Estados Unidos. Colombia va a surgir en esas audiencias cuando se trate el asunto del tráfico de estupefacientes y la narcocorrupción.

Las audiencias sobre el asunto específico de la narco democracia colombiana puede que no se lleven a cabo sino hasta septiembre u octubre, pero el senador Helms y otros miembros del Congreso están decididos a mantener la presión sobre la administración de Samper, con el fin de capturar a los capos del cartel de Cali.

Con el apoyo de los senadores Connie Mack y Orrin Hatch, el senador Helms promoverá un proyecto de ley que obligará al presidente Samper a cumplir, para el 6 de febrero de 1996, los compromisos que él mismo le hizo a Helms en una carta escrita en julio de 1994, cuando fue elegido presidente. Este proyecto de ley puede ser reescrito como una enmienda o una sección de la ley de reforma a la ayuda extranjera, que el comité de Helms impulsará en el Senado en mayo o junio.

- Puede lá administración de Samper controlar la situación en Washington? ¿Pueden sus bien pagados lobbyistas demócratas y republicanos atajar la acción del Congreso contra Colombia? La respuesta para ambas preguntas es: probablemente no.

Ningún gobierno colombiano ha llegado a disfrutar de una verdadera influencia sobre la formulación de políticas de Estados Unidos. En el caso reciente de la administración Gaviria, se le pagaron millones de dólares al Grupo Sawyer Miller para mejorar la imagen personal de Gaviria y para contrarrestar la percepción pública de que Colombia es Cocaína, Inc. Gaviria es ahora el secretario general de la OEA, un puesto que obtuvo con el apoyo de la administración Clinton, pero la imagen de Colombia en Washington está peor que nunca.

En cuanto a los lobbyistas demócratas y republicanos contratados por la administración Samper, el hecho de que estos grupos e individuos sean pagados por Colombia para presentar una posición que no es consistente con la información de inteligencia presentada al Congreso por las agencias antinarcóticos, es algo que no será pasado por alto por los líderes republicanos del Congreso. Es más, en cuanto al caso específico de los lobbyistas republicanos contratados por el gobierno colombiano, el dinero gastado es probablemente dinero perdido, ya que los individuos en cuestión no tienen la influencia política de que gozaron hace más de una década. ¿Involucrarán Gaviria e Iglesias a la OEA y al BID? ¿Y, todo este asunto se esfumará y desaparecerá en unas pocas semanas?

"Le hemos dicho a Gaviria y a Iglesias que ninguno de los dos tiene nada que ver en este problema y que si alguno de los dos interfiere, el senador Helms contraatacará", dice un alto asistente del equipo de Helms. "Les dijimos que si alguno de los dos se comprometía con el lado de Colombia en esta pelea, la OEA y el BID sufrirán".

Claramente, el asunto de la droga en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no se esfumará. Con el consumo de drogas en Estados Unidos aumentando nuevamente, particularmente

9 entre adolescentes, la droga será un tema de importancia fundamental en la campaña presidencial de 1996. Bill Clinton es vulnerable en este asunto. Sus políticas antidrogas han sido hasta la fecha un verdadero fracaso y el haber admitido. que usó marihuana

(aunque dice que no la aspiró), además de los problemas de su hermano con el uso de drogas y asociación con traficantes reconocidos, le proporcionará a los republicanos mucha munición política, con la cual felizmente podrán atacar a Clinton. Además, la opinión pública en Estados Unidos no apoya un trato más indulgente hacia los narcotraficantes y otros crímenes relacionados con la droga.

Más bien, el estado de ánimo entre la mayoría de estadounidenses es que el uso de drogas es moralmente equivocado, que es estúpido y que se deben implementar medidas fuertes para cumplir la ley y suprimir la venta y consumo de drogas en Estados Unidos. Este es un punto de vista particularmente fuerte entre los republicanos, lo cual quiere decir que el asunto apenas se está calentando. Las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia se van a enfriar notablemente más durante los próximos meses.