Como parte de la llamada "transición hacia el socialismo", el presidente Hugo Chávez decretó en mayo la expropiación de 76 empresas que prestaban servicios de transporte y mantenimiento a la estatal PDVSA en el Lago Maracaibo, una de las zonas con mayor tradición petrolera en el occidente del país. Pero, las promesas de prosperidad social y justicia obrera que esgrimió el mandatario cuando tomó las operaciones parecen lejos de materializarse y a las puertas de los que eran unos bulliciosos muelles industriales en Ciudad Ojeda, ahora sólo se observan pequeños grupos de obreros buscando trabajo.

Bajo un sol avasallante, Demóstenes Velásquez lleva meses viviendo en una tienda improvisada con restos de propaganda electoral de los comicios sindicales petroleros, a la espera del empleo que le prometió la "revolución" tras expropiar la compañía para la que laboraba como tercerizado. "Exigimos nuestros puestos de empleo. De no ser satisfactoria la respuesta, aquí seguiremos", dijo el joven, a quien su numerosa familia acompaña en la protesta. Como Velásquez, muchos trabajadores de la Costa Oriental del Lago han realizado manifestaciones y huelgas de hambre exigiendo su incorporación a PDVSA, cuya nómina ya supera los 90.000 empleados tras absorber a unos 8.500 obreros de las contratistas nacionalizadas.

Las protestas se intensificaron a tal punto que el Gobierno tuvo que militarizar la zona en agosto para controlar a los trabajadores descontentos, muchos de los cuales llegaron a coserse los labios y encadenarse de pies y manos para llamar la atención del mandatario.

Seducción estatal

Paradójicamente, los afectados no culpan a Chávez. "Hace cinco meses, nuestro presidente Hugo Chávez dio una gloriosa noticia que beneficia al pueblo, pero algunos gerentes (de PDVSA) han tomado la medida de contradecirlo", aseguró Velásquez, declarado chavista y vestido con el característico rojo que ha popularizado el mandatario entre sus seguidores.

Sin embargo, las masivas estatizaciones que emprendió desde el 2007 han multiplicado la presión laboral sobre el Gobierno, al que la drástica caída de los ingresos petroleros por la crisis global le ha dejado sin margen de maniobra para cumplir las promesas que hizo para seducir a los trabajadores. "Si tomamos el control de estas empresas para que siga la explotación de los trabajadores no tendría ningún sentido nacionalizarlas", declaró en julio el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, augurando un brillante futuro para los obreros.

La situación se repite en las siderúrgicas y eléctricas nacionalizadas, así como en otros sectores públicos como la salud y la educación, que exigen al mandatario demostrar su repetida consigna de ser un Gobierno "obrerista". Analistas advierten que la popularidad de Chávez, todavía superior al 50 por ciento, podría verse resentida por este descontento laboral en medio de una caída de los ingresos reales de las familias, que enfrentan una inflación de dos dígitos y una merma en los subsidios estatales.

Daños colaterales
PDVSA ha asegurado que en los próximos meses valorará y compensará por los activos ocupados, pese a que la estatal todavía acumula deudas con sus proveedores por unos 4.500 millones de dólares que debe cancelar este ejercicio.

"Con todas las empresas dispuestas a negociar en términos de justicia y equilibrio económico vamos a llegar a acuerdos (...) Aquí no se le pone una pistola a nadie", dijo Eulogio del Pino, vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, en una exhibición petrolera en Maracaibo, capital del Zulia. Anunció, además, que otras compañías serán expropiadas.

Expertos aseguran que la producción de Occidente, con capacidad de hasta 1 millón de barriles por día (bpd) y que requiere de un gran esfuerzo para mantenerse por su declinación natural, ha acelerado su caída tras las nacionalizaciones. Además, fuentes relacionadas con las empresas expropiadas afirman que el transporte lacustre se ha visto seriamente afectado en calidad y cantidad, situación confirmada a Reuters por funcionarios regionales del Ministerio de Energía.

"Lo triste es que después de la expropiación PDVSA recurrirá a algunas de estas empresas, las más grandes, para que le presten servicios lacustres en calidad de outsourcing", dijo un dirigente gremial que pidió no ser identificado.

No obstante, PDVSA dice que extrae en la zona más de 700.000 bpd y 220.000 bpd adicionales que estarían bombeando empresas mixtas conformadas con privadas. Pero no sólo sufre la industria petrolera. El tráfico de transeúntes y vendedores en la zona ha decaído visiblemente por la menor actividad económica en las empobrecidas poblaciones de Tía Julia, Lagunillas y Bachaquero.

Según la Asociación de Comerciantes e Industriales de Lagunillas (ACIL), la actividad comercial en el área se ha contraído entre un 30 y un 70 por ciento, dependiendo de la vinculación de los negocios con las operaciones lacustres.

"La expropiación ha incidido en tres niveles, al afectar a las contratistas, a sus proveedores directos e indirectos y a los comerciantes de la zona", dijo Lucas Martínez, presidente de ACIL, quien calcula que casi 6.000 pequeñas y medianas empresas han sido afectadas. Las autoridades piden paciencia, mientras Velásquez y su familia se guarecen del sofoco y la humedad en su maltrecho refugio a las puertas del embarcadero Papagayo.

A pocos metros de allí, unas enormes vallas con la foto de Chávez rezan: "orgullosos del rescate de nuestros muelles".

Reuters