| 11/1/1994 12:00:00 AM

Entre Prometen y Frankestein

"Have you ever consider the consequences of your actions?" Frankenstein

La espera nominal fue de tres semanas, aunque la real duró siete meses. El venezolano "Plan Corrales", o "Plan Caldera" como les dio por llamarlo en los días previos a su anuncio, vio la luz el 12 de septiembre y ya se anuncia su fracaso. El plan había sido precedido por otros tres: el "Plan Sosa", el "Plan Baptista" y el "Plan Roosen". Entre ellos existían dos elementos comunes: su corta vida y su mínimo efecto sobre la crisis económica venezolana.

El "Plan Sosa", anunciado el 8 de marzo ante el Congreso por el ministro de Economía, julio Sosa, buscaba atacar la crisis en cinco frentes: la modernización de la economía, la reforma del sistema tributario, un plan de estabilización a corto plazo, el fortalecimiento del estado y un proceso de apertura a través de acuerdos de libre comercio. El plan satisfizo a pocos y llamó la atención de muchos. Si bien pretendía, tímidamente, plantear las bases para una economía abierta, incluía entre sus propuestas un control de precios "voluntario", la reducción de las tasas de interés y la "estabilización" del tipo de cambio, así como un impuesto de 0.75% a toda transacción bancaria en cuenta corriente.

El "Plan Baptista", anunciado el 28 de abril por el entonces ministro para la Reforma Económica, Asdrúbal Baptista, incidía en los objetivos generales del gobierno con una suerte de redundancia a lo anunciado por Sosa. Proponía un ajuste fiscal y austeridad en el gasto público, la solución a la crisis del sector financiero, harmonización entre el área monetaria y cambiaria, aceleración de las privatizaciones, modificaciones relativas en el sector petrolero y la necesidad de replantear las relaciones entre el Estado y el sector privado, promoviendo la inversión privada nacional e internacional. Como el de Sosa, el plan de Baptista aludía a un "compromiso de solidaridad" entre el Estado, los empresarios y los trabajadores para "concertar" precios, tasas de interés, tipo de cambio y aumento de salarios.

El "Plan Roosen", sugerido a fines de abril por Gustavo Roosen, comisionado especial para la Reforma Financiera, buscaba solucionar lo que se ha venido convirtiendo en la crisis bancaria más grave de este siglo en América Latina. Junto a la Superintendencia Bancaria y el Banco Central de Venezuela, el ex interventor del Banco Latino había participado en la recomendación de aportes por US$5.500 millones en auxilios financieros para salvar al que había sido el segundo banco más grande del país y otros siete en estado de crisis. Esto no evitó que los bancos quebraran. El auxilio se convertiría luego en la mayor fuente del déficit fiscal venezolano (12,5% del PIB), y la causa primera de la corrida al dólar cuando US$2.750 millones de los US$5.500 millones terminaron saliendo del país. El plan de abril proponía, de cualquier modo, reducir las tasas activas de interés por decreto sin reducir las pasivas, eliminar los Bonos Cero Cupón, cuya demanda impedía reducir las tasas de interés, y la recuperación de los bancos quebrados con el aporte de los bancos sanos, a través de papeles del gobierno en la forma de Letras del Tesoro.

A pesar de sus esfuerzos ninguno de los planes dio los resultados previstos. El "Plan Sosa" no sentó las bases para una normalización de las variables macroeconómicas. El "Plan Baptista", asumido como una declaración de buenas intenciones, nunca fue tomado, realmente, en serio. El "Plan Roosen", que precipitó la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela, Ruth de Krivoy, fue tildado de descabellado, razón por la cual, aparentemente, nunca fue anunciado oficialmente.

La renuncia de Krivoy, interpretada como señal de una máxima devaluación por venir, desató una corrida al dólar que terminó en una devaluación del bolívar de 80% en un lapso de semanas. El inminente pánico se sintió reafirmado cuando el gobierno anunció que no continuaría auxiliando a los bancos en problemas, lo que afectaba a un millón y medio de depositantes que veían desvanecerse sus US$1.600 millones. Ambas cosas pusieron en peligro a otros seis bancos antes de que el gobierno decidiera, el 27 de junio, el congelamiento del tipo de cambio en Bs170, o sea una devaluación de 60% respecto a la tasa de Bs106.2 con que empezó 1994. Se impusieron también controles de precios sobre cien productos y servicios. Dos días después, el 29 de junio, el gobierno decidió la "nacionalización operativa" del sistema financiero, poniéndolo bajo la supervisión de una Junta de Emergencia Financiera: de los 36 bancos venezolanos solamente cuatro satisfacían estándares internacionales. Ante el colapso bancario, rumores desestabilizadores y la especulación generalizada, el presidente Caldera optó por la ruta intervencionista.

