Intranquilidad y tensión en la frontera con Venezuela

Calor, zozobra y smog. Esa es la situación en la frontera, cada vez más militarizada y que vuelve a sufrir las consecuencias del impasse diplomático entre Caracas y Bogotá. Las medidas tomadas por las autoridades venezolanas que operan en el límite entre Táchira y Norte de Santander han convertido el bullicio habitual de esta frontera en una atmosfera tensa y espesa.

Se endurecen los controles
“Operación tortuga” es la denominación que le han dado a los nuevos controles que están aplicando en la franja fronteriza entre Venezuela y Colombia. Y aunque el vicepresidente venezolano Ramón Carrizales anunció que las fronteras no se cerrarían, basta con haber estado en San Antonio del Táchira el fin de semana pasado para notar que este paso fronterizo ha dejado de tener la movilidad que lo caracteriza.
Sacar el combustible a los vehículos que se disponen a cruzar el puente Internacional Simón Bolívar para ir a Colombia, ha sido una de las medidas que la Guardia Nacional Venezolana ha tomado después de que el presidente Chávez congelara las relaciones con el país neogranadino. Este hecho no tendría la misma importancia sin la dependencia que tienen los habitantes del Norte de Santander del combustible venezolano, y si la diferencia en el precio de la gasolina entre dos ciudades unidas por un puente no fuera tan radical. Mientras que en Cúcuta (Colombia) el combustible puede tener varios aumentos de precio cada año; en Venezuela, y por ende en sus ciudades fronterizas, la gasolina tiene altos subsidios, y desde hace más de nueve años su precio no ha cambiado.

Norte de Santander sin combustible
En este contexto, para los nortesantandereanos poner gasolina del lado de venezolano de la frontera es casi imposible durante los últimos días; y los vendedores informales de gasolina del lado colombiano han aumentado sus precios ante la imposibilidad de llevar combustible - de manera ilegal - para Colombia. Antes del nuevo roce entre los países vecinos, 20 litros de gasolina eran vendidos por los llamados “pimpineros” en $25.000, ahora los mismos 20 litros son vendidos en $50.000.

Por otra parte, las estaciones de servicio del Sistema de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible (SAFEC) permanecen cerradas desde el pasado miércoles, lo cual ha acentuado aún más la escasez de combustible en territorio colombiano. Estas estaciones ubicadas en las ciudades fronterizas de San Antonio y Ureña, abastecen a los vehículos de placas colombianas y también a muchos de matrícula venezolana pertenecientes a personas que viven en el departamento de Norte de Santander y que en una situación normal cruzan la frontera sólo para poner combustible.

Esta situación ha ocasionado una notable disminución en la circulación de vehículos entre Táchira y Norte de Santander. José Rozo, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado Táchira, dice que “en una situación de normalidad transitan diariamente cerca de 14.000 vehículos en ambas direcciones, actualmente, con las restricciones y controles se calcula que están transitando sólo 200 vehiculos cada día”.

Otro tipo de controles son aplicados a los transeuntes. Así todas las personas que deciden cruzar el puente internacional caminando son sometidas a requisas por parte de la Guardia Nacional si llevan hacia Colombia paquetes o bolsas con artículos de primera necesidad de origen venezolano. Es lo que le ocurrió a Nelly Castañeda, una ciudadana colombiana que trabaja en San Antonio (Venezuela) y vive en Cúcuta (Colombia): “Apenas llevaba un kilo de carne y un litro de aceite y los guardias quisieron quitármelo, por eso decidí regresar a la panadería donde trabajo y dejarlos ahí para luego ir a mi casa que queda en Cúcuta”.

Otras consecuencias del impasse
Un bolívar a 28 centavos de peso es otra de las consecuencias más inmediatas de la tensión que se vive en la frontera de Venezuela con Colombia. “Ya tenemos las primeras bajas de este nuevo impasse entre Venezuela y Colombia: un bolívar devaluado que se traduce en pobreza y miseria” indicó José Rozo, Presidente de Fedecamaras en el Estado Táchira.

Según Rozo “Cerca de 20.000 ciudadanos de origen colombiano trabajan en el estado Táchira y tienen familiares en el Norte de Santander, e incluso muchas de estas personas viven en este departamento fronterizo aunque trabajen en Venezuela”. Estos trabajadores que ganan bolívares y a veces tienen que cambiar sus salarios a moneda colombiana, con la nueva devaluación del bolívar se han hecho más pobres.
Cifras antes de la crisis

Por la aduana principal de San Antonio, ciudad fronteriza colindante con Cúcuta, se moviliza cerca del 70 % del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, esto representa el paso de 40.000 toneladas de mercancía mensual; lo que a su vez podría traducirse en que por esta frontera pasan casi 60.000 kilos de mercancía cada hora en una situación normal.

Según la información señalada por el Presidente de Fedecámaras- Táchira, de este movimiento de mercancías depende el funcionamiento de 240 empresas de servicios y 5.000 empleos directos sólo en el estado Táchira. Entre las empresas de servicios más emblemáticas de esta dinámica comercial están las agencias de aduana, las compañás prestadoras de transporte de carga pesada, y grandes almacenadoras de mercancías. Sólo el transporte de carga genera 2.000 empleos del lado venezolano de la frontera. Además, fuera del espacio fronterizo, esta movilización comercial genera 300.000 empleos repartidos entre Venezuela y Colombia. Es el caso de los trabajadores de las empresas de textiles que funcionan al interior de Colombia, y quienes trabajan en productos cuyo destinatarios finales son en su mayoría venezolanos.

Azúcar binacional
El Central Azucarero del Táchira, CAZTA, es una empresa emblemática de la frontera colombo-venezolana. José Rozo dice que “es el único central azucarero del mundo que muele la caña de azúcar de dos países: 80.000 toneladas que se cultivan en el Norte de Santander, y 120.000 del Estado Táchira” y cuyo producto final es el azúcar que consumen todos los tachirenses. Además, según el representante empresarial, “esta empresa es un símbolo del desarrollo binacional pues genera empleos dignos a ciudadanos colombianos y venezolanos sin distinción”. CAZTA es una empresa cuyos principales accionistas son colombianos, por esta razón, si las amenazas del mandatario venezolano se cumplen es un blanco de posible expropiación. Ante esto, hay 2.500 trabajadores angustiados y temerosos de lo que pueda pasar esta nueva crisis continúa.