| 10/1/1995 12:00:00 AM

La crisis del Estado petrolero

Es inminente una devaluación en Venezuela. El problema presupuestal no da espera y Caldera no gobierna.

Desde fines de febrero de 1959 un fantasma rondaba por Venezuela. La implementación del "Gran Viraje", el plan económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), y su "sinceramiento" de las variables económicas encendieron la mecha de una revuelta popular que estremeció a Caracas por tres días y conmocionó al país por seis años.

El "Caracazo" de febrero dejó a las tiendas y abastos del centro y la periferia de la ciudad a merced del saqueo, obligó a la intervención del ejército y causó la muerte de por lo menos 300 personas. Sus efectos mediatos fueron la parálisis fiscal y legislativa, dos intentos de golpe de Estado y la obliga-1 ' da renuncia de t CAP.

Para la opinión general, la revuelta se debió fundamen

talmente a un elemento en particular: el aumento en el precio de la gasolina. El gobierno que sabía que la revuelta se debió en gran parte a una "movida política" que se le escapó de las manos a la oposición, se vio forzado a congelar los precios de los combustibles un año después. Desde entonces nadie los volvió a tocar por miedo al motín.

El 7 de septiembre de 1995, el gobierno del presidente Rafael Caldera subió el precio de la gasolina en 172% en promedio. En Caracas no se movió un alma.



LA GASOLINA MAS BARATA DEL MUNDO



H asta la primera semana de septiembre, la venezolana era la gasolina más barata

del mundo, y a pesar del último aumento lo sigue siendo. Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la compañía más grande de Amé

rica Latina y la quinta en términos de producción de petróleo en el mundo. Su status como proveedor estratégico de los Estados Unidos le permitió subsidiar el consumo de gasolina en Venezuela hasta fines de los ochenta, cuando el declive en los precios internacionales y los movimientos en los capitales internacionales hicieron imposible que siguiera siendo el motor de la economía venezolana. En los últimos años, PDVSA había venido perdiendo US$260 millones por año en el subsidio de la gasolina y había requerido aumentos para cubrir costos.

A US$0.33 (Bs 5.65) por litro, la gasolina venezolana era más barata que el agua potable y no cubría

ni un tercio del costo de explotación y refinación. PDVSA había solicitado un aumento mínimo de 215% para cubrir los costos, colocando la gasolina en valores reales que compensaran por la ausencia de incrementos en cinco años. El gobierno se resistió hasta el último momento, cuando descubrió que las arcas fiscales estaban prácticamente vacías.

El presupuesto de 1995 incurrió, casi desde su aprobación y por falta de financiamiento, en un déficit cercado a 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ocasionó que los desembolsos requeridos sobrepasaran los ingresos creando cuellos de botella en la tesorería nacional: en Caracas no había dinero para imprimir pasaportes y ni siquiera para comprar útiles de escritorio en los ministerios. Ante tal situación la única salida posible era el impuesto gasolinero.

Usando la evaluación de PDVSA como un nivel máximo pero no aceptable, el gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina en 172% de los US$0.033 a US$0.057 (130.73) por litro. Para evitar protestas, el gobierno estableció incrementos escalonados para tres tipos de gasolina: la gasolina "Optima" de 95 octanos subió de Bs5.85 a Bs14 por litro (239%), la gasolina "Superior" de 91 octanos subió de Bs 5.65 a Bs10 (177%), y la gasolina "Popular" de 83 a 87 octanos bajó de Bs 5.25 a Bs5.20 (9.6%). El gobierno dio así la impresión que los "vehículos del pueblo" se beneficiarían con una reducción del precio, que pagarían los ricos, reduciendo las posibilidades de motín. El gobierno señaló además que de esa manera se eliminaba la posibilidad del impacto inflacionario de la medida. El gobierno, sin embargo, se equivocaba.

Al concentrar el aumento en la gasolina de alto octanaje y reducir el precio de aquella de bajo octanaje, vio reducidas sus posibilidades de ingreso. La medida asumía que la demanda de la gasolina cara es inelástica al precio, cuando en realidad es a la inversa: la gente usa más sus automóviles porque la gasolina es barata y no tendría por qué seguir usándolos si el precio se duplica. Por otro lado, el impuesto gasolinero es más efectivo en la base, dada la necesidad inevitable de transporte, que en la cúpula, donde se puede prescindir de la frecuencia de paseos a la playa.

De cualquier modo, el gobierno prefirió ignorar el hecho de que en Venezuela muy pocos vehículos usan gasolina de bajo octanaje. Y si bien es cierto que la gasolina sólo representa 1.5% en la canasta de bienes del índice inflacionario, es cierto también que en Venezuela, hoy en día, la inflación se debe fundamentalmente a expectativas y no únicamente a costos. Al aumentar solamente la gasolina, manteniendo otros precios bajo control, la distorsión de precios relativos se ha agravado, acelerando las expectativas inflacionarias.