Desde esa fecha, cuando el gobierno se dió cuenta de que sus anteriores esfuerzos habían fallado para establecer bases sólidas de confianza, después que Baptista y Roosen renunciaran y que Sosa perdiera autoridad en materia económica, se empezaron a generar las condiciones para un nuevo plan en cuya elaboración entraron en pugna sectores radicales, conservadores y liberales del gobierno, el Congreso, los empresarios, banqueros e, incluso, la Iglesia.

La crisis y sus consecuencias generaron una división clara en el gobierno. El presidente Caldera, aparentemente indeciso entre políticas de libre mercado y su propia tendencia hacia el intervencionismo populista, había decidido finalmente optar por los sectores radicales cuyos vínculos con el Congreso se acercaban más a los "cabezas calientes" de Causa R que a los liberales del Copei o AD. El gobierno se dividía desde junio entre los "Ayatollas", los fundamentalistas del intervencionismo económico atrincherados en la Junta Cambiaria; los sectores del intervencionismo moderado y temporal, centrados alrededor de Sosa en el Ministerio de Economía; y aquellos racionales que habían encontrado a un nuevo líder en la cabeza de Werner Corrales, el nuevo ministro de Cordiplan.

Corrales, quien sucedió el 18 de julio en la cartera encargada de la planificación económica a Enzo del Búfalo, uno de los "jóvenes turcos" de Caldera quien duró en ella tres meses, y a Luis Carlos Palacios, quien estuvo en la misma un mes, se propuso como meta el actuar como mediador entre los radicales, moderados y ciertos sectores empresariales, para elaborar un plan que representara una salida viable a la crisis.

El "Plan Corrales", que había propuesto inicialmente una nueva devaluación del bolívar antes de levantar el control de cambios, un aumento de 100% en el precio de la gasolina, y que preveía una aguda crisis de corto plazo como única medida de mejorar el mediano y largo plazos, encontró resistencias entre Ayatollas y conservadores, que postergaron su anuncio por tres semanas. Durante esas tres semanas, el plan fue regateado, negociado y modificado para convertirse en el "Plan Caldera".

El nuevo plan, titulado "De la Venezuela Rentista a la Venezuela Productiva - Programa de Estabilización y Recuperación Económica", fue anunciado por el ministro Sosa como la panacea para reducir el déficit fiscal, la inflación y recuperar el crecimiento. Sosa, quien subrayó los objetivos del gobierno para 1995 obviando las expectativas para 1994, dijo que la inflación llegaría a 65% en 1994 y que caería a 30% en 1995, mientras que el PIB crecería 2% en 1995. El ministro no mencionó, sin embargo, la caída de la producción en 1994 que estará entre el 5% y 7%. Sosa dijo que el déficit fiscal del gobierno se reduciría a 2.5% del PIB en 1994 para llegar a cero en 1995 y que el déficit casi fiscal, producto del auxilio bancario, alcanzaría el 12.5% del PIB. No mencionó, sin embargo, que hasta ese momento el gobierno ya había pedido tres créditos extraordinarios que sumaban alrededor de US$2.660 millones (34% del presupuesto de 1994 o 4% del PIB). Para solucionar tales desequilibrios, dijo el ministro, el gobierno aceleraría el proceso de privatización y continuaría con la reestructuración de las finanzas públicas a través de impuestos y la emisión de bonos por parte del Estado. El plan no incluyó el aumento en la gasolina, pero sí la fusión de ministerios para crear los de Industria y Comercio y de Infraestructura y Ordenación del Territorio, la creación de un nuevo ministerio -de Desarrollo Social-, una Superintendencia Nacional de Finanzas Públicas y dos agencias especiales -una para la gestión y el control de las finanzas públicas y otra para la administración tributaria-.

