La destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo ha generado una fuerte controversia en América Latina. Unos consideran que es un paso democrático, pues se utilizaron mecanismos constitucionales para despojarlo de su cargo. Otros creen que es un retroceso político en el continente, ya que se habrían usado los instrumentos legales con el fin de dar un golpe de Estado encubierto.
Detrás de la controversia se esconde una polarización política, básicamente entre las élites, que buscan preservar sus privilegios, y los sectores en mayor o menor medidas marginados, que pretenden conseguir más poder y tener acceso a más bienes y recursos.
Después de la fase de las dictaduras militares, entre las décadas de los años '60 hasta los '80 del siglo pasado, América Latina entró en una fase de democratización.
Las fuerzas armadas pasaron a un segundo plano, una vez que mostraron tanta eficacia para acabar con grupos insurgentes y sus aliados, como poca eficacia para gestionar la política y la economía de sus países.
Diversos factores contribuyeron para que el papel de las fuerzas armadas perdiera peso. Entre otros, la liberalización de la economía internacional, la integración del continente en la globalización, el fin de la Guerra Fría y el decreciente interés de Estados Unidos de controlar a sus vecinos del Sur.
En la mayor parte de los países de la región se fortalecieron los mecanismos democráticos y de representación.
Neoliberalismo y desigualdad
Paralelamente a este proceso de desmilitarización de la política y democratización de las sociedades, el modelo económico neoliberal dominante ha agudizado los desequilibrios sociales. América Latina tiene el mayor grado de desigualdad del mundo aunque ha hecho grandes avances en al reducción de la pobreza.
Paradójicamente, el continente ha mantenido un crecimiento sostenido y ha podido enfrentar la crisis financiera internacional con éxito.
Según un informe de la CEPAL y la OCDE, esta buena situación le permitiría poner en marcha políticas
públicas para proveer servicios sociales y reducir la pobreza. Esto supondría, entre otras medidas, contar con reformas y políticas fiscales más eficaces con una orientación distributiva, reducir la desigualdad, aumentar el gasto y eficacia en la educación pública.
El modelo neoliberal produjo un empobrecimiento de ciertos sectores medios, y el agravamiento de la desigualdad, dos hechos que han favorecido el auge de líderes y gobernantes populistas, con un discursos críticos de Estados Unidos (aunque Washington ha reducido notablemente su influencia en la región) y de las élites locales.
La radicalidad de sus discursos no se ve necesariamente acompañada por una eficacia en la gestión y distribución de riqueza, pero provocan un efecto de rechazo en las clases altas, empresarios y terratenientes.
El gobierno de Lugo, con una identidad reivindicativa y antielitista, puso en marcha reformas fiscales y educativas, que encontraron fuertes resistencias en los sectores empresariales y la Iglesia católica.
Asimismo, intentó una reforma agraria moderada pero fuertemente resistida. El violento y poco claro enfrentamiento por tierras de una tradicional familia de terratenientes, que provocó el 15 de junio la muerte de seis oficiales y 15 campesinos, se enmarca en esta tensión.
Tres décadas atrás, un Presidente moderadamente reformista como Lugo hubiese sido destituido por las fuerzas armadas en alianzas con la embajada de Estados Unidos. Hoy las cosas han cambiado mucho.
Desde Washington hay una mayor aceptación de los procesos y gobernantes reformistas. Por otro lado, las fuerzas armadas no son vistas, ni ellas mismas creen, que pueden ofrecer solución a problemas complejos.
"Golpe constitucional"
El instrumento que se ha utilizado en el caso paraguayo es desenterrar una serie de medidas constitucionales, hacer un juicio constitucional sumario, y defenestrar al presidente en pocos días.
Para Juan Gabriel Tokatlián, profesor en la Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires), el caso paraguayo sigue la línea de los "golpes constitucionales" que se habría iniciado en Ecuador en el año 2000 con la destitución de Jamil Mahuad, y que continuó hasta el intento de golpe contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa en 2010.
Cada caso, exitoso o fallido, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, tiene fuertes diferencias, pero para Tokatlian indican una tendencia a utilizar la Constitución para deshacerse de presidentes molestos.
El caso de Lugo es particularmente expresivo del enfrentamiento entre élites y sectores populares en un país donde perduran estructuras de poder arcaicas.
El procedimiento más lógico sería haber iniciado una investigación independiente sobre los enfrentamientos y matanza del 15 de junio.
En cambio, un rápido golpe de mano ha dejado a Paraguay sin un presidente que, con limitaciones e imperfecciones, estaba impulsando una serie de necesarias reformas.
Sea una tendencia o un caso único, se trata de un retroceso para la democracia en la región.