Para colmo de males, el aumento sólo beneficiaba al gobierno y no a PDVSA, dado que el nuevo ingreso iría directamente a las arcas del tesoro en forma de impuesto a la gasolina. Bajo este esquema el aumento podría probar su insuficiencia en menos de un trimestre, cuando la inflación acabe con su efecto real.

El gobierno, que intentó dar la impresión de estar elaborando un plan económico, parte del cual era el aumento de la gasolina, reflejaba así, una vez más, lo que es su problema principal: el déficit fiscal.



EL ESQUELETO EN EL CLOSET



En 1989 una de las principales preocupaciones del gobierno de CAP fue la reducción del déficit fiscal, que había sido financiado por un ingreso petrolero que mantuvo la ficción de prosperidad. El colapso de los precios petroleros acabó, sin embargo, con el espejismo, obligando a los venezolanos a enfrentar la realidad. El "sinceramiento" de 1989 ocasionó una devaluación de 93%, inflación del 81%, caída del PIB de 8.6%, pero una reducción del déficit a 2% del PIB. Las revueltas, los intentos de golpe de Estado, la renuncia de CAP y la guerra del Golfo, por sus efectos en el precio del petróleo, ocasionaron, sin embargo, un retorno a políticas expansivas que tendieron a deteriorar la posición fiscal del gobierno. En 1994, el rescate de los ocho bancos que cayeron en manos del gobierno, con el virtual colapso del sistema financiero venezolano, ocasionó un cuasi déficit fiscal del 6% del PIB, que se sumaba al 9.8% del déficit del gobierno central. La financiación del rescate financiero, cuya súbita inyección de capital disparó la inflación y la devaluación del bolívar, empeoró una situación recesiva iniciada en 1993. Ante la situación crítica de la economía nacional, el gobierno escogió una única salida: la imposición de controles de precios y tipo de cambio, que aliviaron tensiones inmediatas pero que postergaron medidas inevitables.

La excesiva devaluación del bolívar y el congelamiento del tipo

de cambio generaron una situación artificial cuando la paridad del bolívar se empezó a deteriorar hacia fines de 1994. La política monetaria restrictiva del Banco Central de Venezuela fue capaz de controlar mayores niveles inflacionarios, pero empezó a generar cuellos de botella en un gobierno que seguía gastando en niveles inerciales, mientras que el ingreso de divisas se congelaba por los controles cambiarlos. El presupuesto de 1995 era obviamente deficitario, con limitaciones en términos de gastos e imposibilidad de financiación real. Circunstancias políticas posibilitaron su aprobación, lo que no garantizaba, evidentemente, su viabilidad.

Cuando el gobierno presentó la Ley de Presupuesto de 1996, el espejismo reveló su falacia. La ley contemplaba un presupuesto que sobrepasaba los ingresos en por lo menos 15%. Del total de gastos, 40% se dedicaban a deuda externa, 25% a deuda doméstica, 25% a gasto del gobierno central y un mínimo inevitable de 10% en gasto social y de infraestructura. A tales niveles el déficit fiscal equivaldría a 11.5% del PIB.

La ausencia de financiación adecuada entrampó la ley en el Congreso, cuya mayoría, centrada en Acción Democrática (AD) y COPEI, objetó el tamaño de la brecha. El punto crítico se originó cuando Carmelo Lauria (AD), el presidente de la Cámara de Diputados, señaló que el Congreso no aprobaría un presupuesto cuya financiación se basaba en paquetes fiscales, cuando lo que se necesitaba era un plan económico.

La urgencia presupuestaria obedece a dos elementos claves: en los próximos doce meses se vencen US$1.500 millones en intereses de los bonos Brady y el presupuesto debe ser aprobado, como fecha límite, el 30 de noviembre. Para financiar el pago de los intereses el gobierno ha propuesto la creación de un bono respaldado por las regalías a futuro del petróleo, y de no ver aprobado el presupuesto en la fecha límite tendría que utilizar, nuevamente, la Ley de Presupuesto de 1995. Lauria ha señalado que el Congreso no aprobaría el bono petrolero, que equivaldría según su posición a hipotecar el "oro negro", y la ausencia de un nuevo presupuesto pondría al gobierno entre la espada y la pared.

actual administración venezolana tiene sólo tres posibilidades de financiación: privatizar, acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) o monetizar. La privatización proveería fondos necesarios en seis u ocho meses, asumiendo que no haya inconveniente alguno en el proceso, cuando las necesidades son de cortísimo plazo. El FMI estaría dispuesto a proveer fondos de emergencia en la forma de nuevos préstamos, si el gobierno firma una carta de intención que lo obligaría a establecer un "shock" económico que encontraría resistencia política entre los miembros de Convergencia Democrática (el partido de gobierno) y los radicales en el Congreso. La monetización, es decir, la financiación a través de emisión inorgánica, proveería de fondos inmediatos pero pondría al país en el camino del despeñadero inflacionario.



¿DEVALUAR O NO DEVALUAR?