Ante la grave crisis lo que ofrecía el gobierno era un plan heterodoxo de naturaleza gradualista y capitalismo concertado. En otras palabras, la necesidad de estabilizar la economía, con medidas lastimosamente duras pero inevitablemente necesarias, fue postergada para respetar compromisos con sectores políticos que convirtieron al plan, y sus iniciativas pragmáticas, en una suerte de Frankenstein. El plan parecía un plan sin llegar necesariamente a serlo, de la misma manera que Frankenstein parecía un ser humano sin llegar necesariamente a serlo.

Como en la novela de Mary W. Shelley, el "Plan Corrales-Caldera", como Frankenstein, partió de una serie de buenas intenciones pero se distorsionó por sus orígenes y composición: en el caso de Frankenstein el robo de cadáveres y su unión forzada, en el caso del plan venezolano la negociación política a costa de la eficiencia y los aportes de visiones totalmente disímiles sobre el rumbo económico. Y así como Frankenstein, quien a pesar de su inherente distorsión mostró signos iniciales positivos, el plan fue recibido con frágil optimismo. Serán sus defectos, como fueron los del origen de la criatura literaria, los

que lo convertirán luego en fracaso que, como el monstruo, terminará acabando, de alguna forma, con sus creadores.

De hecho, como el propio Dr. Frankenstein, los creadores del plan económico han preferido ignorar las consecuencias inmediatas de su creación para establecer criterios ideales. El plan,. en toda su inevitablemente positiva visión de un futuro mejor para Venezuela, ha preferido soslayar los efectos negativos de la crisis para sentar metas de largo plazo que en nada ayudan a solucionar los problemas actuales. Por primera vez en su historia, Venezuela habrá de enfrentar dos años consecutivos de inflación con recesión en un proceso stagflacionario que está golpeando seriamente a las empresas y a los consumidores venezolanos. Las empresas venezolanas, acostumbradas a lidiar con dólares subsidiados por el ingreso petrolero, han adquirido en años recientes importantes niveles de deuda en moneda extranjera que ahora tienen que pagar a niveles más realistas. Para colmo, el control de cambios ha generado innumerables problemas a industrias que dependen casi en su totalidad de materias primas y equipos importados.

Por otro lado, la falta de corrección de precios relativos - el control de precios obliga a mantenerlos, junto a las tarifas, por debajo de la inflación- y la postergación del aumento en el precio de la gasolina -a US$0.03 dólares por litro es más barata que el agua potable-,junto al aumento del gasto social sin recortar la dimensión del aparato público, no necesariamente van a reducir el déficit sino que podrían aumentarlo. El gradualismo económico terminaría así por alimentar la inflación. Y si, como mencionó el ministro Sosa, los controles no se eliminan hasta que aumente el nivel de inversión, al no darse ésta, por obvias razones, los controles sobre precios, para evitar protestas, y el control de cambios para evitar fuga de capitales, se mantendrán hasta el punto crítico de inflexión que aún es difícil de predecir. Ya los venezolanos no consiguen desayuno: pan, huevos, leche y mantequilla, todos con control de precios.

La mayor bendición venezolana, el petróleo, es a su vez su mayor maldición: si el gobierno decide corregir las causas de la crisis en el corto plazo el ingreso petrolero puede generar una rápida recuperación, pero si el gobierno decide continuar con el intervencionismo la crisis puede ser subsidiada ad eternum.

Bajo estas condiciones, la respuesta de los inversionistas extranjeros a la potencial privatización podría no ser tan positiva como para atraer los US$3.000 millones que el . gobierno espera y ni siquiera para generar la demanda necesaria por los bonos con los que se pretende cubrir el casi - déficit fiscal. Para resolver tales problemas, el gobierno está generando nuevas burocracias que requerirán mayor gasto para cortar el gasto.

El caso venezolano es hoy una mezcla de rompecabezas y acertijo: es el primer caso en Latinoamérica de una economía cerrada que se abrió para volverse a cerrar, y que está generando una serie de cuellos de botella desconocidos en el proceso de modernización, apertura e internacionalización.

Los planes Austral de Argentina, Inti de Perú, Cruzado de Brasil y ahora el "Corrales Caldera" terminan en fracaso, hiperinflación y la derrota política de sus creadores. Sus intentos convirtieron la promesa de Prometeos, el titán griego que robó el fuego del Olimpo para socorrer y salvar a la humanidad, en doctores Frankenstein que en sus esfuerzos por manipular la vida de otros, terminan por acabar con ella y la propia.
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