Esculcan la casa a Christine Lagarde

La policía francesa registró el domicilio en París de la directora del FMI, Christine Lagarde, en el marco de una investigación sobre el arbitraje, cuando ella era ministra de Finanzas, de un contencioso entre el banco francés Crédit Lyonnais y el empresario y exministro Bernard Tapie.

El litigio concernía a la venta de la firma Adidas y permitió a Tapie cobrar 400 millones de euros. Cuando se realizó el arbitraje, Lagarde era la ministra de Finanzas del gobierno del expresidente francés Nicolas Sarkozy.

A petición de los jueces de la Corte de Justicia de la República, única instancia habilitada en Francia para juzgar a ministros por actos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, la policía procedió a un allanamiento del domicilio de Lagarde en el distrito XVI de París. "La señora Lagarde no tiene nada que ocultar", declaró a AFP su abogado, Yves Repiquet, sin precisar si los policías procedieron a incautaciones. El abogado se declaró satisfecho de "todo lo que permita que se manifieste la verdad y exonerar" a su defendida y precisó que Lagarde no ha sido interrogada todavía.

Ministra de Economía de 2007 a 2011, cuando fue nombrada al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde optó por recurrir a un arbitraje para poner fin al contencioso que oponía el Crédit lyonnais a Bernard Tapie respecto a la compra de Adidas.

El tribunal arbitral, jurisdicción privada, condenó en julio de 2008 al Consorcio de Realización (CDR), ente público que administraba el pasivo del Crédit lyonnais, a pagar a Bernard Tapie 285 millones de euros de indemnizaciones (400 millones con los intereses).

La justicia francesa abrió una investigación que incluye dos fases. La fase ministerial fue abierta en agosto de 2011 por la CJR por "complicidad de falsificación y malversación de fondos públicos". Considerando "contestable" el recurso al arbitraje, la CJR estima que Lagarde se implicó "personalmente" en un proceso que muestra "numerosas anomalías e irregularidades".

El tribunal sospecha que Lagarde "concurrió personalmente a los hechos", en particular al dar instrucciones de votación a los representantes del Estado en el consejo de administración del ente público a cargo del asunto. Lagarde ha justificado siempre el recurso al arbitraje alegando que había que poner fin a un procedimiento judicial que consideraba largo y costoso.

Interrogada por los diputados en 2008, afirmó que tomó ella misma esa decisión, así como la de no presentar recurso después del arbitraje. Explicó que fue una decisión personal tomada sin haber recibido órdenes del entonces presidente.

A finales del pasado mes de enero, la directora del FMI reiteró que consideraba que esa opción era "la mejor solución en la época".

En 2011, el fiscal general del Tribunal de Casación recurrió a la CJR, dada la condición de ministra de Lagarde en la época de los hechos.

El fiscal le reprochaba el haber recurrido a un arbitraje privado cuando se trataba de dinero público, de estar al tanto de la parcialidad de algunos de los jueces arbitrales, de haber hecho modificar el protocolo inicial para integrar en él la noción de prejuicio moral (lo que permitió a Tapie recibir 45 millones), y de no haber ejercido un recurso contra el arbitraje controvertido, cuando varios especialistas la exhortaron a ello.

En la fase no ministerial, una información judicial fue abierta en septiembre de 2012 por "uso abusivo de poderes sociales y ocultación de ese delito" en perjuicio del CDR, procedimiento que concierne dos altos funcionarios de las entidades públicas implicadas en el caso.


Afp/D.com