De las tres opciones, la segunda, el FMI, es la maís positiva, si no la única en la coyuntura venezolana. Las condiciones, sin embargo, podrían ser difíciles de implementar. Los requerimientos del fondo pasan por el aumento del precio de la gasolina, una devaluación en términos reales, la corrección de precios relativos y el recorte del gasto público. A pesar de lo parcial del aumento gasolinero y (le sus efectos distorsionadores, la primera condición ha sitio cumplida y el fondo ha visto la medida con cierta complacencia. La devaluación pareciera ser, sin embargo, un obstáculo mayor.

Desde que se congeló el dólar a Bs170, la inflación acumulada ha alcanzado un 86.3%, generando una sobrevaluación implícita de 34% en niveles de paridad real. Asumiendo la inflación acumulada de Venezuela en los últimos 15 meses y la inflación acumulada de sus socios comerciales más

importantes (Colombia, Estados Unidos, Brasil y Alemania), el dólar debería estar a Bs227.78. Las expectativas inflacionarias lo colocan sin embargo a Bs250 por US$1, que es el nivel en el que se transan Bradies en la Bolsa de Caracas. Asumiendo una devaluación en niveles de inflación local, es decir, en términos nominales, la paridad podría sobrepasar los Bs300 por US$1. La situación del tipo de cambio se ha visto agravada aún más por la continua caída de las reservas internacionales, que se encontraban en US$9.400 millones a fines de septiembre, por debajo del mínimo establecido de US$10.000 millones y en el nivel previo a la crisis de junio de 1994. En otras palabras: el control de cambios no ha podido controlar la salida de divisas.

Por un lado los venezolanos han s bido descubrir los agujeros en el control para obtener dólares subsidia- ' dos por el gobierno, y éste ha tratado de utilizar la divisa a precio artificial para con- , ' trolar la inflación dependiente w del costo de bienes importados. La relación reservas-emisión monetaria se ha visto deteriorada aún más con el reciclaje de la deuda interna, que el gobierno ha buscado financiar emitiendo instrumentos cada vez más líquidos.

En el gobierno existe una pugna interna entre quienes se resisten a devaluar, encabezados por el Ministerio de Finanzas, que ha propuesto priorizar desembolsos para importaciones, y el Banco Central de Venezuela, que ha solicitado una devaluación cercana a los Bs160 por dólar, tratando de resistir así la tentación de monetizar el déficit. Lo cierto es que la devaluación es inminente, dadas las necesidades de caja del gobierno central y los límites impuestos por la necesidad de aprobar el presupuesto.



EL FIN DEL ESTADO PETROLERO



La resistencia a políticas de ajuste ortodoxo en Venezuela han bus

cado como mejor argumento el rechazo popular al "viraje" de CAP, rechazo que valió a Convergencia Democrática y su plataforma populista el triunfo electoral de 1993. Las últimas encuestas políticas venezolanas tienden a indicar, sin embargo, que la opinión pública ha empezado a cambiar su opinión con respecto al gobierno anterior y que ha empezado a rechazar al actual. En una encuesta hecha hacia fines de julio, la popularidad del presidente Caldera se encontraba en 26%, comparada con 80% en febrero de 1994. La razón fundamental: los venezolanos encuestados se sentían engañados por un gobierno que les aseguraba controles, pero que no era capaz de implementarlos.

Tal cambio de actitudes debería ayudar en reformas que la crisis demanda. El problema reside en

que las decisiones en Venezuela sólo se toman en Miraflores, la casa de gobierno. Legislación reciente confiere al presidente poder absoluto en materia económica, reduciendo el papel de los ministros al rol mínimo de ejecutores de la decisión presidencial. Todo parece indicar, sin embargo, que el presidente ha delegado las decisiones diarias del gobierno en sus colaboradores cercanos, dejando la política del Estado en manos de ministros que se comportan como señores feudales en busca del poder presidencial en las elecciones de 1999.

En este contexto es difícil vislumbrar una política económica coherente, más aún cuando el interés del gobiemo se centra en las elecciones de gobemadores en diciembre, que mostrarán con claridad el equilibrio de fuerzas políticas en el país. La mayoría de analistas venezolanos tienden a coincidir en que Acción Democrática, el partido de CAP, obtendrá la mayoría de los estados.

Sumido en el caos financiero, la estanflación y el desgobierno, el Estado venezolano está demostrando una lección que otras naciones latinoamericanas han hecho evidente en el pasado. Luego de la caída del Muro de Berlín y la globalización de los capitales, las barreras excesivamente proteccionistas son prácticamente inútiles e insostenibles. El caso venezolano no sólo confirma tal realidad sino que, como ha sido el caso del "efecto tequila", resalta que el tiempo de las crisis tiende a ser cada vez más corto y radical.

Para Venezuela esta última crisis representa además el fin del Estado petrolero, aquel de la bonanza artificial que hizo creer a venezolanos y latinoamericanos por igual que la nación más tropical de América Latina podría depender únicamente del ingreso que generosamente le proveyó su más prolífico recurso natural.
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